Mi hija mayor tiene 14 años. No tuvo móvil propio hasta el año pasado. No lo lleva con ella al instituto, porque, aunque se supone que “está prohibido”, los móviles están presentes, para sorpresa de nadie. Su móvil no es el último modelo de nada, es más, según ella “hace pésimas fotos” y “se apaga solo, mamá”. Tiene control parental, conectado a Family link y límite de tiempo de uso, protestas mediante. En las normas, que establecimos con ella, después de semanas de “enmiendas” por su parte, también se aprobó, entre otras muchas medidas, que no podía usarlo en su habitación si estudiaba y que el dispositivo quedaba fuera de su alcance antes de dormir. Conseguimos consenso y luce este acuerdo en la puerta del frigorífico, por aquello de que no quede olvidado en un cajón, como tantas leyes actuales en curso en este país.
Con esta confesión no busco el aplauso, no, pero sí me justifico antes de seguir porque la realidad es que cada vez que cuestiono las propuestas de prohibición en el uso de la tecnología de nuestros adolescentes, cae sobre mí la losa de “qué Malamadre”. Y es que nos olvidamos de que prohibir en muchos casos muestra que hemos fallado.
Sí, ya debería estar más que cómoda con la Malamadre que habito, lo sé, pero hay cosas que aún duelen, cuando se trata de juicios sin fundamento. Os cuento. Durante el tiempo que formé parte del Comité de expertas y expertos de tecnología, iniciativa impulsada por el Ministerio de Infancia, dije siempre que “entre prohibir y barra libre de wifi hay muchos grises”. Por eso, hoy, que se anuncia, a bombo y platillo, la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años no quiero entonar el «donde dije digo, digo Diego». En esto no.
Estoy a favor de lo anunciado, que espero se apruebe pronto en el Consejo de ministros y se aplique de manera urgente, que recordemos que lo que ahora aplaudimos es solo un anuncio del presidente del Gobierno. Cuento con que será rápido porque esta medida ya se incluía en la ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, proyecto de ley que está actualmente en tramitación.
Lo que quiero es hacernos reflexionar. ¿Tiene sentido prohibir el acceso total? ¿Es la única solución? ¿Por qué hemos permitido que las redes sociales se hayan convertido en un espacio inseguro para nuestros adolescentes? ¿Será seguro a partir de los 16 entonces? ¿Será capaz el Gobierno de obligar a las plataformas a parar de una vez tanto odio, manipulación y contenido violento en las distintas plataformas? ¿Se sancionará a los que están generando odio y acosando a diario en redes sociales sin impunidad?
Y lo que más me preocupa con esta prohibición, ¿nos olvidaremos de la educación digital para familias, escuelas y nuestros adolescentes? ¿Somos conscientes de que el problema no está solo en las redes sociales? ¿Se hará lo mismo con el porno? ¿Entienden WhatsApp como una red social donde los jóvenes reciben acoso y contenido violento?
Son muchas las dudas que surgen. Como dice mi compañero de comité Alejandro Villena, psicólogo y experto en Salud Mental Digital “es necesario plantear una regulación de una industria tecnológica que no se responsabiliza del desarrollo de la infancia. Sin embargo, la mera prohibición y regulación si no va de la mano de la educación es como andar a la pata coja. Necesitamos perseguir a las industrias y proteger a los menores, pero además necesitamos ayudar a desarrollar el pensamiento crítico”.
“Las evidencias sobre el impacto de las redes sociales dejan claro que cuestionarse el acceso de los menores a estas aplicaciones es algo positivo y deseable como sociedad”, termina contándome justo después de enterarnos de la noticia.
Y yo añadiría a estas palabras tan certeras de Alejandro, la importancia del acompañamiento y la formación de las familias en esta tarea tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero, claro, para ello, las familias necesitamos tiempo y sin conciliación difícil lo tenemos, pero de esto ya hablamos en otro momento.