La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se estrenará en un Consejo de Ministros de marcado carácter social. La última reunión ordinaria del año aprobará la prórroga del escudo social activado tras la pandemia. Tras el acuerdo con EH Bildu -anunciado ayer por la formación independentista vasca, a la que el Ejecutivo cedió el protagonismo-, se extenderán durante 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y el bono social eléctrico.
No serán las únicas medidas con impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Tal y como anunció Sánchez, se aprobará también la prórroga de los descuentos al transporte, así como la creación de un abono único por 60 euros mensuales. Podría aprobarse, además, la revalorización de las pensiones para 2026. La subida general de las pensiones contributivas será del 2,7%. La Seguridad Social aún debe concretar el incremento de las pensiones no contributivas. Según las estimaciones de IVIE, las pensiones no contributivas, que perciben mayoritariamente mujeres -más del 60%- subirán un 11,5% en 2026.
Sin embargo, quedará fuera de la agenda del Ejecutivo la prórroga de los más de 600.000 contratos de alquiler que vencen en 2026. Se trata de una medida que Sumar, socio de coalición del Gobierno, ha exigido en las últimas semanas. La propuesta pretende congelar los alquileres se mantengan durante tres años adicionales, más allá de los cinco que ya estuvieron fijos al IPC.
Más de 1,6 millones de personas en vilo
Tras conocerse el acuerdo con EH Bildu, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, insistió en que la petición de que se prorroguen los alquileres que van a vencer en 2026 es una “absoluta prioridad política”. A su juicio, no valen “excusas técnicas” ni “jurídicas”. “Mientras haya voluntad política se puede convocar el Consejo de Ministros en cualquier momento para que esta prórroga sea aprobada”, afirmó. En rueda de prensa, Hernández recordó que Sumar reclamó la prórroga del escudo social desde el primer momento. Aunque la imagen pública del acuerdo recayó en EH Bildu, desde el partido de Yolanda Díaz aseguran que no existe malestar por ello. Pero el Ejecutivo habría atendido así solo de forma parcial las demandas de su socio.
Lo cierto es que más de 1,6 millones de personas permanecen pendientes de la renovación de su contrato de alquiler en 2026. Son los afectados por los más de 600.000 contratos de alquiler que expiran el próximo año. Su vencimiento obliga a afrontar una mudanza o asumir subidas significativas de la renta. El precio de la vivienda en alquiler encadena ya 44 meses (3,6 años) consecutivos al alza, según los datos de Fotocasa.
Una subida imparable
A su vez, los datos de Idealista ilustran bien este desfase. En diciembre de 2020, alquilar un piso tipo de 80 metros cuadrados costaba de media 824 euros. Si ese contrato se hubiera ido actualizando conforme a una subida media del IPC del 2,5%, la revisión aplicada en diciembre de 2024 situaría hoy la renta en torno a los 910 euros.
La realidad del mercado, sin embargo, ha evolucionado a un ritmo muy superior al de esas actualizaciones reguladas. En la actualidad, el alquiler medio de esa misma vivienda alcanza los 1.168 euros. Renovar el contrato a precios de mercado supondría, por tanto, un incremento mensual cercano a los 260 euros: alrededor de un 30% más que la renta revisada el año anterior y más de un 41% por encima del precio pactado en 2020. En áreas especialmente tensionadas, como Madrid, el desfase es todavía mayor. Allí, el alquiler medio ha pasado de 1.176 euros en diciembre de 2020 a 1.824 euros en la actualidad, lo que implica un encarecimiento superior al 55%, según Idealista.
El escudo social de EH Bildu
El acuerdo con el Gobierno de EH Bildu incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos —luz, agua y gas— y la extensión del bono social eléctrico. La formación enmarco estas medidas en un trabajo de negociación “discreto y constante” junto a la presión de colectivos sociales. En este sentido, su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, defendió que el escudo social responde a “tres pilares fundamentales” reclamados por las mayorías sociales.
Una vez que el Gobierno de luz verde a las medidas acordadas con EH Bildu habrá que estar pendiente de la letra pequeña. El PNV, por su parte, reclamó al Ejecutivo que el decreto de prórroga del escudo social tenga en cuenta también a los propietarios de viviendas en alquiler. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió un “doble escudo social” que exima a los arrendadores de asumir situaciones de vulnerabilidad. Bajo su punto de vista, son medidas que corresponden al Estado, por lo que defendió una prórroga “sin populismos y ajustada a las circunstancias”. Y advirtió que retraen la oferta de alquiler y dificultan el acceso de las familias más vulnerables.
Abono transporte
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobará también el real decreto ley que prorrogará los descuentos al transporte público. El texto incluirá también la creación de un abono único de 60 euros mensuales, que será de 30 euros para los menores de 26 años. Este nuevo abono entrará en vigor el 19 de enero y permitirá viajar en los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido. No sustituirá a los títulos actuales, que seguirán en vigor. Entre ellos, el abono mensual de 20 euros de Cercanías y los distintos bonos autonómicos y de Media Distancia.
El Ejecutivo prevé además prorrogar los descuentos vigentes en el transporte urbano e interurbano. Los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes mantendrán una rebaja de al menos el 40%, financiada a partes iguales por el Estado y las comunidades autónomas o ayuntamientos. La prórroga tendrá una duración inicial de seis meses, hasta junio, con la posibilidad de ampliarla en la segunda mitad del año. El Gobierno aspira a extender el abono único a metros, tranvías y autobuses urbanos, aunque reconoce dificultades técnicas y políticas, ya que estas redes dependen de las administraciones autonómicas y locales.