Cuando Yolanda Díaz pidió el pasado viernes “cambiar el Gobierno de arriba abajo” en la Moncloa esperaban que a renglón seguido anunciase que si Pedro Sánchez no acometía una crisis en su gabinete sería la propia vicepresidenta la que hoy mismo abandonaría el Gobierno junto con los ministros de Sumar.
La entrevista de la responsable de Trabajo en Al Rojo Vivo levantó ampollas en un Consejo de ministros donde, salvo Félix Bolaños y Óscar López, sus miembros desconocen la hoja de ruta del presidente. La consigna es resistir, pero ¿hasta cuándo?, ¿quiénes?, ¿cuántos?…
La desconfianza se ha instalado en una bancada azul “tocada” por los escándalos de corrupción y el goteo de casos de acoso sexual en el PSOE. Nadie se siente a salvo. Y en estos momentos todas las miradas están puestas en la otra vicepresidenta, María Jesús Montero.
El equipo más próximo a Sánchez aconseja que la ministra de Hacienda salga “cuanto antes” del Gobierno. En el PSOE también apoyan una “desconexión” controlada de la número dos tras la detención del ex vicepresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) dentro de una trama de amaño de adjudicaciones públicas junto a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el socio del ex secretario de Organización, Santos Cerdán.

La dimensión del que está llamado a convertirse en “caso SEPI” es una incógnita y los asesores del presidente le piden levantar un muro con Montero aprovechando la salida de la portavoz, Pilar Alegría, ante el adelanto electoral que anunciará hoy el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
El plan pasaría por relevar a ambas en una “crisis reducida”, pero que permitiría incorporar a caras nuevas para resistir al menos los primeros seis meses de 2026. El adelanto electoral no figura en este momento en los planes del presidente que hoy hará balance del año.
Pese a que las encuestas en Extremadura apuntan a un descalabro del PSOE que rubricaría un mínimo histórico con entre 19 y 20 diputados, Sánchez espera que María Guardiola siga dependiendo de un Vox que duplicaría sus escaños y que le permitiría mantenerse en el poder bajo la coartada de ejercer como dique de contención de la ultraderecha en España. O yo o el caos.
Montero está distanciada de Sánchez y con la incapacidad constatada de sacar adelante unos Presupuestos, acelerar su marcha del Ejecutivo puede beneficiar más al presidente que mantenerla hasta que Juanma Moreno de una fecha para las andaluzas.
Las explicaciones de la responsable de Hacienda sobre su relación con el ex presidente de la SEPI no convencen en Moncloa. Pese a que Montero le trata ahora como un desconocido la carrera profesional de ambos lleva años en paralelo.

Vicente Fernández (Málaga, 1973) deslumbró a Montero siendo esta consejera de Hacienda (2013-2018) en la Junta de Andalucía. A este licenciado en Derecho le precedía una brillante fama tras haber superado las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía con el número uno de su promoción. Y algo más importante, había acumulado experiencia liderando los servicios jurídicos de varias consejerías (entre ellas Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez).
Montero le reclutó en 2016 para una complicada misión: asumir el puesto de Interventor General de la Junta en plena investigación por el caso de las ERE, es decir, hacerse cargo de garantizar la legalidad de los recursos públicos andaluces supervisando contratos y entregas de subvenciones.
Tan satisfecha acabó la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía con la labor de Vicente Fernández que no dudó en llevárselo a Madrid al convertirse en ministra de Hacienda en 2018. Le asignó la presidencia de la todopoderosa SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), una empresa pública que gestiona con mayoría compañías Correos, Navantia, Tragsa y Mercasa.
Pero esta etapa se truncó al cabo de solo un año y medio, ya que la reapertura del caso Emérita, sobre de la mina de Aznalcóllar, donde estaba investigado por los procedimientos de adjudicación, lo descabalgó de la gestión pública. Cabe decir que hace apenas unas semana, la Audiencia de Sevilla le absolvió (junto a otros 15 acusados) del supuesto amaño del concurso de esta mina.
Tras verse obligado a dejar la presidencia de la SEPI, acabó fichando por Servinabar como director comercial (2021-2023) cuando Santos Cerdán ya era propietario del cincuenta por ciento de esta sociedad. Las sospechas sobre su abultado patrimonio (dos chalés en Sevilla, tres viviendas en Marbella y un piso de 330 metros cuadrados en Puerta de Hierro) toman forma tras su detención e implicación en una trama de mordidas que podría acabar teniendo la SEPI como epicentro.
En los próximos días está previsto que se lleven a cabo nuevas detenciones de cargos públicos que favorecieron adjudicaciones por valor de más de cien millones según el auto de juez, Antonio Piña, que lleva la causa en la Audiencia Nacional.
Con este horizonte será Sánchez quien decida si Pilar Alegría sale de forma inminente del Gobierno sola o en enero junto a Montero. Es difícil reclutar ministros para un Ejecutivo que agoniza lentamente. Félix Bolaños sigue favorito en las quinielas como nuevo portavoz. El presidente tiene la última palabra, Díaz no.



