El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que delimita la figura de la acusación popular para dejar fuera a los partidos políticos, no afectará a las causas abiertas antes de 2028, como el procedimiento que se sigue contra la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, aunque no se ha referido expresamente al mismo.
Así lo ha explicado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al incidir en que la norma aprobada este martes por el Gobierno está redactada para que entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectaría a los procedimientos penales iniciados antes de esa fecha.
El texto, que empezará ahora su andadura parlamentaria, prevé delimitar la figura de la acusación popular para dejar fuera a las personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos.
“Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas”, ha aseverado Bolaños.
En la actualidad, varias de las causas penales más mediáticas han surgido o cuentan con la presencia de partidos políticos, sindicatos y asociaciones entre las acusaciones populares. Este es el caso de las investigaciones abiertas contra Begoña Gómez o David Sánchez, en las que ejercen esta figura el PP o Vox, así como Manos Limpias o Hazte Oír.
Además de delimitar el quién, el nuevo texto restringe también cuáles son los delitos concretos en los que se puede ejercer la acusación popular. Entre ellos, los relativos a corrupción, contra derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal.
Según ha apuntado Bolaños, en la nueva proposición de ley impulsada por el Gobierno se establece un “catálogo” que recoge, “básicamente, delitos que tienen que ver con intereses colectivos, es decir, que no afectan a intereses de partidos”.
Diferente al que defendió el PSOE
Preguntado sobre si ve posible que Sumar apoye el texto en las Cortes, dado que ha avisado de su oposición a que se deje fuera de las acusaciones populares a los partidos, el ministro ha asegurado que la formación “está absolutamente de acuerdo” con el texto aprobado este martes, aunque ambos partidos tienen una “visión diferente” de esta figura.
Con todo, el ministro ha avisado de que hará “un llamamiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para lograr una mayoría”. En este sentido, ha precisado que este texto, en lo que respecta a la regulación de la acusación popular, es “diferente” a la proposición que impulsó el PSOE en la Cámara Baja el pasado enero y que apenas obtuvo apoyos. Ello, ha dicho, porque tienen la intención de que esta vez sí “salga adelante”.
El proyecto defendido hace diez meses en el Congreso sí afectaba a las causas penales abiertas en la actualidad. En la disposición transitoria única se establecía que las modificaciones contempladas en dicha proposición serían “de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento”.