La historia judicial que envuelve a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pasado en poco más de un año de ser un expediente lleno de recortes de prensa a convertirse en uno de los procesos más mediáticos de la democracia española.
Lo que comenzó con una denuncia de Manos Limpias en abril de 2024 ha desembocado en una decisión insólita: el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a la mujer de Sánchez a juicio por malversación ante un jurado popular.
Una resolución que sacude a la política, a la justicia y a la opinión pública, y que obliga a repasar con calma todas las claves para entender qué está pasando y qué puede suceder a partir de ahora en el caso Begoña Gómez.
El origen: de los titulares de prensa a los juzgados de Plaza de Castilla
El caso de Begoña Gómez nace de una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. El escrito reunía titulares de prensa sobre supuestas corruptelas en torno a su actividad académica y profesional. Aquello que parecía un ejercicio de recopilación más cercano a la hemeroteca que a la investigación criminal fue suficiente para que el juez Juan Carlos Peinado, instructor de Plaza de Castilla, admitiera a trámite la denuncia en abril de 2024.
La Fiscalía solicitó el archivo inmediato por la falta de base jurídica, al advertir que la denuncia contenía “datos erróneos e inverosímiles”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid permitió que se investigara una parte.
La presunta firma de cartas de recomendación que Begoña Gómez habría rubricado en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, con quien compartía docencia en la Universidad Complutense. Según esas informaciones, Barrabés habría logrado contratos públicos financiados con fondos europeos por valor de doce millones de euros.
La entrada de la Fiscalía Europea y el frente de Red.es
El 11 de junio de 2024, la Fiscalía Europea asumió la investigación de esa parte concreta, dado que las adjudicaciones a la empresa de Barrabés estaban vinculadas a fondos comunitarios.
Desde entonces, esa pieza se ha instruido al margen, con el empresario y un directivo de la entidad pública Red.es como investigados. De este modo, lo que afecta directamente a Begoña Gómez en España quedó desligado de la parte europea. Aunque la sombra del caso Barrabés se proyecta sobre todo el procedimiento.
Este movimiento no frenó al juez Peinado, que siguió adelante con el resto de bloques de investigación. La defensa lo calificó desde el primer día como “investigación prospectiva”. Es decir, un rastreo indiscriminado de la vida y obra de Begoña Gómez en busca de algún delito. Pero el magistrado se mantuvo firme y decidió ampliar el foco hacia la Universidad Complutense y la cátedra que dirigía la mujer del presidente.
El software de la Complutense y la denuncia de Hazte Oír
En paralelo, Hazte Oír presentó una denuncia que se centraba en un software desarrollado por Indra, Telefónica y Google para un máster dirigido por Begoña Gómez. Según la acusación, la esposa del presidente se habría apropiado indebidamente del programa, registrándolo a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas. La Universidad Complutense trasladó sus dudas al juez Peinado, alegando que la aplicación podía considerarse propiedad de la institución.
Sin embargo, con el paso de los meses aparecieron informaciones que matizaban esta versión. Correos electrónicos demostraban que el propio vicerrectorado había asesorado a la asesora de Gómez sobre cómo registrar el dominio web del software, lo que complicaba el relato de una apropiación indebida. Aun así, este frente mantuvo viva la presión mediática sobre Begoña Gómez y alimentó el debate sobre posibles conflictos de intereses.
Los informes de la Guardia Civil y la resistencia del juez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró dos informes clave en 2024. Ambos coincidieron en que no había indicios de delito en las adjudicaciones investigadas. Uno de los documentos incluso señalaba que los contratos de Red.es con la empresa de Barrabés se habían desarrollado “con normalidad y bajo los principios de contratación pública”.
Lejos de archivar el caso, Peinado ignoró las conclusiones de la UCO y siguió adelante. La defensa de Begoña Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, denunció la situación como un ejemplo de persecución judicial. La tensión se hizo evidente en los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares exigían un trato ejemplar y la defensa reclamaba garantías mínimas de un proceso justo.
El salto a la imputación y el calendario electoral
El 5 de julio de 2024, a tan solo cinco días de las elecciones europeas, el juez citó a Begoña Gómez como investigada. La decisión fue criticada por el PSOE como una maniobra política. El presidente Pedro Sánchez reaccionó con una segunda carta a la ciudadanía en la que anunció que seguiría al frente del Gobierno y mostró públicamente su apoyo a su mujer. Días después, la imagen de ambos juntos en un mitin en Benalmádena sellaba ese respaldo político.
La imputación coincidió con un clima de polarización en el país. Para unos, era la prueba de que nadie estaba por encima de la ley. Para otros, una persecución dirigida contra el presidente a través de su esposa. La palabra Begoña Gómez empezó a copar titulares, editoriales y debates televisivos.
La repetición de la declaración y el acceso por el garaje
La primera declaración de Begoña Gómez en los juzgados se frustró porque no se había notificado adecuadamente una nueva denuncia de Hazte Oír. El juez llegó a proponer que la defensa leyera los más de 200 folios en el pasillo durante un receso, una opción que Camacho rechazó. Finalmente, la declaración se pospuso quince días.
Desde entonces, la expectación en torno a cada comparecencia se convirtió en un espectáculo mediático. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, autorizó que Begoña Gómez accediera a los juzgados por el garaje, una medida de seguridad solicitada por Moncloa para evitar incidentes en la entrada principal, donde solían concentrarse manifestantes y periodistas. Las acusaciones populares criticaron esta decisión, acusándola de recibir privilegios.
Las claves del testimonio de Barrabés
Uno de los momentos más delicados para Begoña Gómez llegó con la declaración de Juan Carlos Barrabés. El empresario reconoció haber estado en la Moncloa para reuniones sobre innovación en las que también estuvo presente el presidente Sánchez.
Aunque no confirmó irregularidades, su testimonio alimentó el debate sobre la frontera entre las actividades privadas de Gómez y su posición institucional como esposa del presidente.
La acusación de malversación y el salto al jurado popular
El giro definitivo se ha producido hoy. Tras más de un año de instrucción, el juez Peinado ha decidido enviar a Begoña Gómez a juicio por un delito de malversación. La clave estaba en el papel de Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa, que supuestamente habría trabajado en tareas vinculadas a la actividad privada de Gómez. Para el magistrado, ese uso indebido de recursos públicos constituía una base suficiente para abrir un juicio con jurado popular.
El auto no detalla con precisión los hechos, pero establece que se cumple el “requisito de verosimilitud” exigido por la Ley del Jurado. La decisión incluye también a Álvarez y, según algunos medios, al delegado del Gobierno en Madrid. Eso amplía todavía más el alcance político del proceso.
¿Qué significa que decida un jurado popular?
El envío de Begoña Gómez a un tribunal con jurado popular supone que serán ciudadanos, elegidos por sorteo, quienes determinen si hubo o no delito de malversación. Se trata de un escenario con enorme repercusión mediática, donde la narrativa de las acusaciones y la defensa será tan relevante como la solidez de las pruebas.
Para el PSOE, es un riesgo político evidente. A fin de cuentas, la esposa del presidente sentada en un banquillo frente a un jurado ciudadano es una imagen demoledora.
Al mismo tiempo, para las acusaciones populares es la victoria que buscaban: ver a Begoña Gómez en un juicio oral pese a la falta de indicios sólidos en los informes de la UCO. La batalla se traslada ahora a un terreno donde la opinión y la percepción pueden pesar tanto como los documentos.
El papel de la Fiscalía Europea y lo que queda por investigar
Conviene no perder de vista que la Fiscalía Europea sigue investigando de manera independiente los contratos de Red.es con la empresa de Barrabés. Esa pieza, que afecta al uso de fondos comunitarios, aún no se ha cerrado.
Si de ella surgieran imputaciones adicionales, el panorama judicial de Begoña Gómez podría complicarse aún más, aunque de momento el foco inmediato está en el juicio por malversación.
Un año de cartas, denuncias y política en vilo
El caso de Begoña Gómez ha estado acompañado desde el inicio por las cartas del presidente Sánchez a la ciudadanía, los movimientos estratégicos del PSOE y el ruido mediático que ha rodeado cada paso. La primera carta en abril de 2024 dejó al país en vilo durante días, alimentando incluso rumores de dimisión. La segunda, tras la imputación, reafirmó su voluntad de resistir. Y la tercera, después del envío a juicio, será quizá una cuestión de tiempo.
Las acusaciones insisten en que la mujer del presidente ha recibido un trato de favor en los juzgados. La defensa sostiene que se trata de una caza de brujas con tintes políticos. Y en medio, la opinión pública asiste a un caso que combina política, justicia, medios de comunicación y percepciones de legitimidad institucional.
¿Qué viene a partir de ahora?
El calendario inmediato fija una comparecencia inicial el 27 de septiembre de 2025 para dar comienzo formal al proceso de jurado. A partir de ahí se presentarán los escritos de acusación y defensa, se sortearán los miembros del jurado y se fijará fecha para el juicio.
En paralelo, la Fiscalía Europea seguirá avanzando en su investigación sobre fondos comunitarios, lo que podría dar nuevas sorpresas.
El futuro de Begoña Gómez se dirimirá en dos escenarios judiciales distintos: el nacional, donde un jurado popular decidirá si hubo malversación, y el europeo, donde se evalúan los contratos de Red.es.
Ambos frentes mantienen a la esposa del presidente bajo la lupa y, por extensión, a Pedro Sánchez en el centro del huracán político.