Primera hora de la mañana: una mujer entra en comisaría. Quiere interponer una denuncia contra su maltratador. Es hora de pisar el umbral de la justicia que la puede (o debería) salvar. Porque se supone que ahí empieza su camino hacia la protección. Al menos, eso es lo que dice el papel.
Pero para muchas mujeres, ese paso —tan necesario como temido— es solo el prólogo de un laberinto en el que falta información, acompañamiento y una protección real: 8 de cada 10 víctimas enfrentan el proceso sin información suficiente. No saben lo que está pasando, ni qué decisiones se toman, ni las consecuencias que tienen cada paso.
Hoy acompañamos a Andrea Cabezas, presidenta de Stop Violencia Vicaria, en ese trayecto. Ella lleva años sosteniendo a mujeres mientras atraviesan ese aún temido sistema judicial.
3 de cada 10 víctimas se sienten perdidas en el procedimiento
“3 de cada 10 víctimas solo se enteran de algo cuando preguntan ellas, y otras 3 se sienten completamente pérdidas durante todo el procedimiento”, cuenta Andrea. Ella fue una de las “completamente perdidas” cuando denunció a su maltratador. Por eso, ahora acompaña a las víctimas en el proceso judicial.
Sabe muy bien lo que supone el silencio institucional que se suma al dolor de sufrir violencia. Por eso, quiere ser altavoz que ayude a entender lo fundamental en un sistema que no trata a todas las víctimas por igual.
El primer paso: denunciar (pedir protección)
Cuando se presenta una denuncia por violencia machista, la ley activa protocolos policiales y judiciales diseñados para evaluar el riesgo y, si es necesario, dictar una orden de protección: prohibición de acercarse al agresor, retirada de comunicación o medidas de seguridad para ti y tus hijos e hijas.
Pero recibir esa orden implica saber qué va a pasar después. No es raro que queden miles de dudas: ¿Cuándo te llamarán de nuevo? ¿Puedes ir a trabajar? ¿Qué pasa con la casa donde vivías? ¿Puedes hablar con tus hijas e hijos? ¿El agresor puede acercarse a tus amistades?
Que alguien resuelva todas estas dudas es un derecho garantizado por Ley:
– Puedes pedir explicaciones claras a cualquiera de los agentes implicados en tu proceso de denuncia.
– Puedes exigir acompañamiento gratuito.
– Pues pedir apoyo de servicio de asistencia a víctimas (como el teléfono 016).
Desde Stop Violencia Vicaria insisten: “No solo puede denunciar la víctima: familiares, vecinas, profesionales sanitarios, servicios sociales o centros educativos también pueden hacerlo. En casos de violencia de género, la ley permite que el sistema actúe incluso aunque la mujer no denuncie, reconociendo así las barreras estructurales que dificultan enormemente dar ese paso”.
Vecinos, amigos, conocidos…espabilen.
Segundo paso: la defensa jurídica y su importancia
Iniciar el proceso de denuncia de la mano de una buena defensa jurídica es fundamental. Como víctima tienes derecho a una defensa jurídica totalmente gratuita. Tanto a un abogado como a un procurador. Se supone que la defensa debe ser “inmediata y especializada”. Pero en la práctica, los datos no abalan lo que un día las instituciones prometieron.
Andrea insiste “solo 1 de cada 10 mujeres sintió que su abogado o abogada luchó realmente por todas las medidas de protección necesarias. En cambio, 4 de cada 10 consideran que su abogado no insistió lo suficiente, 2 de cada 10 afirman que ni siquiera se solicitaron medidas básicas de protección, y 1 de cada 10 relata que su propio abogado actuó en contra de lo que ella pedía”.
¿Por qué es tan importante? Más allá de lo evidente
Existe un elemento clave que rara vez se tiene en cuenta, explica Andrea. Las víctimas están profundamente dañadas y traumatizadas durante todo el procedimiento: “No están en plenas facultades para tomar decisiones estratégicas, jurídicas o procesales”.
Si no tienen a una persona que las acompañe, las asesore correctamente y les explique cada paso, pierden el proceso: “No porque no tengan razón, sino porque el proceso penal tiene tiempos, fases y oportunidades que, si no se activan en su momento, se pierden para siempre. Medidas de protección que no se solicitan a tiempo, ingresos en prisión provisional que no se piden, pruebas que no se proponen… y luego ya es demasiado tarde”
“Nadie me dijo qué iba a pasar después”
Esa frase se repite una y otra vez, explica Andrea. Y lo que toca es pelear: entrar en una cadena de citas judiciales, pruebas, declaraciones, apelaciones. Una lucha que puede durar meses o años. Cada vista y cada trámite exige energía, información y un apoyo humano que no siempre llega.
Las víctimas se enfrentan a salas de vistas sin acompañamiento, a decisiones que no entienden, a silencios que pesan como amenazas. Algunas se enteran de medidas que les afectan por casualidad, no por comunicación institucional. Otras no saben cuándo su caso pasará a juicio. Esa incertidumbre se traduce en ansiedad, retraumatización y una sensación profunda de abandono.
Tercer paso: el (largo y doloroso) proceso
1. Juicio rápido: decisiones inmediatas
Lo más habitual es que las víctimas se enfrenten a un juicio rápido: un procedimiento penal urgente en el que el juzgado adopta decisiones inmediatas tras la puesta a disposición judicial del acusado.
Durante el juicio rápido la víctima puede solicitar:
– Declarar sin contacto visual con el acusado (biombo, videoconferencia u otras medidas de protección).
– Medidas para evitar la revictimización durante la comparecencia.
El acusado:
Es informado de los hechos y de sus derechos.
Puede aceptar o negar los hechos que se le imputan.
El juicio rápido puede finalizar con conformidad y sentencia, continuar sin conformidad por la vía de instrucción o archivarse. Andrea, insiste: “que no haya conformidad o que se archive no significa que no haya existido violencia”.
Si la víctima no acepta conformidad, continua el juicio por la vía de instrucción.
2. La fase de instrucción
En este momento el juez debe decidir si el procedimiento continúa o se archiva, en función de las diligencias practicadas y de los indicios existentes. ¿Cuáles son sus posibles salidas?
– Transformación a procedimiento abreviado: Si el juez aprecia indicios de delito, dicta auto de transformación. A partir de ese momento:
a. Se da traslado a las partes.
b. Las acusaciones formulan escrito de acusación.
c. La defensa puede oponerse.
– Auto de apertura de juicio oral: Presentados los escritos de acusación, el juez dicta auto de apertura de juicio oral, lo que implica:
d. El paso a la fase de juicio.
e. La celebración de una vista oral ante el órgano competente.
f. Ya no se investiga: se juzgan los hechos.
– Archivo o sobreseimiento: Si no existen pruebas suficientes para continuar el proceso penal:
g. Sobreseimiento libre, cuando el hecho no es delito o no existe responsabilidad penal.
h. Sobreseimiento provisional, cuando no hay pruebas suficientes en ese momento.
Revictimización en todos los pasos
La revictimización institucional es otro capítulo paralelo al proceso judicial al que se enfrentan las víctimas.
Según los datos recabados por Stop Violencia Vicaria, 6 de cada 10 mujeres se sintieron revictimizadas por jueces; 4 de cada 10 por fiscales; 3 de cada 10 por fuerzas y cuerpos de seguridad, y 2 de cada 10 incluso por su propio abogado. Muchas cuentan que pasaron de ser víctimas a sentirse cuestionadas, culpabilizadas o atacadas por las instituciones que se supone debían protegerlas.
No extraña, entonces, que 7 de cada 10 mujeres perciban la denuncia no como protección, sino como el inicio de un proceso hostil: “6 de cada 10 expresan miedo a que denunciar ponga en peligro a sus hijos e hijas”.
Andrea, víctima también de violencia machista, habla en primera persona: “Aunque consigas medidas de protección, aunque logres seguir adelante, el daño institucional permanece. La reivindicación es constante. Tienes que justificarte una y otra vez por haber sobrevivido. Presentar continuamente documentación, demostrar que sigues siendo víctima, explicar tu historia una y otra vez. Es como si quedaras señalada de por vida, como si no existiera una vida más allá de la violencia de género”.
Caminar entre juzgados: penal y civil, dos mundos paralelos
La mayoría de las víctimas, mientras se enfrentan al proceso penal, al mismo tiempo deben afrontar un proceso civil por separado —por divorcio, custodia de hijos e hijas o medidas de protección civil. Este proceso no se activa solo: hay que impulsarlo con abogados y procuradores. De ahí, de nuevo, la importancia del compromiso de la defensa juridíca con las víctimas.
Ese doble circuito sorprende a muchas. Mientras la justicia penal sigue su ritmo, el civil- donde se deciden casas, custodias, visitas y pensiones- depende de la capacidad de la víctima para mover cada pieza y a veces termina siendo un campo minado emocional y burocrático sin apoyo real.
Por eso, desde Stop Violencia Vicaria, insisten: “No basta con pedir a las mujeres que denuncien. Mientras denunciar siga percibiéndose como una ruleta rusa, mientras el sistema penal y el civil no estén preparados para proteger de verdad, seguiremos llegando tarde”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.