El juez Peinado ha comunicado a Begoña Gómez que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de su asistente en Presidencia, Cristina Álvarez, ante un jurado popular.
También ha trasladado esta misma comunicación a Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Los tres están citados a las 18.00 horas en su juzgado este sábado por la tarde para una comparecencia previa. En esta sesión, las acusaciones deberán exponer los hechos y los delitos que les atribuyen.
Es decir, que el juez Peinado no abre todavía juicio oral, sino que convoca una vistilla este sábado para decir a los imputados que les enviará a un juicio con jurado. Por tanto, es seguro que la mujer del presidente del Gobierno acabará sentada en el banquillo junto a Cristina Álvarez y Francisco Martín, pero no lo ordena todavía.
Indicios de hechos delictivos
El juez ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez.
Según la resolución de Peinado, de los interrogatorios y los correos electrónicos analizados se aprecian “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos” en el marco del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
La versión de Begoña Gómez es que Cristina Álvarez siempre le ha prestado su servicio profesional para la organización de su agenda para acompañarla a actos oficiales, al tiempo que manifestó que ésta le hizo algún “favor” en ocasiones excepcionales.
Por “favor” se refiere, por ejemplo, a uno de los correos que envió a Reale para recaudar fondos para la cátedra que Begoña Gómez dirigía la Universidad Complutense: “PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, escribe en el correo enviado el 8 de febrero de 2024 a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social Empresarial de Reale.
El proceso de contratación
Begoña Gómez aseguró que desconocía el proceso de nombramiento de Álvarez como personal eventual en Moncloa e indicó que la eligió por sus conocimientos y porque tenía una relación de amistad previa con ella.
La defensa de Gómez alegó en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, que “la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación”.
Al margen del delito de malversación que se investiga en la pieza relativa a la contratación de Álvarez, Gómez también está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.