El grupo académico CREA fundado en la UB por el catedrático emérito investigado por coerción sexual y abuso de poder, ha anunciado su disolución con efectos inmediatos tras la escalada de presiones y la decisión de la universidad de elevar a la Fiscalía Provincial de Barcelona los resultados preliminares de una investigación interna que lo vincula con posibles conductas delictivas.
El anuncio formal de la disolución fue publicado por CREA en su cuenta oficial en X, donde la organización informó de que procedía a “finalizar su red” con el objetivo de “evitar más perjuicios profesionales a nuestros integrantes y proteger su integridad personal”.
— CREA (@crearesearch) December 23, 2025
En el mismo comunicado CREA sostiene que siempre ha defendido su labor de investigación y apoyo a víctimas y que los ataques actuales superarían lo profesional para afectar a la salud emocional de sus integrantes. Esta narrativa contrasta fuertemente con las conclusiones preliminares de la investigación de la UB, que describe el funcionamiento del grupo como un posible “grupo coercitivo de alto control”, con conductas de coerción sexual y psicológica, maltrato y explotación profesional.
La crisis en torno a CREA se remonta a julio de 2025, cuando un grupo de 14 mujeres —doctorandas, académicas, becarias y alumnas— presentaron una denuncia ante la Universidad de Barcelona, acusando al catedrático emérito Ramón Flecha, fundador de CREA, y a su entorno, de conductas inapropiadas que incluían presuntamente acoso sexual, abuso de poder, coerción psicológica y otras prácticas coercitivas.
Ante la gravedad de las acusaciones, la UB constituyó una comisión de expertos externos para investigar los hechos a partir de estos testimonios. Tras cuatro meses de trabajo, incluyendo la recogida de al menos once declaraciones y la elaboración de un informe preliminar de más de 200 páginas, la universidad consideró que los hechos podrían tener relevancia penal y decidió trasladar el caso a la Fiscalía.
Este paso no es trivial. En 2004 y en 2016 la UB ya había trasladado a la Fiscalía denuncias relacionadas con el grupo CREA, pero en ambos casos los casos terminaron archivados por el órgano judicial por falta de pruebas claras de delito. Sin embargo, la UB ha destacado que esta vez los delitos planteados son distintos y la consistencia de los relatos y de la investigación interna es sustancialmente mayor.
Como parte de las acciones adoptadas por la universidad se acordó inicialmente suspender de su condición de catedrático emérito al investigado y, tras el informe preliminar, se ha acordado suspender cautelarmente de sus funciones a dos profesoras vinculadas a CREA, así como la retirada de honores académicos a una tercera persona. También se han incoado expedientes disciplinarios que podrían conllevar limitaciones en procesos de selección académica.
La UB ha señalado además que activará medidas de acompañamiento psicológico para los miembros de la comunidad universitaria afectados por los hechos y continuará la investigación interna paralelamente al proceso judicial que ahora queda en manos de la Fiscalía.
Las reacciones ante la elevación del caso a Fiscalía han sido diversas. Las denunciantes y sus representantes han valorado que la decisión de la UB constituye un paso importante para visibilizar y acabar con décadas de presunta impunidad y abuso de poder.
Por otro lado, la red CREA que ahora desaparece se ha mostrado satisfecha de que se judicialice el caso y consideran que podrán aportar las pruebas que demuestren su inocencia. CREA ha asegurado desde el inicio de las denuncias que es víctima de una campaña de difamación que se habría orquestado, entre otros motivos, según publicó el catedrático en redes, porque “durante décadas, he ganado muchos enemigos y enemigas simplemente por decir que nunca he sido ni seré putero”.
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