Sánchez, acorralado por su debilidad parlamentaria: “No se nos puede exigir más”

El Gobierno intenta que PP, Vox y Junts, paguen la factura por la derogación de dos de los cuatro reales decretos leyes contra los que votaron el jueves, en el Congreso de los Diputados. Un día antes, fuentes del Ejecutivo pregonaban tener poco margen para hacer cambios, y así lograr que el decreto de escudo social, con la prohibición de desahuciar a cerca de 60.000 familias vulnerables, sobreviviera a la votación. No la superó. “Lo hemos traído dos veces. ¿Lo traemos tres, cuatro y cinco?”. “Al Gobierno no se le puede pedir más”, afirmaron.

Pedro Sánchez se ve acorralado: a su derecha, Junts tumba una norma que el Gobierno ya descafeinó por exigencia del PNV. Fue un un “gesto” que en sus filas interpretaron que podría agradar a los neoconvergentes. A su izquierda, además, se topa con su socio de Gobierno, Sumar, que busca una receta para no dejar caer “ninguna” de las medidas que entraron en vigor con su publicación en el BOE, y la mayoría ocasional de las tres derechas logró tumbar el jueves.

Además del escudo social, les escuece la derogación del decreto ley para topar precios de determinados bienes y servicios esenciales de forma temporal, ante emergencias como el grave accidente de tren en Adamuz. Hasta hoy, Junts no había dado pista de sus intenciones, y en sus filas no entienden su rechazo a esta norma. Como tampoco comprenden su desprecio al escudo social. “Les va a pesar”, vaticinaban fuentes de Sumar en el Ejecutivo.

Además de la presión de sus socios, en el ala socialista notaron el aliento de formaciones como ERC, EH Bildu o el BNG, que escasas horas después de la votación exigían incorporar las políticas del escudo social al proyecto de ley de dependencia, hoy en tramitación parlamentaria. Desde estas fuerzas destacaron que el Gobierno suele encontrar vías para mantener en el BOE buena parte de las iniciativas que considera prioritarias. El medio no les preocupa, y sólo insisten en que hay que garantizar el fin.

“No puede permitir que se desahucie a miles de familias. Tienen que encontrar una solución para evitar esos desahucios, ya deberían haberlo hecho”, afirmaron desde Podemos. Los morados, que criticaron el pacto entre el Gobierno y el PNV para exceptuar de la prohibición de desahuciar a los inquilinos vulnerables a los caseros con hasta dos viviendas, optaron hace semanas por garantizar sus votos.

Reivindican como propio el escudo social, que Sánchez desplegó por primera vez con Podemos en el Gobierno. Hoy han asistido a su segundo naufragio, casi un mes después de que estas normas, que entonces estaban incluidas en el decreto ómnibus, se estrellaran contra la mayoría de derechas.

“Si alguien piensa que hay posibilidad de acuerdo con Junts, que la articule”, retaban desde el socio mayoritario de la coalición antes de la derrota. La misma fuente del Consejo de Ministros se cerraba a desgajar la prohibición de desahuciar de otras medidas sociales de su decreto: “No lo ve la izquierda”. Todas las vías de escape se antojan bloqueadas.

El ala socialista no desvela si troceará el escudo social: “Veremos”

Tras esta derrota, tanto el Ejecutivo como el PSOE han optado por el mutismo. Fuentes de Moncloa se limitaban a despachar con un “veremos” las preguntas sobre la estrategia a seguir a partir de ahora.

Cuando el decreto ómnibus saltó por los aires, a finales de enero, el Gobierno se resistió inicialmente a desgajar medidas como la subida de las pensiones -aprobada por separado este jueves- de otras como la garantía de suministros básicos a los hogares vulnerables.

O de la prohibición de desahuciar, la más criticada por las derechas, aunque no alude a la okupación, como reitera Junts. El Ejecutivo cambió de opinión en cuestión de días. El jueves, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se afanó por evidenciar que PP y Junts ya votaron a favor de un texto prácticamente idéntico en 2025. Ahora optan por un giro de 180 grados que los socialistas no entienden ni ven explicable ante la ciudadanía.

No aclaran sus próximos pasos, porque entienden que ahora “el foco está en quienes han votado en contra”. Es una respuesta similar a la que esbozaron cuando fracasó el decreto ómnibus con las subidas de las pensiones, y finalmente tuvieron que trocearlo. A la interna, hay dirigentes que se plantean hasta cuándo tendrán que estar “salvando” los destrozos que ocasionan partidos como PP y Junts con sus votos. Y que no quieren avanzar fórmulas que puedan lograr el aval de los de Carles Puigdemont a estas medidas.

Entienden que, como ocurrió con las pensiones -también en mitad de una campaña electoral, entonces en Aragón-, al parchear la situación impidieron que la oposición sufriese el castigo de la calle. Este jueves, a escasas horas de que arrancara la campaña en Castilla y León, han vuelto a la casilla de salida con el escudo social.

El balance parlamentario en febrero, primer mes hábil, es insatisfactorio. Desde el arranque del año, además, las advertencias del PNV sobre los signos de agotamiento de la legislatura se han hecho cada vez más explícitas. Los de Puigdemont se han negado a ir de la mano de Sánchez y Yolanda Díaz en cada ocasión posible.

El ejemplo anterior se dio el martes, cuando rechazaron una proposición de ley de Sumar para frenar los despidos por deslocalizaciones empresariales. Los mismos partidos que les amargaron el jueves les hicieron morder el polvo entonces.

El miércoles, un día después de que las tres derechas impidieran siquiera tramitar la norma de los despidos de Sumar, y uno antes de que tumbaran el escudo social y los topes de precios, en el ala socialista del Gobierno insistían en señalarles. 

Hoy se cierran en banda y repiten que deben dar cuentas por sus decisiones. Se esfuerzan por lograr que cale que son estos partidos, los que votaron en contra de iniciativas sociales del Ejecutivo, quienes deben abonar la cuenta ante sus frustrados beneficiarios. Cuestionado sobre qué pasos darían al decaer el escudo social, un ministro señalaba a la oposición y evitaba responder: “No me quedo con la pregunta”. La consigna es señalar a PP, Vox y Junts. Sin dar pistas sobre posibles soluciones.