“Tiene un par de ovarios“. Así resumía en una conversación con Artículo14 una mujer policía la decisión por parte de una agente de denunciar un caso de acoso sexual. Una situación vivida dentro del cuerpo por parte de un superior jerárquico. Exactamente, el más alto a nivel operativo en la institución, el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González. En enero, la víctima presentó una querella contra González por los presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Tras ser admitida a trámite, el pasado 17 de febrero, el caso salió a la luz.
La sucesora de José Ángel González al frente del DAO, Gemma Barroso, que en julio de 2025 tramitó la baja de la víctima por salud mental, desconocía esta situación. En ningún momento, la denunciante se atrevió a informar internamente de su situación. Ello a pesar de que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una Asesoría Confidencial, cuya misión es asistir a la víctima durante todo el proceso. Todo el procedimiento está regulado en un Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso. La última versión de este protocolo entró en vigor el pasado junio, dejando si efecto el anterior del 19 de diciembre de 2022.
El canal interno de denuncias no funciona
Este caso confirma lo que es el sentir de las agentes femeninas del cuerpo: el protocolo antiacoso es papel mojado, porque se desconfía de la protección de la víctima durante el proceso. Si en otro contexto ya es difícil para una víctima dar el paso, en una institución jerárquica como la Policía Nacional lo es mucho más. “Nuestro régimen interno no es fiable, yo no confío en él, porque sabes que lo van a tapar. Creo que hablo en nombre de la mayoría de mis compañeras. Existe un riesgo real de que el caso se filtre, llegue a un superior y se trate de silenciar”, asegura una agente que pide el anonimato.
“Haríamos igual que ha hecho que ha hecho ella, igual. Asesorarse con un abogado externo y si te dice que el caso es viable y te atreves, ir hacia delante. Ha hecho bien, porque si lo llega a denunciar policialmente, no hubiera tenido recorrido porque un caso así se para. Dentro de la Policía desconfiamos de los canales internos, porque al final se intenta barrer dentro de la casa”, reconoce. “Es gravísimo que una policía nacional tenga miedo de filtraciones o incluso de un posible acoso o que la denuncia acabe en un cajón. Y que, en vez de acudir a su propia institución, que es la Policía Nacional para denunciar, tenga que acudir a un juzgado“, resumió Laura García, portavoz del sindicato Jupol a Efe.
Cuál es el procedimiento para aplicar el protocolo antiacoso
La Resolución que regula el protocolo antiacoso de la Policía Nacional recoge detalladamente el procedimiento para su aplicación. Este solo puede activarse e iniciar el procedimiento con una denuncia escrita firmada por la persona que se considere víctima. Debe dirigirla a la Asesoría Confidencial correspondiente a su plantilla. Este órgano -que se despliega en cada Jefatura Superior, en organismos centrales y a nivel nacional a través del Área de Derechos Humanos e Igualdad (ADHI)- es el eje del sistema: recibe la comunicación, la pone en conocimiento del ADHI en 24 horas y, salvo que la jefatura esté implicada, informa también a la persona que ejerza la jefatura de la plantilla. A partir de entonces, analiza los hechos, recaba información y puede proponer medidas de protección.
Una vez iniciado el procedimiento, la Asesoría Confidencial dispone de un máximo de cinco días para elevar al ADHI un informe con conclusiones y propuestas. Será el ADHI quien formalice el Acta de Resolución en 72 horas. Si aprecia indicios de acoso o de otras conductas sancionables, el expediente se remite a la Unidad de Régimen Disciplinario; si no los hay, se archiva. Durante la tramitación pueden adoptarse medidas cautelares -como separación física o cambio de destino- ejecutadas por la jefatura de plantilla. El protocolo prevé, además, un sistema de seguimiento a través de una Comisión Nacional y comisiones territoriales, encargadas de supervisar su aplicación y evaluar su funcionamiento.
Una nueva subdirectora supervisará el área de Igualdad
El Área de Derechos Humanos e Igualdad (ADHI) depende internamente de la Subdirección General del Gabinete Técnico de la Policía Nacional, uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Al frente de la misma, está desde el pasado 3 de febrero la comisaria principal Almudena Tudanca. Se trata de un nombramiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a una persona de su máxima confianza, ya que ha formado parte de su entorno más próximo.
Tudanca, que ingresó en 1996 en la escala ejecutiva de la Policía Nacional, ascendió 20 años después a comisaria. Fue designada jefa de la Unidad Nacional de Europol, hasta que en 2020 regresó al Ministerio del Interior como vocal asesora del Gabinete del ministro del Interior. Desde 2021 hasta la actualidad ha ejercido como subdirectora general de Cooperación Policial Internacional del Ministerio del Interior. Es comisaria principal desde el año 2023.
Tras la promoción de su su predecesora, Eulalia González Peña, como nueva Consejera de Interior en la Embajada de Alemania, el área cambia de responsable en un momento especialmente sensible. González Peña fue, junto con la comisaria María Dolores López Sánchez, jefa del Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional que se acaba de jubilar, la promotora del I Primer Plan de Igualdad de la Policía. Dentro del mismo, se prevé una especial atención a la prevención de la violencia y del acoso, así como a aquellas situaciones que necesitan especial protección, como las requeridas por las víctimas de violencia de género.
Pero como denuncian las mujeres consultadas por este medio. “¿De qué valen si nosotras no nos lo creemos? Conocemos muy bien nuestra casa y sabemos cómo funcionan este tipo de situaciones: tapándolas”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.