450 personas e instituciones, procedentes de personal docente e investigador, estudiantado, personal técnico y administrativo, universidades de todo el Estado y diversas entidades sociales, han firmado los manifiestos de la Asamblea Feminista de la Universidad de Barcelona, que han presentado esta semana ante el Rector de la Universidad, denunciando lo que consideran una falta de respuesta institucional adecuada por parte de los órganos de gobierno de la Universidad ante las denuncias presentadas por una decena de mujeres contra un catedrático ya jubilado, fundador del grupo de investigación CREA, por abuso de poder y coerción sexual.
Los firmantes reclaman que se tomen medidas cautelares para la protección de las denunciantes y como garante de una investigación independiente, que incluyan el apartamiento temporal de cargos de dirección relacionados directamente con el grupo CREA. Según la Asamblea Feminista, estas medidas son imprescindibles para garantizar un proceso seguro, imparcial y libre de interferencias jerárquicas. También relama medidas cautelares destinadas a proteger a estudiantes, investigadoras y personal joven en procesos de formación y evaluación.
La UB constituyó un grupo de investigación de los hechos, formado por dos mujeres, una doctora en psicología clínica, experta en salud mental y una doctora en derecho, experta en derecho penal y bioética, y un hombre, doctor en psicología clínica, experto en violencia, que ha iniciado la toma de declaración de las partes.
Sin embargo, el departamento de Sociología de la UB y la Facultad de Económicas y Empresa, al que pertenece, no se ha pronunciado sobre los hechos. Se da la circunstancia de que la directora del Departamento de Sociología es Marta Soler, quien también dirige el grupo de investigación CREA, y que en diversas comunicaciones, ha desmentido los hechos y ha defendido públicamente al catedrático acusado.
La Asamblea Feminista de la UB considera que esta postura puede generar un riesgo de deslegitimación de las denunciantes y comprometer la neutralidad necesaria para gestionar cualquier procedimiento interno.
Décadas de comportamientos inapropiados
Diversas mujeres de un grupo de 12 denunciantes, vinculadas al grupo CREA, han explicado haber mantenido relaciones con el catedrático emérito en un contexto de fuerte desigualdad jerárquica. Algunas de ellas relataron haber participado en las tareas del hogar del docente, haberle hecho masajes, y estar a disposición del denunciado constantemente, incluidos fines de semana, en una situación que desdibujaba el terreno académico del personal. Las denunciantes señalan que estos comportamientos se habrían sostenido durante décadas.
Ante esta situación, la Asamblea se pregunta en qué estado se encuentra el proceso de investigación anunciado por el Rectorado. También manifiestan preocupación por indicios que, según el colectivo, apuntan a una posible participación coordinada del grupo CREA en dinámicas de coacción, y alertan de que la continuidad de determinadas personas en posiciones de poder podría comprometer la imparcialidad de cualquier procedimiento interno.
La Asamblea afirma que las víctimas sufren desacreditaciones y hostilidades en redes sociales y en espacios digitales vinculados al grupo, y exige que la Universidad cumpla con el deber de proteger a todas las personas potencialmente afectadas. Paralelamente, pregunta por la calidad científica de alguna producción atribuida al grupo y pide revisar la inclusión de determinados materiales de difusión en repositorios universitarios.
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