Intentemos hacer un ejercicio de empatía. Pongámonos en la piel de la mujer que ha denunciado al hasta ahora Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González Jiménez. Sabemos, porque lo ha contado su abogado, que estaba “atemorizada”, que se vio obligada a cogerse una baja por ansiedad y que su situación es emocionalmente frágil.
El sentido común nos dice que, desde el martes por la noche, esta mujer se está enfrentando a un nivel de angustia, miedo y nervios difícil de imaginar. Su sufrimiento y su intimidad ocupan portadas; se anuncia una dimisión y una suspensión —la del comisario Óscar San Juan, mano derecha de José Ángel González Jiménez—; se analiza su testimonio, se especula y se opina. Todo el mundo habla de ello. Todo ocurre a gran velocidad y con una exposición brutal.
Mientras tanto, es razonable pensar que ella solo está pidiéndole a la vida una cosa: que no se publique su nombre. Es uno de los mayores temores de las mujeres que rompen el silencio. No ser señaladas, no quedar expuestas.
Mentar a la víctima en plena refriega política
En ese contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, toma la palabra en el Congreso durante una sesión de control. Y te nombra. Lo hace en público, desde la tribuna, sin intermediarios ni cautelas, en plena refriega dialéctica, utilizándote como escudo en un choque político. En directo, ante las cámaras afirma que dimitirá si tú crees que te ha fallado.
Y en ese momento, el foco se desplaza.
La dimisión del máximo responsable operativo de la Policía, la suspensión de otro mando por presuntas coacciones, los indicios de abuso de poder y las preguntas sobre el funcionamiento del sistema pasan a un segundo plano. La atención pública se desplaza desde los fallos institucionales hacia la mujer que ha denunciado.
Entre las funciones del ministro del Interior está la de la protección de las víctimas de violencia de género. De su departamento depende el sistema VioGén y la protección policial de cientos de miles de mujeres. Uno pensaría que un responsable político que lleva años ocupándose de las víctimas, tendría más sensibilidad y conocimientos de cómo opera la violencia, cómo afecta a las mujeres y cómo debe responder el Estado.
Pero el problema no es solo dónde se coloca el foco, sino qué se le pide implícitamente a la víctima cuando se la menciona de ese modo.
Le traslada una responsabilidad que no le corresponde
Cuando Marlaska afirma que dimitirá si la víctima cree que le ha fallado, no está expresando empatía: está trasladando a una mujer que ha sufrido violencia sexual una responsabilidad que no le corresponde. La convierte en referencia de una decisión política que debería depender exclusivamente de hechos objetivos y de la evaluación del funcionamiento del sistema.
Una víctima no puede ser árbitro institucional. No tiene que valorar si un ministro debe dimitir ni asumir el peso simbólico de una decisión política. Exigirle eso implica añadirle una carga que no es suya y que agrava una situación ya profundamente desigual.
Las víctimas no están en condiciones de evaluar responsabilidades. Están atravesadas por el impacto de la violencia, por el temor a las consecuencias y, en muchos casos, por la necesidad urgente de protegerse. Al trasladar la atención y la responsabilidad a la víctima, se evita afrontar la cuestión central: qué falló en este caso.
La pregunta deja de ser si los protocolos funcionan en determinados rangos jerárquicos, si nadie se percató de nada, si existen mecanismos eficaces de control del poder o si hubo una respuesta adecuada ante una situación de abuso, y pasa a depender del estado emocional de una mujer que ha sufrido violencia.
Ignorar la dimensión del miedo al poder
Pero la responsabilidad política no puede medirse en términos subjetivos. No depende de percepciones, sino de hechos: de si el sistema funcionó o no funcionó. De si hubo prevención, protección y diligencia. De si la jerarquía policial actuó para frenar el abuso o para protegerse a sí misma.
En este caso, además, los indicios apuntan a un problema que va más allá de una conducta individual. Hay una dimisión en la cúpula policial, una suspensión por presuntas coacciones y un relato que describe prácticas informales destinadas a contener el escándalo antes que a proteger a la víctima. Ese contexto obliga a mirar a la institución, no a la mujer que denuncia.
Hay además otros elementos que hacen especialmente problemática esa frase y que tienen que ver con el poder desde el que se ejerce la violencia. No se trata solo de una agresión sexual, sino de una agresión cometida desde una posición de autoridad extrema. En esos contextos, la víctima no se mueve en un terreno de libertad. No puede sentirse libre para opinar, valorar o exigir consecuencias a quien controla la institución de la que depende su carrera, su entorno profesional y, en muchos casos, su seguridad. Ignorar esa dimensión del miedo al poder es desconocer cómo operan este tipo de violencias.
La frase también rompe un principio básico en la atención a víctimas: no interpelarlas públicamente. No llamarlas a pronunciarse, no exigirles posicionamiento, no convertirlas en sujeto de respuesta. Aquí ocurre justo lo contrario. La pregunta, quizá, no es qué opina la víctima, sino por qué el sistema volvió a fallar y por qué solo se ha puesto en marcha cuando la noticia ha llegado a los medios de comunicación.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.
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