La regularización generalizada de inmigrantes irregulares que ha anunciado el Gobierno y que va a cambiar el estatus legal de más de 500.000 personas es una iniciativa política de gran calado y como tal viene acompañada de un gran debate público y político. No se pueden olvidar los desafíos e incluso tensiones que implica la inmigración pero estaremos todos de acuerdo con que reconoce una realidad que España lleva años administrando de forma incoherente sin ir al centro de la cuestión. Cientos de miles de personas viven y trabajan en la irregularidad administrativa mientras todos sabemos que son imprescindibles para sectores clave de la economía. Sin la mano de obra extranjera no funcionaría la agricultura, la hostelería, la construcción y muchos servicios de atención a personas mayores. Esos trabajadores llevan años viviendo de la economía sumergida y mantenerlos es defender una política migratoria que no sirve. Durante años decenas de miles de personas han entrado en España aparentemente como turistas y luego han acabado trabajando y residiendo sin papeles por unas leyes de extranjería que no funcionan. ¿Nadie se ha topado con la situación de querer contratar a alguien y que esa persona te termine confesando que lo siente pero que no tiene papeles?
Aunque la valoración que hago de la regularización es positiva voy a empezar por todos los “peros” que también los tengo. La normativa ha tardado casi dos años en ver la luz desde que el Congreso la aprobó con el voto de todos los partidos políticos menos de Vox . ¿Por qué lo hace ahora el Gobierno? Lo lleva a cabo ahora porque tiene que rearmar a su bloque de legislatura y en este caso atraer a Podemos a su precaria mayoría parlamentaría. Se ha aprobado por decreto, para mi el mayor “pero” y esto significa que no se ha celebrado el necesario debate en el Congreso que requiere y que necesita una iniciativa de este tipo. Uno de los requisitos que se establecen es la obligatoriedad de llevar 5 meses en España y otro el de no tener antecedentes penales. ¿Alguien cree que cinco meses es tiempo suficiente para comprobar con los países de origen que alguien que acaba de llegar tiene su historial limpio? Tampoco es esperanzador el escenario que se plantea para todos aquellos que tengan su historial limpio porque solo tienen tres meses para procesar su solicitud.
Pero a pesar de todo esto yo si que creo que si la economía necesita inmigración y este debate parece que está resuelto, deben existir vías legales y agiles de entrada. Estarán conmigo en que no es razonable sostener la situación actual en la que el Estado tolera la irregularidad que está a simple vista mientras proclama a los cuatros vientos que existe control y que las leyes de inmigración funcionan. De esta forma se fomenta la precariedad y la competencia desleal en lo económico y hay más dificultad para la integración de los migrantes en el plano social. Cada vez estoy más convencida de que la inmigración no puede abordarse como un problema. Es un hecho inevitable que España es una sociedad envejecida y se ve en sus calles. Una población con migración aporta crecimiento, rejuvenece la población activa y amplía la base fiscal. Negar estos beneficios es tan poco productivo como ignorar que en determinados contextos esta regularización puede generar miedo y tensiones.
Por eso no se entiende muy bien que el Partido Popular obviando o desconociendo la ley insista en que el objetivo de la regularización pasa por manipular el censo electoral para los próximos comicios con más de medio millón de nuevos votantes que en teoría estarían cautivos para la izquierda. Y digo en teoría porque ¿por qué todos deberían de votar al PSOE? Pero volviendo a lo de manipulación del censo solo una mínima parte de los votantes que obtengan la regularización ahora podrán votar dentro de dos años y solo podrán hacerlo aquellos que procedan de países que tengan convenios de colaboración con nuestro país. El resto necesita tener nacionalidad española y acreditar que llevan residiendo de forma legal 5 años en España. Esto degrada el debate público porque aunque el dato mate al relato cuando una mentira sobre inmigración se traslada una y otra vez a la población, resulta muy difícil desactivarla, por más que todos los datos la desmientan. Lo hemos visto en este país en temas como los servicios públicos, las ayudas sociales, o la delincuencia y esto es muy peligroso porque atemoriza a una parte de la población. El Partido Popular ha hecho regularizaciones de inmigrantes en el pasado y estaba a favor de la Iniciativa Legislativa Popular relacionada con este tema que se presentó en el Congreso de los Diputados. El PP llegará algún día al poder y como partido de Estado le va a tocar lidiar con esta misma situación en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Por eso sería edificante y útil para el debate público convencer y contraponer con argumentos políticos basados en la realidad.
Una cosa es alimentar bulos y otra reconocer que estas tensiones existen y que por tanto hay que reconocerlas sin negarlas y sin alarmar. Se producen en localidades concretas, entre servicios públicos que están ya muy saturados y entre grupos con pocas posibilidades económicas, que compiten por ayudas sociales y viviendas financiadas en parte por el estado. Por eso la regularización que se propone ahora debería ser punto y aparte para un debate y una política migratoria coherente que mire al futuro. Si nuestro PIB necesita migrantes las entradas al país y la residencia deben ser legales y ágiles. Las normas tienen que cumplirse de forma efectiva y si no funcionan deben reformarse. Lo contrario es fomentar un desorden que perjudica a ambas partes: a los inmigrantes y al conjunto de la sociedad.