Montero amaga con limitar la “autonomía política” de Ayuso y llevará su modelo al Congreso antes de verano

María Jesús Montero desplegó el viernes todo su capital político y retórico para vender las bondades de la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica que lleva ultimando, con sigilo, desde noviembre. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda presentó en la sede de su departamento una propuesta que ya ha sido criticada por aliados parlamentarios como Junts, BNG, Compromís o la Chunta Aragonesista.

Que ha llevado a Emiliano García Page, presidente castellanomanchego, a pedir elecciones generales (su región recibiría 1.248 millones de euros extra), y a los barones y baronesas del PP a amenazar con la vía judicial. Sin dejar de acusar al Gobierno de actuar con la única voluntad de favorecer a ERC. Un día antes de la presentación, Oriol Junqueras se vio en La Moncloa con Pedro Sánchez y anticipó que el modelo cuenta con su aval, porque dotará a Cataluña de 4.700 millones más de lo previsto, aunque todos los territorios recibirían inyecciones extraordinarias.

Montero presumió de los 21.000 millones de euros que la Administración General del Estado dejará de percibir en favor de las comunidades autónomas, o de los 4.900 millones que obtendrá Andalucía, donde además es candidata del PSOE a las elecciones.

Pero no detalló la fórmula por la que podría servirse de este nuevo sistema para imponer por ley “límites al ‘dumping fiscal’ entre comunidades autónomas, con el foco puesto en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y con la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, en su diana.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que aún no está claro cómo actuarán para evitar esta competencia fiscal entre regiones, aunque resumen que hay que elegir entre dos caminos: “Si [lo hacemos] ejerciendo nosotros nuestras competencias, o limitando las suyas [de las CCAA]”.

Limitar la capacidad política de las CCAA “atentaría contra su autonomía”

Más allá del caso concreto del ‘dumping fiscal’, en Hacienda aseguran que se plantearon imponer algunos requisitos para que las comunidades autónomas accedan a estos recursos extraordinarios, pero desistieron de hacerlo. Esto no significa que cierren la puerta a revisarlo “si alguien lo plantea en la tramitación parlamentaria”, aunque hasta ahora se han mostrado reacios a actuar por estas vías.

“Sería limitar la capacidad política [de las CCAA]”. “Atentaría contra la autonomía política”, apostillan. La propia vicepresidenta se reivindica como “autonomista”, si bien en su departamento muestran hartazgo por tener que apretarse el cinturón desviando recursos a las CCAA.

Para que, después, los ejecutivos regionales, en su mayoría gobernados por el PP, no siempre destinen estas partidas a mejorar la sanidad o a la educación. Quitárselo de sus arcas, de acuerdo, “pero que no vaya a Quirón” ni a “la educación privada”, responden desde Hacienda.

El impuesto a las grandes fortunas, precedente y aviso para navegantes

Fue la propia Montero quien recordó que el Ejecutivo ya actuó para evitar que Madrid y Andalucía vaciaran de capacidad recaudatoria el impuesto de Patrimonio, en manos de las CCAA. En 2022, el Gobierno impulsó el tributo a las grandes fortunas, que permitió a la Administración General del Estado recaudar más entre los más pudientes. Y acabó desembocando en que Madrid recuperase el impuesto de patrimonio, para poder administrar esos recursos, a los que antes renunciaba.

“Hay grupos que no comparten que se le ponga límite al dumping fiscal”. “Que haya territorios con mucha capacidad tributaria” que se opongan, “lo puedo entender”. Pero, que lo hagan “los que tienen menos recursos, ya no lo puedo entender”, afirmó la vicepresidenta. Y, por despejar cualquier duda, aseguró que algunos territorios “se ven arrastrados porque lo hace una comunidad”, de nuevo en referencia a Madrid. “Si uno está pidiendo más recursos, exprime antes tu capacidad tributaria”, recetó.

Por su parte, desde Sumar, socio minoritario de la coalición, avalaron esta idea pero pidieron ir más lejos, reclamando imponer “un suelo fiscal” con “condiciones a los impuestos que graban la riqueza”. En declaraciones desde Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, advirtió de los riesgos de no actuar en esta dirección: “No podemos volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y que esos recursos los utilicen algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, para eliminar impuestos a los más ricos”.

El Ejecutivo quiere que la financiación llegue al Congreso antes de verano

Entre otras cuestiones, cerca de 16.000 de los 21.000 millones extra para las comunidades autónomas provendrían de una mayor capacidad recaudatoria en lo que respecta al IVA y al IRPF. Montero tiene que llevar su plan al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en dos ocasiones, la primera este miércoles -la primera ocasión en que explicará el modelo directamente a los territorios-. Después, el Consejo de Ministros deberá iniciar su tramitación como proyecto de ley.

Tras su aprobación en primera vuelta llegará el turno de recabar informes preceptivos (del Consejo de Estado o del CGPJ, entre otros). Y la intención de la vicepresidenta es que pase por el Consejo de Ministros en segunda vuelta en los últimos meses del segundo trimestre, para que pueda aterrizar en el Congreso de los Diputados “en este periodo de sesiones”, afirman desde el Ejecutivo. Esto es, antes de verano.

De llegar a la Cámara Baja hoy, Montero tendría garantizado el fracaso de su receta. Junts per Catalunya ya ha rechazado avalar cualquier cambio para Cataluña que no les equipare con el cupo vasco. El BNG ha considerado “insuficiente, centralista y lesiva para Galiza” esta reforma.

Compromís ha mostrado recelos, y el diputado del CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, hoy también candidato a las elecciones aragonesas, ha anticipado que, de seguir en estos términos, también votaría en contra.

La mochila de Pilar Alegría: Aragón queda “en la zona templada” de la tabla

Montero, como el propio Sánchez y el resto del Gobierno, pelean para difuminar cualquier rastro entre esta norma y los intereses de ERC. Repiten que todas las comunidades autónomas se ven beneficiadas por el reparto. Que, como prometió la vicepresidenta, “no hay cupo” catalán.

La ministra de Hacienda y candidata andaluza disputará las elecciones previstas para mitad de año con la promesa de 4.846  millones de euros extra para su tierra. Que sumará a los 19.000 millones de deuda regional que ofreció asumir desde la AGE. En ambos casos sabe que necesita de votos para que estos planes lleguen al BOE.

El caso de Pilar Alegría, exministra portavoz y hoy candidata por Aragón, es algo más complejo. El anuncio de Junqueras tras salir de Moncloa llegó un mes antes de la cita con las urnas (8-F). En la jornada anterior, la exministra había asegurado que el acuerdo “no perjudicará” a su región; que defenderá “con uñas y dientes” que Aragón sea “respetada”.

Al igual que Andalucía o Cataluña están entre las grandes beneficiadas del sistema propuesto, fuentes de Hacienda reconocen que Aragón sigue ocupando más o menos el mismo puesto en el ránking de las CCAA. Que permanece “en la zona templada”. Esto supone recibir casi 630 millones de euros extra.

Alegría, que en su periodo como portavoz tuvo que garantizar que la reforma no supondría un agravio entre territorios, enfatiza ahora las dimensiones de estas cifras. El viernes, recordó que Aragón ha recibido en estos años más de 30.000 millones de euros, del Gobierno, un 43% más que en los años de Mariano Rajoy.

Toda mención al rol de ERC, que advirtió de que el modelo nunca saldría adelante sin su aval, se despeja aludiendo a esta lluvia de millones. Aunque siguen sin tener los votos necesarios para hacerla efectiva, BOE mediante.