¿Casualidad? Coincidiendo con la publicación del avance del Barómetro del CIS de enero de 2026, el Ministerio de Consumo anunció ayer una nueva batalla con el alquiler como protagonista. La primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año confirma que la vivienda sigue escalando posiciones como preocupación de los ciudadanos. Es el primer problema nacional, con un 42,6% de menciones. Y preocupa más a los hombres (43,4%) que a las mujeres (41,8%). A su vez, es el segundo problema personal para tres de cada diez ciudadanos, por detrás de las cuestiones económicas.
Con este contexto, y tras una semana, en la que han quedado patentes las tensiones internas en el Gobierno por el anuncio de Pedro Sánchez de bonificar al 100% en el IRPF a los caseros que congelen el alquiler, Pablo Bustinduy trasladó ayer la guerra del alquiler a los portales inmobiliarios. El departamento investiga los anuncios de viviendas publicados en estas plataformas. El objetivo es vigilar si cumplen los precios regulados en zonas tensionadas, conforme a las nuevas obligaciones de la Ley de Servicios de la Clientela. En caso de infracción -la no retirada de los anuncios ‘incumplidores’-, Consumo amenaza con multas millonarias.
Vamos a aprobar un real decreto-ley con tres medidas urgentes y contundentes para facilitar el acceso al alquiler:
◾️Bonificando a aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subirle el precio a sus inquilinos.
◾️Limitando los contratos de temporada para poner fin a su… pic.twitter.com/CLBotR2GuF— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 12, 2026
Para algunos, este anuncio es más un intento de mantener el pulso político en una batalla prioritaria para Sumar que una medida de impacto real en el mercado. De momento, el grueso de la oferta del alquiler se mueve en el mercado libre. Los ayuntamientos que han aprobado la declaración de zonas tensionadas siguen siendo una minoría sobre el total nacional.
El aviso de Consumo
Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley, el pasado 27 de diciembre, el Ministerio de Consumo envió una carta informativa a los principales portales inmobiliarios y asociaciones de inmobiliarias. En esta comunicación, ya les advertía de que su incumplimiento podría ser considerado una “práctica desleal por engañosa”. Esta norma reforma el artículo 20.1.c) de la Ley de los Consumidores y constituye la base legal de la investigación de Bustinduy.
Dicho artículo señala que: “el precio final ofertado deberá respetar la normativa reguladora de precios que resulte de aplicación“. Según aclaran fuentes del Ministerio a Artículo14, en el caso del alquiler de viviendas, la publicidad de precios por encima del precio regulado es ilícita en el caso de las zonas tensionadas. La norma prevé además que “en el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio”. Para Consumo, esto implica que debe incluirse el precio del alquiler previo.
“Ninguna empresa por encima de la ley”
“Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude, y si podemos probar prácticas engañosas, el Ministerio actuará con toda contundencia. Es lo que hicimos con las aerolíneas low cost, las grandes operadoras de juego online. Los expedientes están en curso por presuntas practicas abusivas de grandes inmobiliarias en el país y grandes plataformas de pisos turísticos”, advirtió Bustinduy.
La intención de Consumo es que los portales eliminen los anuncios por iniciativa propia. Y en el caso de que no se produzca, actuarían. Si no se produjera la retirada, podrían “eventualmente” llevar a cabo sanciones. Estas alcanzarían entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, como pasó con la sanción de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia.
Reacción del sector
Tras el anuncio de Consumo, dos de las mayores plataformas -Idealista y Pisos.com- advirtieron de que la responsabilidad sobre el contenido de los anuncios corresponde al anunciante. A su favor, cuentan con la jurisprudencia española. “A diferencia de otros portales en los que se interviene en la transacción [en alusión a Airbnb], somos un mero escaparate, un canal de difusión. Nosotros ni fijamos precios, ni decidimos las condiciones contractuales“, recuerda a Artículo14 el director de Estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font.
En esta misma línea, Idealista aclaró que el reparto de responsabilidades viene determinado por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA). Recordó que “no es la primera vez” que se cuestiona la responsabilidad de los portales inmobiliarios sobre el contenido de los anuncios publicados por terceros y, en doce sentencias firmes, los tribunales han declarado la nulidad de las sanciones impuestas, confirmando la “correcta aplicación” del marco europeo de responsabilidad de las plataformas.
Al calor de estas reacciones, Consumo insistió en que, desde el momento en que son notificadas las advertencias de anuncios incumplidores, las plataformas “pasan a ser responsables” del contenido ilícito.
Vencimiento de contratos
“Vamos a ver hasta dónde llega este tipo de anuncio”, reconocía a este medio un agente del sector que prefiere mantener el anonimato. En este sentido, recuerda que Consumo ha abanderado el gran problema para los 600.000 hogares, en los que viven más de 1,3 millones de personas, que afrontan el vencimiento de sus contratos. Estos hogares pueden ver incrementada su renta hasta en 5.000 euros al año. “No se ataja el problema de fondo, que es cómo hacer crecer el parque de alquiler. Más allá de los nuevos desarrollo, aún hay propietarios que no sacan sus viviendas al mercado por la falta de confianza en el marco regulatorio”.
La otra realidad, más allá de la batalla que ahora emprende Consumo, es que el impacto de esta medida es limitado, ya que los ayuntamientos de comunidades como Madrid, Andalucía, Valencia o Baleares, que tienen algunos de los precios más altos, no han optado por la declaración de zonas tensionadas, el instrumento que permite vigilar el alza del precio.