Los documentos desclasificados del 23-F siguen arrojando información de enorme impacto político e histórico. Uno de los informes difundidos este miércoles apunta directamente a la implicación de seis miembros de una unidad operativa del antiguo CESID en la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Y añade un elemento aún más delicado: que después habrían intentado encubrir su papel mediante una operación destinada a justificar sus movimientos.
La referencia aparece en un documento desclasificado por el Ministerio de Defensa y forma parte del paquete de archivos publicados por el Gobierno dentro de la desclasificación general del 23-F, un proceso que incluye 153 unidades documentales de distintos departamentos del Estado y del antiguo servicio de inteligencia.
La revelación sitúa de nuevo al CESID en el centro de una de las grandes preguntas del 23-F: hasta dónde llegaban los conocimientos previos dentro de las estructuras de inteligencia y qué ocurrió después del fracaso del golpe.
Qué dice el informe sobre los seis agentes
Según la información difundida por Europa Press, el documento sostiene que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID “participaron activamente” en los hechos. El texto, además, distingue dos posibles niveles de implicación: que conocieran el golpe antes de producirse o que hubieran planificado y ejecutado un apoyo operativo durante aquella jornada.
El mismo informe añade que, tras la intentona, esos agentes habrían tratado de encubrir su participación activando una operación que sirviera para justificar sus movimientos el 23 de febrero. Es precisamente ese pasaje el que convierte esta pieza en una de las más sensibles entre los documentos desclasificados del 23-F, porque no habla solo de conocimiento previo, sino de una supuesta maniobra posterior de cobertura interna.
Estamos ante el contenido de un informe de inteligencia desclasificado, no ante una sentencia nueva ni una revisión judicial del caso.
Los nombres que aparecen y el caso Cortina
La documentación mencionada identifica por nombre a cinco miembros de esa unidad: los capitanes García Almenta y Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales y los cabos Monge Segura y Moya Gómez. De ellos, el documento afirma que “conocían los hechos concretos” antes de que ocurrieran.
También se alude al comandante José Luis Cortina, que dirigía la AOME y fue una de las figuras más controvertidas del caso en su momento. El informe, según la información publicada, señala que no está comprobado que supiera del intento de asonada, pero añade que existían indicios de que así fuera. Cortina fue absuelto en el juicio del 23-F, por lo que este punto vuelve a abrir una zona de debate histórico ya muy discutida durante décadas.
Ese contraste entre lo que dice el informe y lo que resolvió el proceso judicial original es una de las razones por las que estos documentos desclasificados del 23-F van a requerir una lectura muy cuidadosa por parte de historiadores y periodistas.
Por qué esta revelación es tan relevante en la desclasificación del 23-F
El interés de este documento va más allá de los nombres. Toca una cuestión estructural: el papel de los servicios de inteligencia en una crisis institucional extrema y la posibilidad de que dentro del propio aparato del Estado hubiera agentes con conocimiento previo o implicación operativa.
En términos de impacto público, esta pieza refuerza la idea de que los documentos desclasificados del 23-F no solo aportan detalles de contexto, sino también acusaciones internas muy serias, con lenguaje directo y consecuencias potenciales en la interpretación histórica del golpe.
Al mismo tiempo, obliga a distinguir entre categorías documentales. Un informe de inteligencia puede contener alertas, hipótesis, conclusiones preliminares o reconstrucciones internas. Su publicación aporta valor histórico, pero no elimina la necesidad de contrastar autoría, fecha, contexto y finalidad del documento dentro del entramado del CESID de la época.
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