Los inquilinos se enfrentan a día de hoy a un mercado del alquiler cada vez más hostil desde posiciones de debilidad. Por un lado, la expansión de los pisos turísticos ha impulsado la compra de bloques enteros por parte de fondos de inversión, que buscan maximizar beneficios convirtiendo viviendas en alquiler temporal para extranjeros. Lo que obliga a familias que llevaban años residiendo en ellos a abandonar sus hogares. Por otro, la extinción de los contratos de alquiler firmados coincide con un contexto de precios disparados. La escasa construcción de nueva vivienda, la creciente demanda y la reconversión de pisos en apartahoteles deja a los inquilinos atrapados entre la especulación y la falta de alternativas.
Sin “Plan B”
A Cristina Gómez, vecina de Tribulete 7 -Lavapiés- desde 2020, su contrato de alquiler no es que haya expirado tras cinco años en vigor, es que la compra del edificio en el que reside por parte de un “fondo buitre”, como lo llama ella, ha dejado en el aire todos los acuerdos de renta del inmueble. Con una cuota de 600 euros al mes por un piso de 40 metros cuadrados (m²) -una anomalía en un mercado donde viviendas similares se disparan hasta los 1.000-, sabía que no había un “plan B” posible. “No sé a dónde podría ir”, explica. El fondo tenía un objetivo claro: vaciar el bloque entero para “hacer pisos turísticos”, reconoce.
De los 50 residentes que habitaban en la construcción previo a la adquisición por parte de la socimi Elix Rental Housing, ahora solo permanecen 17. Gómez, denuncia que Elix nunca ha tenido intención de renovar los contratos del alquiler: “Nos hemos sentado en varias ocasiones con ellos, para llegar a un acuerdo. Pero no entraba en sus planes tenernos allí“. La mujer, de 42 años, asegura que los vecinos propusieron una subida de en torno al 3% para garantizar su continuidad en las casas, pero “nunca ha sido considerada”. Por el contrario, los inquilinos que aún resisten, y que siguen abonando las mensualidades al nuevo ‘casero’ porque se les facilitó un nuevo número de cuenta, aseguran haber recibido únicamente “coacciones”.
Obras como medio de presión
Desde hace un año conviven con obras en el condominio, que ni siquiera tienen una fecha estipulada de fin. “Los obreros llegan a las siete y media de la mañana, comienzan a picar a las ocho y trabajan hasta última hora de la tarde, con actividad incluso algunos sábados”, objeta Gómez. El edificio, que permanece abierto en canal, ha sufrido “caídas de techos, desprendimientos e incluso inundaciones“. Lo que ha acelerado “el fin que buscaban: que decenas de familias se fueran“.
Los vecinos se intentaron organizar de manera conjunta, pero Elix, afirma Gómez, insistió en reunirse con cada inquilino por separado. “Saben que juntos somos más fuertes“, reivindica. Sin embargo, muchos no han resistido. “Hay quienes se han ido después de hablar con los dirigentes del fondo individualmente. Los que aún quedamos creemos que les han ofrecido algo a cambio. Pero no lo sabemos a ciencia cierta porque cuando se van les obligan a firmar un contrato de confidencialidad“.
El caso de los vecinos de Tribulete 7 guarda problemáticas con sociedades que buscan maximizar sus beneficios a través de la inversión en vivienda. No obstante, también hay familias que enfrentan dificultades con propietarios particulares para renovar sus acuerdos residenciales.
Subidas del 70%
Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos de alquiler firmados a partir de mayo de 2023 solo pueden actualizarse cada año conforme al índice IRAV, mientras que los anteriores deben revisarse según el IPC. Estas limitaciones se aplican durante los primeros cinco años si el arrendador es una persona física y hasta siete años si se trata de una persona jurídica. Una vez pasado ese periodo será el propietario de la vivienda quien fije un nuevo precio. El alza del importe podrá ser aceptada por el inquilino o rechazada. Esta segunda opción implicaría su abandono del hogar y la reincorporación de la casa en el mercado hasta encontrar un nuevo arrendatario que acepte las condiciones.
En esta situación se encuentra Lourdes, nombre ficticio para preservar su anonimato, ya que todavía negocia las condiciones de una posible renovación del acuerdo de renta con el que hasta ahora era su casero. Esta mujer, de 66 años, reside junto a su marido y su hija en un barrio próximo al centro de Alicante desde enero de 2021. Por aquel entonces, la familia, que se sustenta con el sueldo del hombre y de la joven, encontró una casa de alrededor de 90m² en una urbanización por 700 euros. Ahora, cinco años después, el precio en el mercado del alquiler de esa vivienda ronda los 1.200 euros. Lo que supondría una subida de 500 euros desde la firma del acuerdo. Es decir, un 70% más.
El alquiler como lujo
Las historias de Lourdes y Cristina reflejan la realidad de miles de inquilinos en España. Para muchas familias, permanecer en el que hasta ahora era su hogar se está convirtiendo en un lujo inalcanzable. Mientras, buscar vivienda más asequible supone trasladarse a zonas alejadas o renunciar a ciertas prestaciones. El equilibrio entre derechos de los vecinos, beneficios de empresas e ingresos de propietarios sigue siendo un terreno de conflicto. Es ahí, donde los más vulnerables quedan en clara desventaja frente a las dinámicas del mercado.