El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de algo más de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler turístico Airbnb. La sanción se debe, entre otras razones, a la difusión de anuncios de alojamientos que carecían de la licencia obligatoria, según comunicó este lunes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La resolución ya es definitiva en el ámbito administrativo, después de que se haya desestimado el recurso de alzada presentado ante el propio ministro de Consumo. Además de la multa económica, la decisión incluye dos medidas adicionales: la obligación de corregir las irregularidades detectadas mediante la retirada de los anuncios ilegales y la publicación de la sanción interpuesta.
Las infracciones, detectadas en un total de 65.122 anuncios de Airbnb, se consideran vulneraciones de la normativa de consumo y responden a prácticas comerciales desleales. Entre ellas, el Ministerio señala la publicación de ofertas de alojamientos turísticos sin número de licencia, incumpliendo así las exigencias de la mayoría de las normativas autonómicas, que obligan a incluir el registro correspondiente en la publicidad.
Seis veces el beneficio ilícito
También se han identificado anuncios con números de licencia falsos o erróneos. Así como otros que no informaban de forma veraz sobre la condición jurídica de los anfitriones. Por estos hechos, se ha impuesto una sanción por infracción grave de 64.055.311 euros. Una cantidad que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en que se mantuvieron estas prácticas. Desde el apercibimiento inicial hasta la retirada de los anuncios.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había avalado previamente las órdenes de retirada dictadas por el Ministerio en varios autos.
75.000 euros en otras infracciones
Consumo también ha detectado un incumplimiento relacionado con los contratos celebrados a distancia, al no facilitarse información sobre los anfitriones de los alojamientos turísticos publicitados. Esta conducta se considera una infracción leve y ha sido sancionada con 10.000 euros.
Del mismo modo, la cartera de Bustinduy ha apreciado una falta de colaboración durante la tramitación del expediente, al no atender la plataforma los requerimientos de información realizados por Consumo. Este comportamiento ha constituido otra infracción leve, castigada igualmente con una multa de 10.000 euros.
Por último, el departamento ha señalado el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor, cuyo objetivo era evitar posibles perjuicios a los consumidores mientras se resolvía el procedimiento. Esta actuación ha sido calificada como infracción grave y sancionada con 55.000 euros.
“Ninguna empresa por encima de la ley”
En materia de vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene abiertos diversos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por presuntas prácticas abusivas en la gestión de los alquileres que afectarían a los inquilinos.
Todas estas actuaciones responden a la estrategia marcada por el ministro Pablo Bustinduy para contribuir a frenar la crisis de la vivienda en España. Uno de los problemas más relevantes del país. En este sentido, Bustinduy ha afirmado que “miles de familias viven al límite por el acceso a la vivienda, mientras unos pocos se benefician de modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. Y ha recalcado que “ninguna empresa, por grande o influyente que sea, está por encima de la ley”.