La Universitat de Barcelona (UB) ha dado un paso decisivo en el caso del catedrático emérito denunciado por presuntas prácticas de coerción sexual y abuso de poder en el seno del grupo de investigación CREA. Tras varios meses de investigación interna, la universidad ha decidido trasladar los hechos a la Fiscalía Provincial de Barcelona y ha anunciado que, si el Ministerio Público presenta denuncia o querella, la UB se personará como acusación particular.
La decisión llega después de que la comisión de investigación constituida por la universidad en septiembre haya elaborado un informe preliminar en el que se concluye que los hechos relatados por las personas denunciantes “podrían ser constitutivos” de conductas muy graves. Entre ellas, la comisión señala posibles delitos o faltas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias. El informe apunta incluso a que estas prácticas podrían encajar en la existencia de un “grupo coercitivo de alto control”.
El caso se remonta al pasado mes de julio, cuando 14 personas presentaron una denuncia ante la UB por las prácticas que aseguraban haber sufrido durante los últimos 20 años por parte de un catedrático emérito dentro del grupo de investigación CREA. Según sus testimonios, estas prácticas incluían masajes, relaciones sexuales y una dedicación laboral total, de lunes a domingo y sin horarios, en un contexto de fuerte dependencia personal y profesional.
Desde entonces, el número de denunciantes ha aumentado hasta 16. Sin embargo, la propia comisión reconoce que aún no ha podido recabar el testimonio de todas ellas ni ha tomado declaración a las personas denunciadas. Pese a ello, la gravedad de los indicios detectados ha llevado a la universidad a no esperar al informe final y a remitir ya el caso a la Fiscalía.
Como medida cautelar, la UB ha decidido suspender de empleo a tres personas de la cúpula del grupo CREA, además del propio catedrático emérito. En uno de los casos, la suspensión afecta a la condición de catedrática honoraria. Estas decisiones se mantendrán mientras avance la investigación, tanto interna como judicial.
Violeta Assiego, abogada de las personas que han denunciado, ha valorado de forma positiva el contenido del informe preliminar, al considerar que valida en gran medida los relatos de las denunciantes y reconoce la existencia de dinámicas de poder y control prolongadas en el tiempo. Según la letrada, en sus representadas este lunes se mezclaban “muchas emociones, pero también se están acordando de muchas mujeres antes que ellas que no han sido creídas o pensaban que se estaban volviendo locas al tratar de comprender lo que les estaba pasando”. El hecho de que la universidad haya decidido personarse como acusación particular puede reforzar la causa.
Las denunciantes, según su defensa, han vivido estos meses con una mezcla de alivio y desgaste emocional. Al impacto de relatar experiencias traumáticas se ha sumado una campaña de desprestigio en redes sociales iniciada tras hacerse pública la denuncia. La posibilidad de emprender acciones legales por el acoso digital no se descarta, aunque la prioridad ahora es el avance del proceso judicial y la protección de las personas afectadas.
La comisión de expertos de la UB continuará con su trabajo en los próximos meses para completar el informe definitivo. Mientras tanto, el catedrático denunciado y el grupo CREA publicaba este lunes un comunicado en redes donde se mostraban satisfechos de poder acudir a la Justicia. En 2004 y en 2016 también se hicieron acusaciones contra CREA que la UB envió a Fiscalía y se archivaron. “Los criterios científicos internacionales dejan muy claro que no se puede superar la violencia de género sin erradicar la violencia aisladora […] Confiamos en que los medios actúen con profesionalidad y que la ciudadanía busque las fuentes fiables de los hechos evitando el sensacionalismo”, afirman.
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