El precio del alquiler vuelve a situarse en el centro del debate político y social en España. El Gobierno ha decidido dar un paso más en su estrategia de control del mercado de la vivienda y ha abierto una investigación para detectar y perseguir anuncios de pisos en alquiler que incumplan la normativa vigente en las zonas declaradas tensionadas. El foco no está solo en las cifras, sino en la falta de transparencia con la que, según el Ejecutivo, se están publicando muchos de estos anuncios.
La investigación ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que considera que determinadas prácticas relacionadas con el precio del alquiler podrían constituir infracciones graves de la normativa de consumo. En especial, aquellas ofertas que superan los límites legales fijados para grandes tenedores o que omiten datos clave sobre el historial del inmueble cuando el arrendador es un particular.
Anuncios bajo sospecha en zonas tensionadas
El objetivo principal de la investigación es eliminar anuncios de pisos en alquiler que no respetan las reglas específicas aplicables en las zonas tensionadas. En estos territorios, el precio del alquiler está sujeto a controles más estrictos, diseñados para evitar subidas desproporcionadas y proteger a los inquilinos.
Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy se advierte de que ofrecer viviendas por encima de los precios legalmente establecidos o sin la información obligatoria puede considerarse una “práctica desleal por engañosa”. Esto abre la puerta a sanciones económicas para los responsables, incluidos los intermediarios que publican los anuncios.
Uno de los cambios clave que sustenta esta investigación es la ampliación de las obligaciones de información en los anuncios online. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga ahora a que los portales inmobiliarios muestren de forma clara y accesible los datos que justifican el precio del alquiler ofertado.
En el caso de los particulares, debe figurar el importe del último contrato de arrendamiento de la vivienda. Para los grandes tenedores, el anuncio debe reflejar el índice de referencia que se ha utilizado para fijar el precio. Hasta ahora, esta información solo era obligatoria antes de firmar el contrato. Con la nueva normativa, debe aparecer desde el primer momento en el anuncio.
Aviso directo a portales inmobiliarios
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ya trasladó estas obligaciones por carta a los portales inmobiliarios y a las asociaciones del sector. En ese comunicado se les recordaba su responsabilidad como intermediarios entre propietarios e inquilinos. Especialmente, en lo relativo al precio del alquiler y a la veracidad de la información publicada.
Consumo considera que los portales no son meros escaparates, sino actores clave en la cadena de comercialización de la vivienda. Por ello, pueden ser corresponsables si difunden anuncios que incumplen la ley o inducen a error a los consumidores.
La apertura de esta investigación no es un hecho aislado. Forma parte de un sistema de vigilancia continua del mercado de la vivienda que mantiene el Ministerio, centrado en detectar distorsiones en el precio del alquiler y en las condiciones de acceso a una vivienda digna.
Durante este seguimiento, se han identificado anuncios que podrían estar vulnerando las nuevas reglas de transparencia en zonas tensionadas. Esa detección ha sido el detonante para activar un procedimiento que, en función de sus conclusiones, podría derivar en sanciones y en la retirada de anuncios irregulares.