España eleva la presión sobre las plataformas digitales. Sánchez anunció este martes en la Cumbre de Gobiernos de Dubái que su Gobierno prohibirá el acceso a menores de 16 años a redes sociales. Sin embargo, esta medida ya estaba contemplada en un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que además exigirá sistemas de verificación no solo a las redes sociales: también a los fabricantes de dispositivos.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de protección a menores en entornos digitales, que inició su trámite parlamentario con carácter urgente el año pasado. La norma, que preocupa a expertos en privacidad y ciberseguridad, ya incluía elevar la edad de acceso a redes sociales de los 14 a los 16 años, mediante una reforma de la ley de Protección de Datos. Ahora se sabe que el Gobierno presentará un nuevo artículo al borrador de esta norma para blindar todavía más ese veto.
Gran parte de las medidas anunciadas por Sánchez este martes ya se conocían. Además, le dan corpus a las críticas a las grandes tecnológicas que La Moncloa ha venido lanzando durante todo 2025. Sin embargo, igual que las propuestas detallan la estrategia, también abren muchas incógnitas. ¿Se puede garantizar que menores de 16 años no accedan a las redes? ¿Cómo se va a perseguir penalmente a los consejeros delegados de las plataformas? ¿Es posible regular, en palabras del propio Sánchez, “el salvaje Oeste digital”? Ya hay algunas respuestas, pero llegan cargadas de matices.
Cómo se bloqueará a los adolescentes
España, que durante meses se ha reivindicado como pionera en la protección de menores en entornos digitales, sigue ahora la estela de países como Australia o Francia. La primera ya ha aprobado una ley federal en esta línea. París, por su parte, espera hacer lo propio de cara a septiembre, lo que afectará a los adolescentes que quieran tener cuenta en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o incluso WhatsApp.
El proyecto de Ley Orgánica de protección a menores en entornos digitales tendrá novedades, aunque por el momento ya se conocen las más de 200 enmiendas del resto de grupos. Muchas de ellas aluden al método con el que el Gobierno quiere garantizar que los menores de 16 años no accedan a las redes. Se trata del sistema de verificación de la edad que se exigirá a fabricantes de dispositivos (móviles, sistemas operativos) y a prestadores (las propias redes).
En Australia se ha dejado en manos de las plataformas comprobar que un usuario no es menor. En Francia se está debatiendo, y todo parece indicar que se atendrá a lo que dicta ya el Reglamento Europeo de Servicios Digitales. Preguntar a un usuario si es menor o no ya no es suficiente, y la herramienta de verificación deberá ser escrupulosa con la privacidad de los internautas. Unas palabras gruesas para un asunto tan delicado como es la privacidad en internet.
A la espera de la cartera digital
En Europa ya hay un mercado de startups que ofrecen soluciones técnicas para garantizar la mayoría de edad de los usuarios. España desarrolló una aplicación, Cartera Digital Beta, que iba a lanzar después del verano de 2024. Un año y medio después, la herramienta no es pública porque el Ministerio de Transformación Digital quiere ir de la mano de la Unión Europea. A nivel comunitario, el reglamento eIDAS2 obliga a las plataformas a hacer uso de las nuevas carteras de identidad digital como tarde en octubre de 2027.
Mientras los debates en Bruselas se desatascan, fuentes del propio Ministerio de Transformación Digital reivindican que España es el país europeo “que más avanzada tiene su herramienta de verificación de edad”. “Está perfectamente alineada con los estándares europeos y será uno de los casos de uso de la Cartera Digital que todos los ciudadanos europeos deberemos tener a finales de este año”.
Habrá margen para que España y la Unión Europea consensuen y lancen al mercado sus carteras. La ley para proteger a menores en entornos digitales no entrará en vigor de golpe. Si las Cortes dan luz verde, el artículo que impone obligaciones a fabricantes entrará en vigor al cabo de un año desde su publicación en el BOE. Además, será necesario un real decreto que detalle qué información deberán ofrecer los mismos fabricantes, que estarán obligados a compartir qué efectos tiene sobre la salud la exposición a móviles o redes.
Manipular algoritmos
La de los menores no es la única iniciativa comprometida por Sánchez en Dubái. El presidente ha hecho hincapié en que los CEO de estas plataformas “se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran los contenidos ilegales”. También se modificará el Código Penal para convertir en delito “la manipulación de algoritmos”, si bien no detalló a qué se refería con esto. Avanzó, además, la creación de una herramienta, que paradójicamente deberá ser un algoritmo, para cuantificar cómo cada plataforma “amplifica el odio”. “Va a ser la base para definir las futuras sanciones”.
Ninguno de estos planteamientos forma parte de ningún proyecto de ley o decreto que el Gobierno haya presentado en las últimas semanas. Por ello, es de esperar que el Consejo de Ministros aterrice estas propuestas pronto. Históricamente, la concepción que reinaba era que los servicios digitales no eran responsables de los contenidos que alojaban. Esto cambió en la UE con la aparición del Reglamento de Servicios Digitales que el propio Sánchez reivindica. Bruselas, eso sí, tiene un expediente abierto con España precisamente por no haber habilitado a la CNMC como Coordinadora de Servicios Digitales.
El proyecto de ley también incluye otros instrumentos. Por ejemplo, una reforma de la ley audiovisual, que desde 2022 también regula a plataformas como YouTube o TikTok. Si este tipo de servicios no consiguen instaurar un sistema de verificación de edad ajustado a la norma, no podrán operar en España durante un año. También incluye elementos inéditos, como la aparición de una “orden de alejamiento digital” que dejará a usuarios particulares sin acceso a redes incluso de forma cautelar.
Escalada
Los anuncios en Dubái son el cénit de una escalada que el propio Sánchez ha protagonizado este último año. En enero del 2025, en Davos, ya acusó a los propietarios de las tecnológicas de “socavar las instituciones democráticas”. En febrero del mismo año, dijo que el Gobierno exploraba “mecanismos” para que los “tecnobillonarios” rindan cuentas legalmente. Ahora, confirma que el Ejecutivo y Fiscalía trabajarán para perseguir penalmente a los CEO, sin dar más detalles.
Esto ya ha tenido respuesta por parte de algunos magnates. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de X, ha acusado a Sánchez de ser “un traidor a su pueblo”. No es el primer encontronazo entre Musk y Sánchez, después de que el multimillonario compartiera hace unos días su opinión por la regularización de 500.000 inmigrantes en España.
La reacción de Musk llega después de que Sánchez le pusiese en Dubái como ejemplo, recordando el episodio de la IA Grok desnudando a usuarios. Sánchez también mencionó a Meta. Ya en noviembre, el presidente anunció una investigación sobre la propietaria de Instagram por una posible violación de la privacidad de millones de usuarios. Entonces definió a las redes “como un estado fallido digital”. Precedentes hay. La exdirectiva de Meta, Sarah Wynn Williams, denuncia en su libro Los irresponsables que la compañía ofrece anuncios de cosméticos a niñas de entre 13 y 17 años cuando detecta que estas han borrado un selfie, alimentando su inseguridad.