La noticia de que la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación contra el excatedrático de la UB acusado de coerción sexual y psicológica no es un caso aislado ni un simple titular más en la crónica judicial. Representa un punto de inflexión en la forma en que nuestras instituciones educativas y judiciales enfrentan —por fin— denuncias complejas de abuso de poder en el ámbito académico.
Durante décadas, la universidad ha sido presentada como un espacio de conocimiento, libertad y progreso. Sin embargo, detrás de ese ideal, también pueden ocultarse dinámicas de poder que —como en cualquier otro contexto social— facilitan abusos sistémicos. Hablamos de presunta coerción sexual, abuso de poder, maltrato psicológico y explotación profesional en el seno de un grupo de investigación, el CREA, fundado por él mismo.
Lo que hace particularmente inquietante este caso es la descripción de una jerarquía académica usada como herramienta de control. Las denunciantes —que incluyen alumnas, becarias y doctorandas— relatan un patrón reiterado de conductas en las que la autoridad académica se mezcla con solicitudes íntimas, presiones psicológicas y dinámicas coercitivas que, según ellas, se prolongaron durante décadas. Esta no es una acusación menor ni anecdótica: es una acusación de relaciones impulsadas por desigualdad jerárquica, donde la diferencia de poder no se limitaba a la dirección de un proyecto, sino que supuestamente se traducía en exigencias personales y profesionales con tintes intimidatorios.
Que la Fiscalía haya decidido abrir diligencias no solo por acoso sexual sino por posibles conductas de coerción psicológica y abuso generalizado de poder indica que se están tomando en serio no solo los hechos individuales, sino el contexto estructural donde ocurren estos abusos. La investigación ha sido encomendada a un equipo especializado conjunto de mossos d’esquadra y policía nacional, incluyendo unidades con experiencia en delitos contra la libertad sexual y análisis de dinámicas coercitivas complejas. Esta asignación de recursos no es casual: refleja una voluntad de abordar casos que no encajan en los moldes clásicos de denuncia, sino que requieren una lectura profunda de la relación entre poder, autoridad y vulnerabilidad.
Y sin embargo, mientras celebramos que la justicia avance, no debemos perder de vista el contexto académico y cultural que ha permitido que esto se prolongue tanto tiempo sin consecuencias claras. La universidad, institución que se precia de formar mentes críticas y fomentar la ética, no ha sido inmune a prácticas que se asemejan más a estructuras de poder vertical y control absoluto que a comunidades de conocimiento compartido. Los relatos de exmiembros del grupo señalan mecanismos de manipulación emocional, presiones profesionales y un ambiente que, según la comisión de expertos que designó la UB, funcionaba más como un “grupo coercitivo de alto control” que como un colectivo de investigación.
No es la primera vez que se cuestiona el entorno del CREA o del propio catedrático: ya en 2004 y 2016 surgieron denuncias internas y polémicas sobre el funcionamiento del grupo que acabaron en fiscalía, quien decidió archivar los casos. No prosperaron porque se denunció comportamiento sectario, que no tiene cabida en nuestro marco jurídico y manipulación psicológica que no se pudo demostrar. Hoy, la decisión de la Fiscalía de investigar podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas en la academia española.
En la actual denuncia se señala el delito de coerción sexual, en un contexto mucho más sensibilizado con el consentimiento femenino y ante el debate de la posibilidad de tal cosa en sistemas tan jerarquizados como el universitario. Hay que recordar que la investigación está en curso y que el investigado mantiene su presunción de inocencia. Pero la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía es en sí misma un avance: una señal de que la justicia va a escudriñar todos los espacios del poder.