El nombre de José Ángel González ha irrumpido en la crónica judicial y política por una razón grave: su condición de máximo mando operativo de la Policía Nacional y su imputación por un delito de agresión sexual. González no es un comisario más en el organigrama. Su cargo, el de Director Adjunto Operativo (DAO), lo sitúa en la cúspide de la cadena de mando diaria del cuerpo. Allí donde se ordenan prioridades, se coordinan unidades y se decide el pulso de la operatividad.
En lo biográfico, el perfil de José Ángel González dibuja una trayectoria de larga duración dentro de la institución. Nació en 1959 en La Rioja e ingresó en la Policía Nacional en 1984. Según el currículum conocido, González ha desarrollado su carrera principalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana. Un ámbito que suele asociarse a la gestión de recursos, el despliegue y la dirección operativa sobre el terreno.
Un mando de cuatro décadas y un salto decisivo en 2018
La carrera de José Ángel González en la Policía Nacional abarca más de cuarenta años desde su ingreso en 1984. En ese recorrido, su especialización en Seguridad Ciudadana marca un perfil orientado a la estructura operativa, a la coordinación y al mando, más que a un itinerario estrictamente técnico o de laboratorio. Es un dato relevante porque ayuda a entender por qué González termina ocupando un puesto que no se explica solo por antigüedad, sino por experiencia acumulada en engranajes de mando.
El punto de inflexión en la biografía pública de José Ángel González llega en octubre de 2018, cuando es nombrado Director Adjunto Operativo. Desde ese momento, González pasa a ejercer como referencia de la gestión operativa del cuerpo: un cargo con enorme peso interno, pero también con una exposición inevitable cuando estalla cualquier controversia.
Qué significa ser DAO y por qué importa en este caso
En un cuerpo jerarquizado, el puesto de José Ángel González como DAO no es decorativo. Es, por definición, un cargo con capacidad de mando y con autoridad sobre estructuras de trabajo. Por eso, cuando una imputación judicial afecta a un DAO, el impacto trasciende el plano personal: interpela a la institución, al funcionamiento de la cadena jerárquica y a la manera en que se protegen —o se blindan— los entornos laborales frente a abusos.
Ese marco es especialmente sensible cuando el señalamiento procede de una relación de subordinación. En el caso que afecta a José Ángel González, la denuncia parte de una mujer presentada como subordinada, un elemento que, de acuerdo con el relato recogido, coloca el foco en el desequilibrio de poder: no solo en lo ocurrido, sino en el contexto de autoridad en el que habría sucedido.
La imputación: una causa que golpea el corazón del organigrama
Como ha revelado Artículo14, un juzgado de instrucción de Madrid, en Plaza de Castilla, ha imputado a José Ángel González por un presunto delito de agresión sexual con penetración.
Los hechos se sitúan en abril de 2024 y el relato incluye una secuencia en la que, siempre según la querella, González habría pedido a la mujer que abandonara su puesto, se desplazara con él, acudiera a una comida y, más tarde, se dirigieran a un domicilio.
Existe, además, un audio aportado al juzgado como elemento probatorio citado en la causa. También se menciona a un comisario, Óscar San Juan, como presente en la comida previa. Y, siempre según la versión recogida, tras lo sucedido se habría producido una cadena de llamadas y mensajes —con una cifra concreta de llamadas mencionada— orientada a insistir en el contacto, condicionar el relato o minimizar lo ocurrido, además de supuestas presiones y la alusión a un posible “incentivo” laboral.
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