El proceso de García Ortiz o la demostración de que no somos iguales ante la ley

El principio de separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y el de igualdad ante la ley —fundamentales en cualquier sistema democrático— han sido sometidos a un inédito test de estrés en España durante los últimos 13 meses. El test culminó ayer cuando el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedó visto para sentencia en el Tribunal Supremo.

Por el camino recorrido durante estos 13 meses quedan reiteradas peticiones de dimisión a García Ortiz por parte de varios miembros y entidades de la carrera judicial, cerradas defensa del Gobierno sobre la inocencia del acusado y escenas paradójicas como la de una fiscalía que pide la absolución de su superior (lo cual únicamente contribuye a alentar la sospecha de parcialidad).

Una “anomalía absoluta”

Quizá sobre recordar que el origen de este insólito juicio, el primero de la historia a un fiscal general. Comenzó en octubre de 2024, cuando el Supremo decidió abrir una causa contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso contra Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.

Tras confirmarse el procesamiento de García Ortiz, varias asociaciones judiciales pidieron al fiscal general del Estado que renunciara a su cargo por “el daño” al Ministerio Fiscal. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, por ejemplo, subrayó la “situación de anomalía absoluta” que suponía la situación procesal de García Ortiz y “la paradoja” de que el acusado fuera “el superior jerárquico” de los dos fiscales que han participado en el proceso (y que han pedido la absolución de su jefe).

Otras escenas son más difíciles de calificar, pero no pueden pasar inadvertidas, como la del largo aplauso que sus colegas le dedicaron a García Ortiz en un patio de la Fiscalía General del Estado antes de emprender el camino hacia el Supremo el 3 de noviembre.

Sánchez: “Es inocente”

Sin abandonar el terreno de lo difícil de calificar tampoco puede ignorarse la aparición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en El País en mitad de las seis sesiones que ha durado el juicio:

—El Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.

—Pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo ese criterio?

—Respeto su pregunta, pero le digo que creo que la verdad se acabará imponiendo. Y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.

Así se pronunció Sánchez este pasado 9 de noviembre, cuando todavía quedaban tres sesiones del juicio del fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno absolvió a su manera a García Ortiz y la neutralidad institucional se esfumó.

El abogado de García Ortiz

En la primera sesión, la del 3 de noviembre, García Ortiz se atavió con la toga de fiscal y se sentó junto a la abogacía del Estado y la Fiscalía. La imagen explicaba por sí sola lo extraño que acabó resultando aquello de que todos somos iguales ante la ley.

Escribe Santiago Milans del Bosch, antiguo juez y fiscal y hoy abogado: “Aquí no se juzga una decisión institucional del Ministerio Fiscal, sino la actuación individual del Sr. García Ortiz, presuntamente realizada al amparo de su cargo. No hay razón legal alguna para que la Abogacía del Estado intervenga en la defensa del fiscal general. (…) La práctica demuestra que otros altos cargos públicos —miembros de la Casa Real, presidentes autonómicos o ministros—, cuando se han visto encausados, han debido costear su defensa de su propio bolsillo“.