El Gobierno aprobó este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), apodado ya como la “ley Bolaños”. Se trata de la primera ley procesal penal de la democracia y sustituye a la de 1882. El texto, impulsado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, marca un cambio de modelo: si sale adelante, será el Ministerio Fiscal –y no los jueces– quienes dirijan las investigaciones de los delitos.
“Es una reforma histórica, moderna y garantista”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia a Artículo14. Según explican, el nuevo sistema “agiliza los procesos, refuerza los derechos fundamentales y adapta la justicia penal a los estándares europeos”. La norma se remitirá ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria y, si supera el recorrido legislativo, entrará en vigor el 1 de enero de 2028.
Sin embargo, existen pocas posibilidades de que esto ocurra. Para aprobar la reforma se necesita una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Una opción descartada incluso por el propio Ejecutivo, consciente de que, tras su ruptura con Junts la aritmética parlamentaria se le complica a pasos agigantados.
Principales novedades
Entre las principales novedades, la norma crea la figura del juez de garantías, encargado de proteger los derechos fundamentales durante las investigaciones, y refuerza las garantías tanto de las personas investigadas como de las víctimas. Además, “moderniza” la labor de la Fiscalía y amplía el mandato del fiscal general a cinco años, -y no cuatro, como ahora- desligándolo así de las legislaturas del Gobierno. “Con esta ley fortalecemos la autonomía del Ministerio Fiscal”, subrayan fuentes de Justicia a este periódico.
Otra de las novedades es la limitación de la acusación popular. A partir de ahora, los partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculadas a ellos no podrán ejercerla. En el Ejecutivo defienden que se trata de “evitar el uso partidista de la justicia”.
Gobierno y oposición, enfrentados
Desde el PSOE destacan que la nueva ley “coloca a España en línea con los países más avanzados de Europa” y que “refuerza los derechos y la agilidad del sistema penal”. El PP, en cambio, acusa al Gobierno de “querer controlar la Fiscalía” y cree que la llamada “ley Bolaños” es “una reforma hecha a medida del Ejecutivo”.
“Es inviable una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal en nuestro país si no se corta el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Y hacerlo deprisa y corriendo, sin contar con el principal partido de este país, solo nos lleva a pensar que lo hacen porque quieren asaltar también la Justicia”, aseguró la portavoz del PP en el Congreso. Ester Muñoz recordó que, aunque en otros países europeos la investigación corre a manos de la fiscalía, el Fiscal General del Estado no es elegido por el Gobierno.
El debate se traslada ahora al Congreso de los Diputados. Allí se medirá el verdadero respaldo político a una reforma que promete cambiar el modelo penal de raíz y que, si prospera, convertirá al Ministerio Fiscal en el centro del nuevo sistema judicial español.