La Fiscalía Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Universidad de Barcelona (UB) en relación con las presuntas conductas atribuidas a un catedrático emérito vinculado al grupo de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All). Esta admisión a trámite supone un paso decisivo en un caso que ha sacudido al ámbito universitario y que trasciende el plano académico para situarse ya en el terreno judicial, donde deberán esclarecerse los hechos denunciados y las posibles responsabilidades penales.
La denuncia llega tras una investigación interna impulsada por la propia UB a raíz de varias comunicaciones recibidas en el verano de 2025. En aquel momento una docena de mujeres señalan al catedrático por conductas que podrían ser constitutivas de coerción sexual y abuso de poder, practicadas durante décadas. En la actualidad, el grupo de denunciantes incluye a 14 mujeres y dos hombres. Tras conocerse el traslado del caso a la Fiscalía, la red CREA anunció hace unos días su disolución, argumentando la necesidad de proteger a sus miembros del impacto personal y profesional que está teniendo la difusión pública del caso.
Una comisión de expertos independientes de la UB ha analizado al menos 11 testimonios durante cuatro meses y ha estudiado la documentación aportada por los denunciantes. A raíz de los indicios constatados, la UB decidió elevar el caso a Fiscalía porque podrían ser constitutivos de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias. La UB subrayó que no le corresponde determinar la culpabilidad, pero sí actuar cuando existen indicios razonables de posibles ilícitos penales.
La admisión a trámite por parte de la Fiscalía abre ahora una fase clave: la de determinar si los hechos denunciados encajan en alguno de los tipos penales previstos en el ordenamiento jurídico. Entre los posibles delitos que podrían investigarse se encuentran los relacionados con la coerción sexual, que en determinados supuestos podría derivar en delitos de abuso o agresión sexual, especialmente si se acreditara el uso de una posición de superioridad académica o jerárquica. También podrían analizarse conductas vinculadas al acoso, el trato degradante, la coerción psicológica o el abuso de poder, si se demuestra que existió un patrón sistemático de control y presión sobre las personas afectadas. La propia comisión de investigación de la UB asegura que las prácticas denunciadas podrían encajar en la definición de grupo coercitivo de alto control.
El contexto en el que se sitúan los hechos es el del grupo CREA, que durante décadas desarrolló proyectos de investigación académica en ámbitos como la educación inclusiva y la violencia de género.
Paralelamente al ámbito penal, la UB ha activado mecanismos internos de carácter preventivo y disciplinario. Entre ellos se incluyen la adopción de medidas cautelares, la suspensión temporal de trabajo a dos docentes que forman parte de CREA, la apertura de expedientes informativos y el refuerzo de los servicios de apoyo y acompañamiento a las personas que han declarado sentirse afectadas por los hechos investigados.
La admisión a trámite de la denuncia por parte de la Fiscalía no implica aún la existencia de delitos ni responsabilidades penales, pero sí confirma la relevancia jurídica de los hechos denunciados y la necesidad de que sea la justicia quien determine, con todas las garantías, qué ocurrió realmente. La UB asegura que si finalmente la fiscalía presenta denuncia o querella sobre los hechos relatados, la institución se personará en la causa. En el caso que la Fiscalía no encontrara pruebas que dieran paso a un proceso judicial, fuentes de la universidad aseguran que continuarían con la investigación interna hasta depurar responsabilidades.
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