Tan solo han pasado 72 horas desde que salió a la luz la querella que ha hecho saltar por los aires la carrera de José Ángel González en el cuerpo de la Policía Nacional desde 1980. El relato de la presunta víctima es tan explícito y grave que, nada más conocerse, González envió una carta al director general del Cuerpo anunciando su dimisión como Director Adjunto Operativo. En la misiva explicaba que quería ejercer “su legítimo derecho a la defensa y salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional”.
A consecuencia del escándalo, el Ministerio del Interior ha actuado rápido. La mañana de este jueves el Boletín Oficial del Estado publicó oficialmente su cese. En el documento eluden la fórmula protocolaria final en la que se suele “agradecer los servicios prestados”, signo del malestar dentro de Interior por las razones de su salida. Solo hace falta consultar el BOE de 2012 con el anterior cese de un Director Adjunto de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, para ver que en su caso sí terminaron la comunicación con esta fórmula de agradecimiento.
Una vez hecho oficial su cese, fuentes policiales confirman a Artículo14 que González ya no goza de escolta ni de vehículo oficial, aquel que utilizó para obligar a la víctima a que le condujera a su vivienda también oficial donde se produjo la presunta agresión sexual.
Si bien, ese domicilio madrileño propiedad del Estado lo sigue ocupando el ya ex DAO. Las fuentes consultadas aseguran que ya se le ha comunicado que se tiene que marchar y está “pendiente de hacer el traslado”. Precisan que “no será cosa de mucho tiempo”, pero que por lógica no se ha producido ya porque “tiene que desmontar una vida ya que lleva viviendo allí ocho años”.
La versión de González
González pasa estos días recluido en el piso de un acomodado barrio de Madrid. Abajo le esperan decenas de medios de comunicación para poder preguntarle sobre las acusaciones tan graves que se han vertido sobre él. De momento, se ha pronunciado en algunos medios defendiendo su inocencia. Asegura que está “hundido” y que conoció la querella a través de la prensa.
Por el momento, la defensa de esta “inocencia” la llevará el despacho Fuster-Fabra con trayectoria en llevar a agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Aún se encuentran estudiando el caso de cara a la declaración del 17 de marzo en los juzgados de Plaza Castilla, aunque según relata la querella hay pruebas documentales irrefutables como un audio de 40 minutos del momento de la agresión sexual y la grabación de llamadas telefónicas posteriores intentando comprar el silencio de la víctima.
Investigaciones en Interior
En el seno del Ministerio de Interior continúan su investigación interna sobre cuántas personas pudieron ayudar a encubrir la presunta agresión sexual y dilucidar por qué se le dio a la víctima un puesto en las mismas oficinas en las que trabajaba su presunto agresor.
Por su parte, Gemma Barroso, ha sido la persona en asumir el cargo de DAO de manera transitoria hasta que se nombre oficialmente el nuevo agente que ocupará la jefatura del Cuerpo. Ocupaba hasta ahora la Subdirección General de Recursos Humanos y, en consecuencia, fue la primera persona en enterarse en julio de 2025 de la decisión de la víctima de solicitar la baja médica por su cuadro de ansiedad.
No obstante, desconoció hasta este martes el motivo real de sus problemas mentales, según su versión. Es por ello, que se puso este jueves en contacto con la víctima para ofrecerle protección oficial. Propuesta que la inspectora de la Policía Nacional aún de baja aceptó, según informan fuentes del Ministerio del Interior.
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