La Asamblea Feminista de la Universidad de Barcelona (UB) y la Unidad de Formación e Investigación de Trabajo Social de la Facultad de Educación de la UB han emitido un posicionamiento contundente frente a los casos relatados por 14 mujeres de supuesta coerción sexual y abuso de poder por parte de un catedrático emérito, a lo largo de más de dos décadas. Entre sus principales exigencias destacan la retirada inmediata de toda presencia institucional del catedrático, la aplicación de medidas cautelares para apartar temporalmente a las directoras de los grupos de investigación CREA y TSIR, la apertura de una investigación independiente y con garantías, y la implementación urgente de protocolos eficaces para prevenir el acoso y el abuso de poder en el entorno académico.
La UB suspende un acto del catedrático acusado
La Asamblea Feminista ha reclamado que no se permita al grupo CREA organizar actos institucionales en espacios emblemáticos de la universidad, como el edificio histórico. La UB ha reaccionado dictando la prohibición de celebrar cualquier evento vinculado a CREA en el seno de la universidad. El grupo de investigación tiene previsto celebrar del 3 al 5 de septiembre un congreso bajo el título European Conference on Domestic Violence. En las últimas horas han desaparecido del programa del congreso las imágenes del catedrático y el nombre de CREA, pero se mantienen ponentes del grupo de investigación y figuras que han dado apoyo público al catedrático señalado.
Estas demandas surgen a raíz de una investigación periodística que ha sacado a la luz los testimonios de catorce mujeres. En ellos, se relatan conductas graves por parte del catedrático emérito, entre las que se incluirían abuso de poder, coacción sexual y explotación de jóvenes investigadoras.
Una de las cuestiones más alarmantes, según el documento emitido por la Asamblea feminista, es el papel que han desempeñado quienes ocupan cargos de dirección dentro de estos grupos. La directora del grupo CREA ha asumido públicamente la defensa de Flecha, desligitimando a las víctimas.
El silencio institucional también ha contribuido al malestar y la indignación dentro de la comunidad universitaria. Hasta la fecha, ni el Departamento de Sociología, ni la Facultad de Economía y Empresa, ni el propio Rectorado han emitido un comunicado claro que reconozca la gravedad de los hechos. La única respuesta oficial se limita a expresar una genérica “voluntad de colaboración”.
El archivo de denuncias internas previas, en 2004 y 2016, por presuntos abusos de poder y comportamientos sectarios, ha sido utilizado por la universidad para justificar la falta de acción, al considerar que no existen datos recientes que permitan iniciar un expediente. Sin embargo, las catorce mujeres denunciantes insisten en que estos hechos forman parte de un patrón estructural de coerción sexual, abuso de poder y manipulación emocional bajo un contexto de machismo sistémico. Reclaman una intervención de la UB y, en concreto, del rector como máxima autoridad académica, para activar mecanismos eficaces de protección y reparación institucional.
Frente a la posición de la UB, las voces críticas dentro de la universidad exigen que se actúe con urgencia y decisión. Entre las medidas reclamadas figura la apertura de una investigación independiente, imparcial y libre de interferencias por parte de los grupos CREA y TSIR, así como de cualquier persona directamente implicada en los hechos. Otra exigencia clave es la aplicación de medidas cautelares inmediatas, incluyendo la suspensión de cualquier función de dirección por parte de las personas implicadas, mientras dure el proceso de investigación.
Comuns solicita la de comparecencia parlamentaria del rector
Por otro lado, el grupo parlamentario de Comuns ha registrado dos solicitudes de comparecencia en el Parlament de Catalunya, exigiendo la presencia del rector Joan Guàrdia y de la consellera de Universidades, Núria Montserrat, para que informen sobre el caso del presunto acoso protagonizado por el catedrático emérito Ramón Flecha. Se reclama que expliquen qué medidas pondrán en marcha para garantizar el cumplimiento real del protocolo contra las violencias machistas de la UB, en un contexto marcado por una “clave desigualdad jerárquica” y la utilización de vínculos “sexoafectivos” como instrumento de control institucional.
En paralelo, Comuns solicita que se clarifique si el rectorado tiene previsto activar un procedimiento de “información reservada” —un paso previo a un eventual expediente disciplinario— y qué medidas cautelares se aplicarán mientras se esclarecen los hechos. El objetivo es asegurar que no se repita la pasividad institucional del pasado y que las víctimas encuentren respaldo real en su petición de justicia y seguridad académica.
