Tres cuartas partes de los españoles no habían nacido o eran menores de edad en el 23F. El dato es importante porque es una materia que principalmente pertenece a los historiadores y que debería estar fuera de las peleas diarias de la política nacional más allá de que nos interese a todos los que queremos destapar nuestra memoria. Hay un primer sentido pedagógico en esta desclasificación. El relato que hemos conocido en las últimas horas no cambia mucho respecto al que teníamos pero es necesario para que todas estas generaciones no olviden que hubo un grupo que en el peor momento de nuestra historia atentó contra la soberanía del pueblo español. Creo que los documentos que hemos conocido no revelan grandes secretos pero este acto de transparencia puede acabar con una tradición conspiranoica que existe desde entonces.
El material que ha visto la luz desvela incluso que después del golpe el Partido Comunista de España advirtió del “peligro que supone dejar a la extrema derecha imperar en el mercado negro del rumor e incidir en la implicación del Rey en el golpe”. Una cosa es que conozcamos que llamadas hizo el Rey emérito desde que el exteniente coronel Antonio Tejero entra en el Congreso de los Diputados hasta que TVE emitió a la 1.15 de la madrugada el mensaje grabado por el rey Juan Carlos condenando el golpe. Otra bien distinta es que nostálgicos de la dictadura junto con sectores de la izquierda y el nacionalismo se hayan agarrado a múltiples especulaciones sobre el papel de Juan Carlos I en las fechas previas al golpe y sobre su actuación el 23F para erosionar la Monarquía parlamentaria.
Los documentos que hemos conocido confirman la versión conocida de que Alfonso Armada fue el gran intrigante del golpe y confirman que el papel del rey emérito fue decisivo para frenarlo. Es probable que los amantes de las conspiraciones no se sientan satisfechos con este ejercicio de transparencia. La teoría de que Juan Carlos I animó a los golpistas y luego los dejo en la estacada ha sido un argumento repetido por los propios conspiradores durante estos 45 años. No se si después de lo visto estos grupos van a cambiar de versión pero con lo que tenemos en la mano está claro que el entonces Rey consiguió, no solo que no triunfase el golpe, sino también evitó un baño de sangre entre militares y civiles. Ahora sabemos también que los militares que tomaron RTVE habían recibido la orden de “disparar a dar” si alguien se oponía a sus objetivos y que la Policía Nacional asumió que la toma del Congreso podía suponer un coste de entre 80 y 110 vidas humanas.
En estos tiempos que corren con tantas falsas noticias creo que sería muy interesante que el Gobierno levantase el veto a otras informaciones que tiene en su mano y que pueden aclarar aspectos opacos del final del franquismo y la Transición como la guerra sucia contra ETA o algunas actuaciones policiales. A mi por ejemplo me encantaría conocer toda la documentación previa y posterior al golpe elaborado por el Cesid, precedente del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, sobre el célebre ruido de sables que derivó en el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Si no hay documentos previos sería muy grave porque querría decir que el servicio de información militar no se enteraba de nada. Y si tampoco hay después tenemos un problema porque nunca sabremos que falló y que cómplices podría haber tenido el golpe desde dentro del Cesid. Lo que siempre han defendido diferentes historiadores es que los servicios de inteligencia no eran ni plenamente democráticos ni funcionaban con métodos de clasificación de documentos democráticos porque lo que se intentaba era defender a la cúspide. La investigación abarcó casi a 200 personas, pero solo un civil fue condenado y nadie de los servicios secretos. Ahora sabemos que el CESID estaba implicado. Participaron en la rebelión activamente y cuatro de los seis implicados no fueron procesados. Otra de las incógnitas era saber si había una trama civil apoyando el golpe y ahora sabemos que era más numerosa de lo que pensábamos. En el banquillo solo hubo un civil pero la duda es si querían formar un gobierno de concentración porque tenían miedo de que aquello acabará en un golpe contra la democracia y era mejor hacerlo de una forma negociada. Y aquí podrían ser claves un material que todavía no ha visto la luz: las escuchas telefónicas y comunicaciones interceptadas entre la Zarzuela, la Moncloa y las capitanías generales durante aquellas horas críticas.
La decisión del Gobierno también sienta un precedente que no puede ser una excepción. Historiadores, partidos políticos como el PNV y periodistas llevan años reclamando una nueva Ley de Secretos Oficiales. El anteproyecto se aprobó hace siete meses pero la Ley está aparcada en el Congreso. Tal y como algunas formaciones la han pedido tiene puntos cuestionable pero es una revisión necesaria de la transparencia del Estado. La solidez de una democracia asentada como es España se mide también por su capacidad de analizar y entender su pasado, incluso el más oscuro. El carácter secreto de algunas informaciones por una cuestión de seguridad nacional carece de sentido aunque mucha información pudo haber sido destruida o filtrada.
Si lo que quería el Gobierno era cerrar este capítulo de la historia de España desclasificando este material, el azar quiso que el mismo día en el que se desclasificaban estos documentos, el pasado miércoles, por la tarde se conociera la muerte de Antonio Tejero. El ex teniente coronel de la Guardia Civil, el protagonista que puso cara al golpe más indigno que se ha dado a nuestra democracia a la que tuvo secuestrada durante 17 horas, ha muerto cuando hemos comenzado a tener un poco más de luz en uno de los días más tristes que ha vivido este país. Ha sido una simbólica forma de poner punto final al 23F. De nuevo la realidad supera con creces la ficción.