Desde la incursión estadounidense en Venezuela el tono de la política exterior de la Casa Blanca ha escalado. El foco de esa escalada se ha concentrado en un territorio concreto: Groenlandia, región semiautónoma del Reino de Dinamarca. El presidente Donald Trump y su entorno han insistido en que Estados Unidos “necesita” la isla por razones de seguridad nacional, sin descartar instrumentos que van desde la compra hasta el uso de la fuerza. El debate de fondo es antiguo: ¿puede un país “comprar” otro territorio (o persuadir económicamente a su población) para cambiar de soberanía?
La Casa Blanca confirmó a la BBC que Trump y su equipo “están discutiendo una gama de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior, y por supuesto, utilizar el ejército de Estados Unidos siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”. El argumento oficial pivota sobre el Ártico: “Nuestros adversarios comunes han estado cada vez más activos en el Ártico”, dijo un portavoz del Departamento de Estado, subrayando un interés compartido con Dinamarca y los aliados de la OTAN. Trump, por su parte, reiteró el fin de semana que Estados Unidos “necesita Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”.
Europa reaccionó en bloque. Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca recordaron que “Groenlandia pertenece a su gente” y reclamaron el respeto a la soberanía y la integridad territorial. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidió “diálogo respetuoso” y recalcó que el estatus de la isla está “arraigado en el derecho internacional y el principio de integridad territorial”.
En el terreno, la inquietud es palpable. Alrededor de mil personas protestaron en marzo de 2025 contra las amenazas previas de Trump.
De Alaska a las Islas Vírgenes
¿Existe entonces un precedente para “sobornar” a un país o a su población? La historia ofrece ejemplos. Estados Unidos ha sido especialmente activo en adquisiciones territoriales: compró Alaska a Rusia en 1867; en 1917 adquirió a Dinamarca las actuales Islas Vírgenes estadounidenses por 25 millones de dólares; y en 1946, ya en la Guerra Fría, la administración Truman ofreció 100 millones de dólares en oro por Groenlandia, alegando que era “completamente inútil para Dinamarca” y “indispensable para la seguridad de Estados Unidos”. Copenhague rechazó la oferta. Desde entonces, el principio de autodeterminación ha convertido estas transacciones en excepciones históricas.
Ese cambio legal es clave hoy. Expertos citados señalan que la venta directa de territorios (y de sus habitantes) es prácticamente inviable en el marco contemporáneo. La ley de autogobierno de 2009 en Groenlandia establece que cualquier cambio de estatus debe decidirlo su población mediante referéndum. Un sondeo reciente indicó que el 85% no quiere convertirse en parte de Estados Unidos. En palabras del propio Nielsen, “nuestro país no está en venta”.
Ante ese muro, Washington explora vías alternativas que no pasan por un cheque directo. Una de ellas es un “compacto de libre asociación”, similar a los acuerdos de Estados Unidos con pequeños Estados del Pacífico: soberanía formal a cambio de protección militar y beneficios económicos. Otra es intensificar una campaña de inversión y vínculos educativos. El propio Departamento de Estado dijo estar “ansioso por construir relaciones comerciales duraderas que beneficien a los estadounidenses y al pueblo de Groenlandia”. En esa línea, se ha reabierto el consulado en Nuuk y se nombró un enviado especial.
“Nadie va a pelear con EE.UU. por el futuro de Groenlandia”
Pero el trasfondo coercitivo no desaparece. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, admitió ante el Congreso que el Pentágono tiene “planes para cualquier contingencia”. Un alto asesor presidencial afirmó en CNN que “nadie va a pelear con Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”. Y Trump llegó a advertir que su país “irá tan lejos como tenga que ir” para controlar el territorio. Dinamarca respondió con una línea roja: la primera ministra Mette Frederiksen advirtió que un ataque estadounidense “significaría el fin de la OTAN”.
Paradójicamente, Estados Unidos ya goza de un acceso militar muy amplio. Un acuerdo de 1951, actualizado en 2004 con la participación del gobierno groenlandés, permite a Washington “construir, instalar, mantener y operar” bases, además de controlar movimientos aéreos y marítimos. Hoy mantiene la base espacial de Pituffik, mientras Copenhague ha mostrado disposición a ampliar la presencia aliada.
Aunque comprar territorios fue posible cuando imperios y Estados trataban la tierra como mercancía. Hoy, la autodeterminación y la oposición expresa de la población convierten cualquier “soborno” (sea un cheque, inversiones masivas o promesas como ofrecer la residencia) en un atajo políticamente tóxico y legalmente dudoso.