In extremis, en el intento de cumplir con los compromisos acordados por Junts, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la protección de los propietarios frente a eventuales impagos en contratos del alquiler de vivienda a jóvenes y personas vulnerables. Esta medida, una de las exigencias de los de Carles Puigdemont, estaba pendiente de desarrollo desde principios de este año.
Hay que recordar que el pasado 29 de enero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. En su artículo 76, ya se incluía la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago del alquiler de vivienda, con una previsión de desarrollo reglamentario en un plazo máximo de seis meses desde la aplicación de la norma, es decir, el 29 de julio.
Entonces, también se preveía que el Ejecutivo pudiera incorporar a otros colectivos como beneficiarios potenciales de esta línea de avales. Finalmente, a tenor de lo aprobado por el Consejo de Ministros seguirá limitado a menores de 35 años y personas vulnerables, según lo establecido en cada comunidad autónoma. La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.
Pendientes de la financiación
Para la aplicación de la medida, el Ejecutivo tiene aún pendiente aprobar su línea de financiación. Según detalló en un comunicado el Ministerio de Vivienda, las compensaciones a los arrendadores a las que da cobertura el aval incluyen el impago de rentas de alquiler, así como los daños causados a la vivienda o el coste de los suministros adeudados.
Para poder beneficiarse de esta protección, los arrendadores deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Serán las personas arrendadoras de las viviendas o bien las comunidades si estas han suscrito un seguro con las personas arrendadoras. Esta cobertura será gestionada por las comunidades autónomas; de ahí que el Ministerio que lidera Isabel Rodríguez haya previsto la remisión de información con carácter semestral por parte de las regiones.
Colectivos afectados
El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la vivienda de los menores de 35 años o personas vulnerables. Entre los requisitos exigidos para poder contar con esta cobertura los arrendadores deben cobrar una renta de alquiler que no supere el índice estatal de referencia y depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones.
Se prevé también la suscripción con el arrendatario del compromiso relativo al aval del alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración. Junto con estas condiciones, las comunidades autónomas podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, dado que serán ellas las que gestionen estos avales.
“Ineficaz”
Uno de los primeros en reaccionar a esta medida fue Alquiler Seguro, que calificó la iniciativa como “ineficaz y no beneficia a la mayoría de propietarios”. En un comunicado, esta empresa recordó que este aval no incluye a los que alquilan a mayores de 35 años y no se encuentran en situación de vulnerabilidad, al igual que no cubre los contratos de alquiler cuya renta supere el índice estatal de referencia, “la inmensa mayoría”.
Para el consejero delegado de Alquiler Seguro, David Caraballo, el Gobierno ha aprobado una medida que, aunque en un principio debería ser positiva, resulta “inútil” y “queda prácticamente invalidada” debido a las limitaciones de su alcance, informa Europa Press. Según incidió, el problema principal es que solo podrán optar a suscribir este aval los arrendadores que alquilen sus viviendas a un precio que no supere el índice de referencia, cuando la realidad es que en el mercado actual la gran mayoría de contratos se encuentran por encima de estas cantidades.