El relevo de Pumpido y otros tres magistrados del Constitucional encalla en el Senado

El pasado 17 de diciembre expiró el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Para empezar, el del presidente, Cándido Conde-Pumpido. Pero también los de Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías. Tal y como refleja el artículo 159.1 de la Carta Magna, el Senado debe designar a los nuevos magistrados, que les sucederán por un periodo de nueve años.

Un deber, explica la Cámara Alta, que se verá postergado seis meses por la sucesiva convocatoria de comicios autonómicos, entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026. Y es que antes de que el Senado nombre a estos cuatro magistrados, cada Parlamento autonómico, según recoge el precepto 184.7 del Reglamento de la Cámara Alta, debe proponer hasta dos candidatos. Posteriormente, será el propio Senado el que seleccione a cuatro de esos hasta 38 nombres proporcionados por las 19 asambleas.

En este contexto, las Cortes de Castilla y León transmitieron a la Cámara Alta que no se constituirán hasta el 14 de abril debido a los comicios regionales y pidieron una prórroga para formalizar los nombres de sus candidatos. En consecuencia, según reflejan los acuerdos adoptados por la Mesa del Senado el pasado 16 de febrero, esta amplió el plazo límite hasta el 15 de junio, previamente fijado el 4 de mayo.

Esta decisión fue tomada por una mayoría simple de la Mesa, donde el PP cuenta con cuatro miembros y el PSOE con tres. Un movimiento político que ha sido criticado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien estima que los populares utilizan una “excusa bastante pobre” al alegar que aún no se han constituido todos los parlamentos autonómicos para justificar ese incumplimiento.

Además del caso de Castilla y León, el Parlamento de Andalucía también ha solicitado una prórroga para proponer los nombres de sus candidatos a magistrados del Constitucional, según ha podido saber este periódico. Una vez llegue dicha solicitud a la Cámara Alta, será su Mesa la que decida si ampliar de nuevo el plazo o no. Aunque dados los antecedentes, todo parece apuntar a que la fecha límite volverá a postergarse.

El plazo fue abierto el 15 de diciembre

A pesar de que Conde-Pumpido instara al Senado el pasado 4 de agosto a iniciar el procedimiento para la elección de los cuatro magistrados, la Mesa de la Cámara que preside Pedro Rollán fijó el 15 de diciembre como el día de apertura del plazo para la presentación de candidaturas, el cual concluía inicialmente el 16 de febrero. Un periodo que posteriormente fue postergado al 4 de mayo debido a las peticiones de ampliación solicitadas por las Cortes extremeña y aragonesa.

En este sentido, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho, Germán Teruel, señala que las sucesivas convocatorias electorales “no deben empantanar la elección de un magistrado”, pues el Senado “debe cumplir con su obligación constitucional”.

¿Y qué ocurre con aquellas regiones donde no ha habido elecciones y sus parlamentos funcionan con plena normalidad? Este es el caso, por ejemplo, de Cataluña, Navarra o Comunidad Valenciana, que en declaraciones a este periódico han contestado que se acogen a la nueva fecha dada por la Cámara Alta para efectuar sus propuestas.

Elección por parte de cada Parlamento autonómico

Cada asamblea legislativa, tal y como recoge el artículo 184.7 del Reglamento del Senado, podrá presentar hasta dos candidatos. En la mayoría de las regiones estas propuestas van a tener que ser consensuadas por varios grupos parlamentarios, pues solo en cinco de los parlamentos autonómicos existe actualmente una mayoría absoluta. Una condición necesaria para aprobar las proposiciones de nombramiento de los magistrados.

Después de que el Senado reciba esos nombres, la Comisión de Nombramientos elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con cuatro candidatos. Aunque antes de que estos magistrados sean elegidos por, al menos, 160 senadores, deberá efectuarse una decisión política que supondrá un completo rompecabezas. Si bien el PP cuenta con una holgada mayoría en la Cámara Alta (145 miembros), no es lo suficientemente numerosa para elegir por sí misma a los cuatro magistrados. Es decir, tendrá que pactar con otros grupos.

A diferencia del Congreso de los Diputados, Vox no tiene una representación sustancial en el Senado, pues solo cuenta con dos representantes. Por su parte, UPN cuenta con un senador. Es decir, el PP tendría que salir de su habitual zona de pacto y mirar al PSOE para elegir a los cuatro magistrados de la corte de garantías.

Las quejas de Bolaños

Los populares señalan que estas negociaciones, en caso de producirse, comenzarían una vez se tengan esos candidatos procedentes de las asambleas regionales, pero a Bolaños le suena a excusas y ya les ha acusado de “incumplir la Constitución” al no proceder “en plazo” a la renovación de los cuatro magistrados del TC. “Fijemos día y hora, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación del Tribunal Constitucional, que corresponde a la Constitución”, sentenció el ministro el pasado 18 de marzo.