La primera toma de contacto entre el ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios ha terminado sin acuerdo y se mantiene la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las organizaciones sindicales la consideraban “una reunión preliminar”, en la que se abordaría el conflicto -surgido a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida– “a grandes rasgos”.
Según publica La Sexta, el encuentro ha discurrido en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo. Ambas partes, en cualquier caso, se han vuelto a emplazar a continuar con las conversaciones y se han vuelto a citar mañana a una reunión en la que, como ha ocurrido hoy, participará también el ministro.
Fuentes del sindicato de maquinistas Semaf señalaban antes de la reunión que las posiciones son “distantes”, ya que piden “un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España”.
La parte social exige un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.
Según los sindicatos, “los accidentes han generado una profunda preocupación en la plantilla y vuelven a poner de manifiesto la existencia de problemas estructurales en el sector ferroviario que vienen denunciando desde hace tiempo”.
Entre otras cosas, denuncian la falta de personal en todos los ámbitos del Grupo Renfe, lo que provoca sobrecargas de trabajo continuadas y limita la capacidad de respuesta ante incidencias de especial complejidad. También la externalización de actividades propias del ferrocarril hacia empresas privadas, que según los sindicatos deberían realizarse con personal propio del Grupo Renfe, con formación adecuada y una planificación coherente con el volumen de actividad existente.
Por otro lado, rechazan los problemas de coordinación en situaciones de emergencia, agravados por la insuficiencia de recursos humanos y la fragmentación de tareas esenciales, en Adif y Renfe.
Por último, lamentan “los ataques a la profesionalidad y a los derechos de las personas trabajadoras tanto en Renfe como en Iryo“, tras la filtración de audios internos, entre ellos los procedentes del Centro de Gestión de Operaciones. “Estos hechos suponen un atentado contra la plantilla, deterioran el clima laboral y comprometen la confianza necesaria para una gestión responsable y eficaz del sistema ferroviario”, advierten.