La Universidad de Barcelona ha sido denunciada por las dos docentes suspendidas cautelarmente por el caso del grupo de investigación CREA. Su líder, un catedrático emérito al que se le ha retirado la condición de emérito, ha sido denunciado por la UB por coerción sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias. 16 personas han denunciado, 14 mujeres y 2 hombres. Se sospecha que las dos docentes suspendidas de empleo habrían colaborado en dichas prácticas con el catedrático.
Una de las profesoras expedientadas, durante años miembro destacado de CREA, sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa al no haber tenido acceso al expediente administrativo que fundamenta su suspensión. Dicho expediente se apoya en un informe confidencial elaborado por la comisión de investigación que constituyó la universidad tras escuchar a 16 denunciantes que formaron parte del grupo CREA. Según ese informe, existían indicios de que el colectivo funcionaba como un “grupo coercitivo de alto control” bajo el liderazgo del catedrático acusado.
La denuncia contra la UB sitúa el caso en un conflicto jurídico donde chocan derechos fundamentales. Por un lado, el legítimo derecho a la defensa y, por el otro, el derecho al anonimato de las personas que han denunciado.
Porque desde la perspectiva de las abogadas que representan a las personas denunciantes, lo que está es la preservación efectiva de la identidad, la seguridad y la tranquilidad de quienes decidieron dar un paso extraordinariamente difícil: denunciar a una figura de poder en su propio entorno académico.
Conviene subrayar un elemento que a menudo se diluye en el ruido mediático: la identidad de las denunciantes está formalmente protegida. Sus datos personales han sido anonimizados en el expediente.
No se trata de una maniobra opaca, sino de una práctica institucional acorde con la obligación de crear entornos seguros para que las víctimas puedan declarar. Sin esa garantía, muchas no habrían hablado.
El problema surge cuando se plantea la entrega íntegra del expediente a la parte contraria. Porque, aunque los nombres no aparezcan, los relatos son detallados. Y en contextos académicos donde las relaciones profesionales son estrechas, prolongadas y fácilmente identificables, los matices narrativos pueden bastar para deducir quién está detrás de cada testimonio. No hace falta un nombre cuando la historia es reconocible.
A ello se añade un factor determinante: el expediente no es un documento muerto. Está siendo analizado por la Fiscalía para valorar si procede emprender acciones judiciales. Es, por tanto, una pieza viva dentro de un posible procedimiento penal. En ese escenario, la prudencia institucional no es una opción estratégica, sino una exigencia jurídica.
El derecho de defensa es un pilar del Estado de derecho, pero no es un derecho absoluto que deba ejercerse a costa de vaciar de contenido la protección de las víctimas. El ordenamiento ofrece soluciones intermedias: versiones expurgadas, acceso parcial, supervisión judicial sobre qué información es estrictamente necesaria para articular la defensa. Plantear el dilema como un todo o nada es desconocer —o ignorar— que existen mecanismos de equilibrio. Si el centro de gravedad del litigio se desplaza hacia conocer con detalle quién dijo qué, el riesgo de exposición se multiplica y el mensaje que se envía a futuras denunciantes es inquietante.
La universidad, al preservar la identidad de las denunciantes y actuar con cautela en la difusión del expediente, y la Fiscalía, al analizar su contenido antes de decidir si ejerce acciones, están desempeñando su papel en un equilibrio delicado entre transparencia, defensa y protección. No es una posición cómoda, pero sí responsable.
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