Casi 21.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desvelado este viernes las claves de su propuesta de sistema de financiación, que este jueves avaló el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras anunciar que reportará a Cataluña un extra de 4.700 millones de euros.
Para sumar estos recursos, Montero plantea que los gobiernos autonómicos asuman una mayor recaudación del IRPF y del IVA. Pasaría de ceder el 50% del IRPF a alcanzar el 55%, y del 50% al 56,5% en el caso del IRPF. Estos cambios supondrían una inyección de 16.000 millones de euros para los territorios, en detrimento de las arcas de la Administración General del Estado.
La ministra de Hacienda no explicará su modelo directamente a las comunidades autónomas hasta el miércoles, cuando ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como ha anunciado la propia Montero. Será la primera vez en la que debata con los ejecutivos autonómicos sobre este modelo, anunciado sin detalles en noviembre, y desarrollado con total sigilo durante estos meses.
La ordinalidad dependerá de cada CCAA
Después del CPFF, la vicepresidenta se abre a reuniones bilaterales con las distintas comunidades, para aprobar la norma en Consejo de Ministros y remitirla al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación lo antes posible. La intención es que entre en vigor “el año que viene”. Esto les obligará a apurar los plazos mientras se desarrolla el nuevo ciclo electoral, con el PP acusándoles de actuar únicamente para favorecer a Cataluña.
En rueda de prensa en la sede del Ministerio, Montero ha validado el argumento expuesto por Junqueras, que defiende que Cataluña será la tercera comunidad que más aporte y la tercera que más reciba. La construcción del modelo, afirmó, “tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no”. En el caso catalán, así será.
La más beneficiada del reparto propuesto será Andalucía, como ocurrió con su plan de asunción de la deuda autonómica. Lograría 4.846 millones, lejos de Cataluña y de Comunidad Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555, pese a ser la que más aporta). Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, reconoció que sólo Cantabria y Extremadura verían mermados sus recursos con esta fórmula, si bien serían compensadas por otras vías.
Corregir desigualdades
Con la propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno “asume su responsabilidad” al cumplir con uno de los objetivos que comprometió al inicio de la legislatura, tal y como ha asegurado la ministra durante la presentación del nuevo sistema.
Para justificar la modificación el Ejecutivo alega una corrección de las desigualdades que el modelo actual evidencia en la dotación por autonomías. En el actual marco, existen más de 28 puntos de diferencia entre la más y menos financiadas. Así, Montero ha manifestado que “no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo que tiene ya 17 años”.
El punto de partida se basa en la idea de diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para la corresponsabilidad fiscal. Aunque esconde serios problemas. Según Montero, la complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí. Pese a ello, confiesa que “no puede existir un modelo a medida para cada comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica“.
Nuevo calculo de población ajustada
Así, el Ejecutivo ha reformulado el cálculo de la población ajustada. Este indicador determina la cifra exacta de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que inciden directamente en el coste de prestación de los servicios y, por ende, en las necesidades de financiación. La referencia sufre con el nuevo modelo una serie de modificaciones sobre la situación vigente.
Los criterios que se tendrán en cuenta ahora son muy diferenciados. En la nueva escala, las cifras de padrón suponen el 30% de la ponderación de población ajustada. Por su parte, la población protegida, que determina en mayor medida el gasto sanitario, es equivalente al 38%.
Se trata de la partida presupuestaria más elevada en las comunidades autónomas. Actualmente, la población protegida según el modelo vigente se clasifica en siete grupos; con la propuesta presentada por el Gobierno, este número se ampliaría a 20 grupos de edad, lo que, según Montero, permite aproximar de manera más precisa los costes sanitarios a las necesidades de los beneficiarios.
En el ámbito educativo, el cálculo del gasto se basa en el número de habitantes de entre 0 y 17 años, lo que representa una ponderación del 17%. En este caso también se incorporan dos nuevos criterios: el número de jóvenes de 18 a 24 años que cursan estudios universitarios o de formación profesional. Y el número de estudiantes universitarios que se trasladan desde otras comunidades para estudiar. De este modo, se reconoce el coste que implica que una comunidad reciba estudiantes de otras regiones. Estas variables tendrán una ponderación adicional del 3,5%.
Algunas de las novedades
Los servicios sociales también presentan novedades. Como ocurría anteriormente, se sigue considerando la población mayor de 65 años, dado que estas edades suelen requerir una mayor asistencia -y por tanto financiación-, por ejemplo, en materia de dependencia. El cambio es que ahora se desglosa en dos tramos: de 65 a 79 años y a partir de los 80 años. Y eleva la ponderación de esta variable en 3,5 puntos.
Otra modificación incorporada al modelo, con un peso del 1,5%, es el número de parados sin prestación social. Además de estas grandes áreas que determinan la población ajustada -sanidad, educación y servicios sociales-, se incluyen otros factores que afectan al coste de la prestación de servicios. Entre ellos se encuentra la superficie, medida en kilómetros cuadrados de cada comunidad, que supone un 1,6% de la ponderación. La dispersión y la insularidad, con un 0,5% cada una. Y los costes fijos, que representan un 0,4%.
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