La plataforma de apartamentos turísticos Airbnb ha permitido desde su nacimiento acercar el turismo a bolsillos más modestos. Prescindiendo de servicios de limpieza o de restauración propios de los hoteles, ha ofrecido experiencias más económicas. En la otra cara de la moneda, muchos propietarios de viviendas han visto en el portal un negocio mucho más rentable que el alquiler a largo plazo.
Esta rentabilidad superior ha incentivado que numerosos pisos salgan del mercado de arrendamiento tradicional y se destinen al turismo, incluso en muchos casos sin contar con la licencia correspondiente. Así, este hecho ha derivado en una de las sanciones más importantes en Europa.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció ayer la imposición a Airbnb de una multa histórica de más de 64 millones de euros. La sanción deriva de la publicación de más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos sin el permiso pertinente. Lo que constituye, según el Ministerio, prácticas “comerciales desleales y publicidad engañosa”. Por su parte, la entidad anunció que recurrirá la reprimenda al considerarla “contraria al marco legal español y europeo“.
La multa representa un hito sin precedentes no solo en España, sino en toda la Unión Europea (UE). Es la primera vez que un Estado miembro impone una sanción económica por anunciar viviendas turísticas sin licencias a un portal digital de alquileres de alojamiento. Una de sus competidoras, Booking, ya había sido sancionada por España, República Checa o Hungría, pero por abuso de posición dominante en el mercado, no por la causa que le ha sido atribuida a Airbnb.
Casos municipales
No obstante, no es la única administración de la UE que ha tomado medidas contra la plataforma. Las autoridades locales ya habían impuesto sanciones a nivel municipal. La primera en hacerlo fue la ciudad condal. Barcelona, en un acto pionero, multó a Airbnb en 2015 con 60.000 euros por anunciar viviendas en su portal web que no contaban con licencia. Y aunque desde entonces no se han formalizado más sanciones, se han abierto nuevos expedientes y se estudia posibles multas adicionales por el mismo motivo.
Por su parte, el Consell de Mallorca, en 2023, multó a la plataforma con 125.000 euros por la misma causa en Palma. La región es una de las más tensionadas en el ámbito del alquiler tradicional de toda España. Ante la proliferación de estos alojamientos, en el presente ejercicio el Consell Insular realizó más de 1.600 inspecciones contra alquiler turístico ilegal. Y abrió cientos de expedientes, con sanciones propuestas que superan los 10 millones de euros. Como consecuencia, la plataforma retiró más de 4.400 anuncios ilegales tras estas actuaciones.
Más allá de la frontera, en París, la actuación también ha sido muy relevante. En diciembre de 2021, un tribunal de la ciudad impuso a Airbnb una multa de aproximadamente 8 millones de euros por incumplir la normativa local. La legislación parisina obliga a que cada alojamiento de corta duración tenga un número de registro visible en la publicidad, con el objetivo de asegurar la legalidad del arrendamiento y permitir a las autoridades controlar la oferta turística. La sanción se fundamentó en que Airbnb no verificaba de manera efectiva que los anuncios publicados cumplieran con estos requisitos. Lo que permitía que numerosos propietarios ofertaran sus inmuebles sin licencia oficial.
576 millones por defraudar el IVA
Pero las sanciones no se limitan al motivo de la publicación de alojamientos sin permiso. El caso italiano ofrece una perspectiva diferente. A finales de 2023, la policía financiera de Italia –Guardia di Finanza– incautó más de 779 millones de euros de los activos de Airbnb como medida cautelar dentro de una investigación por presunta evasión fiscal. Las autoridades acusaban a la plataforma de no haber recaudado ni ingresado correctamente el impuesto sobre el valor añadido (21 %) aplicado a los alquileres de corta duración entre los años 2017 y 2021.
Finalmente, Airbnb acordó con la Agencia Tributaria italiana pagar aproximadamente 576 millones de euros para resolver la disputa. Aunque se trata de una sanción de naturaleza fiscal y no de consumo o publicidad, la resolución afectó directamente a la empresa y fue de carácter estatal, convirtiéndose en una de las primeras actuaciones de Europa contra la plataforma.
El propietario en el punto de mira
Pero la intermediadora no es la única vigilada. En la mayoría de los países de la UE, la regulación no se ha dirigido directamente contra la plataforma, sino contra los propietarios o anfitriones que alquilan sin cumplir la normativa local. Así, países como Alemania, Portugal, Países Bajos o Grecia han optado por sancionar a quienes ofertan viviendas sin licencia o incumplen el límite de número de noches permitidas para alquileres turísticos. En este sentido, las autoridades griegas, entre otras, han establecido multas de hasta 20.000 euros para alojamientos turísticos que no cumplen con la regulación. Sin embargo, la plataforma digital ha salido indemne en la mayoría de los casos.
El resultado de estas praxis es un fenómeno que impacta directamente en la disponibilidad de vivienda para residentes. Mientras los viajeros encuentran alojamiento más flexible y accesible, los locales se enfrentan a una oferta más reducida y a la presión de un mercado donde la vivienda se convierte en un producto turístico más que en un derecho habitacional.