Tras el carpetazo al decreto ómnibus el martes de la semana pasada con el voto negativo de los habituales PP, Junts y Vox, el Ejecutivo se ha apresurado a negociar de manera individual cada una de las cuestiones que contenía el real decreto-ley. Entre algunas de las medidas, además de la subida de las pensiones -que no encuentra a ningún partido político en contra, dado el peso de los votantes jubilados-, se tiene a considerar el escudo social.
Este último contiene una serie de acciones, entre otras, enfocadas a proteger a los inquilinos más vulnerables que no puedan afrontar el pago de su renta. El epígrafe, muy cuestionado por los de Feijóo al considerar que agravaría a los propietarios, modificó sus términos ayer después de alcanzar un acuerdo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así, ambas formaciones pactaron ampliar el amparo de las medidas a los caseros con solo una vivienda en alquiler. Y, por tanto, excluirlos de las medidas ‘antidesahucios’.
En consecuencia, y según los datos del estudio más reciente sobre el perfil de los propietarios de viviendas en el mercado de la renta -elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro- el 93,4% de los caseros individuales españoles se verá beneficiado por la medida.
57% de viviendas en manos de fondos y multipropietarios
En el país, tal y como recoge el informe, ese es el porcentaje aproximado de tenedores con una única casa en alquiler. Si se eleva el número de inmuebles a dos unidades, la cifra se reduce a tan solo un 5,3%. Y con tres o más casas se limita a un 1,3%. Sin embargo, el documento solo considera a propietarios individuales y no detalla la distribución de las viviendas en alquiler entre ellos.
Así, aunque el 93,4% de los caseros tenga una sola vivienda, esto no significa necesariamente que ese mismo porcentaje del parque de alquiler esté gestionado por este tipo de propietarios. En este sentido, el Banco de España estima que algo más del 8% del mercado estaba en manos de empresas en 2024. Y fuera del alquiler, los datos más recientes recabados por el antropólogo e investigador Jaime Palomera señalan que el 57% de las viviendas en España están en manos de fondos y multipropietarios con más de tres casas.
Es ahí donde el escudo social en el ámbito de la vivienda irrumpe para dar cobertura a las familias vulnerables frente a los fondos y empresas de inversión que ven en los pisos un activo al ofrecer rentabilidades anuales superiores al 10%.
La prórroga del escudo social
La protección se activó con la llegada del Covid-19 y se mantuvo tras la inflación desatada en los años posteriores. Ahora la nueva prórroga acordada en materia de vivienda blindará cobertura extraordinaria a personas vulnerables sin alternativa habitacional ante eventuales desahucios.
Aunque, el escrito redactado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana matiza que los inquilinos podrán permanecer en su casa arrendada cuando esta pertenezca a “fondos buitre, grandes tenedores o propietarios de tres o más viviendas”. Y añade que “corresponderá a los servicios sociales competentes proceder con el realojo de la persona vulnerable cuando está resida en una vivienda de una persona con un máximo de dos propiedades –una como vivienda habitual y otra en alquiler-“.
Varones de 60 años
Pero, ¿cómo es el perfil de los caseros en España? Según la encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos registrados por Alquiler Seguro, más del 82% de los arrendadores tiene 50 años o más. Concretamente, una vez superada la edad de jubilación, la ratio es del 44,4%. Además, Fotocasa Research señaló recientemente a través de una investigación que el 56% de los titulares de las casas puestas en el mercado son hombres.
En cuanto al uso derivado del beneficio de la renta, el Observatorio del Alquiler anota que un 34% de los caseros -la mayoría- destina los ingresos a complementar sus pensiones. Lo que explica la insistencia del PNV en proteger a los propietarios de solo una vivienda. Aunque, otros con fines más especulativos -el 27%- emplea este dinero para pagar la hipoteca con la que adquirió la vivienda o utiliza el alquiler como una inversión para obtener rentabilidad, un 32%. Con el nuevo escudo social se espera además que los pequeños propietarios saquen sus viviendas al mercado, ya que la preocupación por recibir impagos de la renta -justificada como la mayor entre los encuestados con un 33%- se reduce al ampararlos ahora la ley.
La vulnerabilidad tiene rostro de mujer
Mientras, en la otra cara de la moneda, el rostro de los demandantes de vivienda de alquiler es cada vez menos joven femenino. Así, en la actualidad, Fotocasa Research explica que quienes buscaron arrendar un inmueble durante el primer semestre de 2025 fueron mayoritariamente mujeres. Y representaban el 53% del total, un punto más que en 2024.
Por otro lado, el promedio de edad de los demandantes de alquiler también subió en el pasado ejercicio. Y se alzó hasta los 38 años, uno más que hace doce meses. Por ello, el nuevo paquete de medidas antidesahucios protegerá en mayor grado a las mujeres. Ellas, al mismo tiempo, sufren tasas de riesgo de pobreza o exclusión social del 26,8%. O lo que es lo mismo, una de cada mujer se encuentra en peligro de caer en situación de vulnerabilidad económica.