La política que practica este gobierno se parece cada vez más a un colmado, a una de esas pequeñas tiendas que había antes en los pueblos donde encontrabas de todo: desde bacalao, hasta mortadela con aceitunas o alpargatas.
Y es que, con este panorama de debilidad parlamentaria, el Consejo de Ministros se ha convertido en un mercadillo donde se vende a cada hipotético socio, lo que más lucimiento le pueda dar. Y para muestra un botón, desde el pasado mes de abril dormía el sueño de los justos en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a los inmigrantes ilegales que había en España.
El Ejecutivo, que es quien controla los tiempos y el ritmo de aprobación de los proyectos en esa cámara, no había mostrado hasta ahora interés alguno en dar luz verde a esa ILP, pero hete aquí que la semana pasada vio conveniente contentar a Podemos y aprobar a toda prisa un decreto para llevarlo a cabo de manera inmediata (sin tiempo, me atrevería a decir, para reforzar los servicios de Extranjería de la Policía Nacional que tendrán que tramitar las aproximadamente 850.000 solicitudes que habrá que resolver en pocos meses).
El modo elegido para hacerlo se asemeja mucho al de las órdenes ejecutivas que firma Donald Trump para decidir cualquier tipo de cosa saltándose a la Cámara de Representantes y al Senado, porque, ¿tanto costaba hacer un debate reposado en la sede de la soberanía nacional sobre una medida de tan enorme alcance?
El martes, Pedro Sánchez anunció que su Gobierno iba a prohibir el acceso de los menores a las redes sociales, una idea que ya estaba incluida (con alguna variación) en el Proyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales que también estaba atascado en el Congreso desde junio de 2024 por desacuerdos, al parecer, entre los departamentos de la ministra Sira Rego y del ministro Félix Bolaños, es decir, del propio Ejecutivo. El patrón, pues, se repite: Sánchez hace un anuncio, se demora su aprobación en el congreso, y luego lo vuelve a anunciar como si hubiera tenido otra idea brillante.
En el colmado de Sánchez, la subida de las pensiones se incluyó en el mismo decreto que las ayudas a la jubilación de los bomberos, las ayudas a la Dana, y la prohibición de desahucios a las familias vulnerables. Como el decreto-ley fue tumbado por el Congreso, y las elecciones de Aragón están a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo accedió a dividir su idea en dos: por un lado, las pensiones, y por otro, el resto, pero, para intentar contentar a todos sus socios se planteó una idea que consideraron brillante: si alguien tiene un piso alquilado, podrá desahuciar a los inquilinos que no paguen si son vulnerables, algo que no se podrá hacer si alguien tiene dos pisos en lugar de uno.
De esta manera, pensaron, se contentaba por igual a Sumar y al PNV y, de paso se intentaban camelar a Junts, pero los de Puigdemont ya han anunciado su voto negativo a ese absurdo jurídico. En realidad, todo da igual: una propuesta, si fracasa, se solapa con otra, los ciudadanos y los medios estamos entretenidos y los meses van pasando para conseguir llegar a ese 2027 en el que Sánchez tratará de volver a obtener algo de oxígeno, empresa que parece harto difícil.
Recuerdo que cuando Mariano Rajoy estaba todavía en la oposición visitó un mercadillo en Hospitalet. Uno de los puestos estaba lleno de ropa interior de todos los colores y tamaños y, cuando lo vio acercarse, el dueño comentó: “¡Ayyyy, si llego a saber que viene Rajoy me traigo las corbatas!”. Así está Sánchez.