El espacio en el que residen los ciudadanos no es solo una cuestión de comodidad, sino también de dignidad. En los últimos años, y como consecuencia de la crisis habitacional que atraviesa España -marcada por el vertiginoso encarecimiento del precio del alquiler y de la compra de vivienda-, muchas familias se han visto obligadas a renunciar a espacio y privacidad con tal de garantizarse un techo. En este sentido, el hacinamiento se ha convertido en uno de los indicadores que mejor refleja la emergencia residencial que atraviesa el país.
Desde el último cambio de Gobierno, España registra la mayor subida del hacinamiento de toda la Unión Europea. Y pasa, según datos de Eurostat, del 4,7% en 2018 al 9,1% en 2024, lo que supone un incremento del 93,62%, casi el doble en apenas seis años. Un aumento que contrasta con la tendencia del bloque comunitario, donde la tasa media ha descendido ligeramente, del 17,1% al 16,9%, y representa una caída de algo más del 1% en el mismo periodo.
Según la definición del portal estadístico de la Comisión Europea, un hogar se considera hacinado cuando no dispone del número mínimo de habitaciones necesarias. Lo que incluye al menos una habitación por cada pareja que viva en él, una para cada persona soltera de 18 años o más y otra por cada par de personas solteras del mismo sexo entre 12 y 17 años. Además, reconoce una habitación para cada persona sin pareja de entre 12 y 17 años que no esté incluida en la categoría anterior. Y una habitación por cada par de niños menores de 12 años.
Contexto europeo
Así, mientras la mayoría de países de la Unión Europea ha logrado contener o incluso reducir este fenómeno en los últimos años, España encabeza la subida con una diferencia notable. Solo Irlanda presenta una evolución comparable, con un alza del 85,18%. Aunque parte de una tasa significativamente más baja y se sitúa actualmente en el 5% de población en viviendas hacinadas. Más allá de estos dos casos, ningún otro país se acerca a incrementos de esta magnitud, lo que refuerza el carácter excepcional de la situación española.
Si se atiende a los niveles actuales de hacinamiento, España tampoco se sitúa entre los países con las tasas más bajas. Estados como Chipre (2,4%), Malta (4,4%) o Países Bajos (4,6%) presentan porcentajes sensiblemente inferiores. En la otra cara de la moneda, y pese a la gran corrección que experimentan, el hacinamiento en muchos de los países del este y del sur de Europa sigue afectando a más de una cuarta parte de la población. Es el caso de algunos como Rumania (40.7%), Letonia (39.3%) y Bulgaria (33.8%).
Un incremento del 150%
El análisis de Eurostat permite además observar cómo el hacinamiento afecta a distintos niveles económicos y por sexo. En 2024, entre los hogares españoles con ingresos por debajo del 60% de la mediana -familias de menores recursos-, el 17,7% de los hombres y el 14,7% de las mujeres vivían en pisos sobrepoblados.
Sin embargo, resulta llamativo el caso de las unidades familiares con ingresos por encima del 60% de la mediana. Es decir, aquellos con recursos medios. Allí, ambos sexos registran un 7,4% de hacinamiento. Y en el caso de ellas, este porcentaje ha experimentado un aumento notable, al pasar del 2,9% en 2018 al 7,4% en 2024, es decir, un incremento de más del 150%.
El auge del alquiler compartido
La búsqueda de viviendas más asequibles está transformando, al mismo tiempo, el mercado del alquiler en España. Ante la escalada de precios que deja fuera a gran parte de la población, los pisos compartidos han vivido un crecimiento sin precedentes en 2025. Según el portal pisos.com, la disponibilidad de habitaciones en alquiler aumentó de media un 50% este año respecto a 2024, con picos históricos en los pasados meses de julio y agosto, cuando la subida interanual alcanzó el 126% y el 195%, respectivamente.
“Estamos viendo un cambio estructural en el modelo del alquiler español“, explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Así, los propietarios se han dado cuenta de la demanda habitacional y muchos de ellos que antes ofrecían sus viviendas completas ahora las alquilan por estancias. Ya que de esta manera logran un rendimiento mayor que si se arrendara el piso de forma conjunta.
A su vez, la problemática ya ha permeado en todos los grupos de edad. Mientras que antes este tipo de alquiler se asociaba principalmente a estudiantes universitarios y jóvenes en sus primeros años laborales, ahora también adultos de entre 35 y 50 años con empleos estables, familias monoparentales e incluso jubilados recurren al alquiler compartido como solución permanente.
“Al menos cinco años”
La mejora de la situación no parece que vaya a llegar en el corto plazo. La presidenta de Casa 47 -la nueva Entidad Pública Empresarial de Vivienda y Suelo-, Leire Iglesias, anticipó recientemente que se necesitarán “al menos cinco años” para que las iniciativas de viviendas asequibles tengan un impacto significativo en los precios del mercado.
Por el momento, ya están movilizados más de 100.000 de los 183.000 pisos de alquiler económico anunciados por el Gobierno. A la espera de que su inclusión dignifique la vida de los españoles que viven en peores condiciones.