La diputada socialista Susana Ros ha enarbolado la lucha por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI como una prioridad dentro de su carrera política. Concejal del ayuntamiento de Benicasim desde 2007 a 2011, es diputada en el Congreso de los Diputados desde mayo de 2019. Ros ha saltado a la palestra informativa por iniciativas como eliminar “de los diputados” después de la Cámara Baja para designarla por considerarlo discriminatorio hacia la mujer, o asistir a la manifestación del 8-M en la época del Covid.
Sin embargo, un caso lastra su lucha por los derechos de las mujeres. Según ha podido saber Artículo14, Ros ha sido una de las expertas que ha dirigido la investigación anti acoso contra las víctimas de Salazar. Una investigación que ha estado paralizada durante cinco meses desde que Eldiario.es destapara los casos de acoso del ex asesor de Sánchez, Pedro Salazar, a sus trabajadoras durante su etapa en Presidencia. La histórica Paca Sauquillo, y un técnico, han sido los otros nombrados para estar al frente de las investigaciones.
El protocolo anti acoso del PSOE establece, en su punto 7, que las denuncias registradas dentro del partido serán analizadas por tres personas. Una perteneciente a la Comisión Federal de Ética y Garantías, y dos expertas. Desde que las mujeres denunciantes de Salazar registraran la primera denuncia en julio del pasado año a través de los canales internos, cinco meses pasaron sin que se avanzara en las investigaciones. Incluso, llegaron a desaparecer las acusaciones del sistema -a las que pueden acceder las víctimas- durante un día, según publicó Eldiario.es, y que desde Ferraz se achacó a un error tecnológico.
Investigación dirigida por afines a Sánchez
Desde Ferraz aseguran que la composición del Órgano contra el Acoso de sus protocolos no se hizo pública en su momento, ya que podría interferir en las investigaciones con la presión externa. Lo que sí ha sido de acceso público es el nombre del presidente de la Comisión Federal Ética y Garantías, y no es un dato superfluo el que quien ha sido el máximo responsable de la paralización de las investigaciones sea del círculo de Salazar, como avanzó este medio.
El técnico designado pertenece a la Comisión de Ética y Garantías del partido, que preside Rafael Román. Román, figura, además, entre los primeros “hombres” de Sánchez. Le ayudó a darse a conocer en Andalucía años antes de que en 2016 diera el salto a la secretaría general socialista. Y formó parte del clan andaluz que lo catapultó al liderazgo del partido desde el “kilómetro cero” de Dos Hermanas del que salió el conocido como “Clan Peugeot”. Clan al que perteneció, precisamente, el acusado por acoso sexual durante su etapa en Presidencia, Francisco Salazar. De tal manera que el máximo responsable de la investigación ha formado parte de su círculo de confianza durante años.
Paca Sauquillo, una histórica socialista
Paca Sauquillo, histórica socialista, y actual presidenta del PSOE madrileño, también ha estado al frente de las diligencias abiertas contra Salazar. A sus 82 años de edad, Sauquillo ha sido de las primeras mujeres españolas en formar parte de momentos históricos, como la firma del tratado de adhesión de España -y Portugal- a la Unión Europea, siendo ella diputada de la Asamblea de Madrid. Nueve años después, era una de las mujeres españolas que ocupaban su escaño en el parlamento de Estrasburgo. Sauquillo, además, sobrevivió a la Matanza de Atocha, y su primer libro versó sobre la reclamaciones a la ley del divorcio.
Las víctimas, desatendidas por la ralentización del proceso
La ralentización en el proceso de investigación ha supuesto que las denunciantes no hayan contado con la protección que se les garantiza en los protocolos internos del PSOE tras presentar sus denuncias. Si las víctimas denunciaron al ex asesor de Sánchez a principios del pasado mes de julio a través de Eldiario.es, en diciembre lo hicieron a través del mismo medio que sus acusaciones habían desaparecido de los canales, por lo que no podían acceder al sistema y notificar el estado de sus denuncias. El partido achacó el asunto a un problema tecnológico.
Por añadidura, el protocolo recoge lo siguiente: “El Órgano contra el Acoso o la persona en que este delegue acompañará, asesorará e informará a la víctima sobre las distintas actuaciones posibles. Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas”. Lo que significa que, durante este tiempo, las denunciantes no contaron con la protección que les garantiza el sistema.
En el protocolo del Gobierno, además, se recoge que una vez probada la culpabilidad del señalado, se articularán “medidas para la recuperación de las víctimas, garantías de no repetición y acciones para restablecer la dignidad y reputación de las damnificadas”. Este medio se puso en contacto recientemente con el PSOE para averiguar si el partido había hecho seguimiento a las víctimas por acoso de Salazar, sin obtener respuesta.
El PSOE dio por concluido el caso Salazar en diciembre
Las continuas publicaciones acerca de la ralentización del proceso forzó la comparecencia de la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien dio por concluida la investigación el 12 de Diciembre, con la conclusión de que el comportamiento de Salazar había constituido una “falta muy grave”. Este jueves, el mismo Salazar tendrá que dar explicaciones sobre lo sucedido, ya que el PP le ha citado a declarar en el Senado dentro del “caso Koldo”.
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