“Lo vamos a llevar a la CDGAE y si quieren, que nos lo tumben”. Yolanda Díaz, aseguró que forzaría el debate de su propuesta para prorrogar cerca de 600.000 contratos de alquiler de vivienda que vencen en 2026, ante el temor de que los propietarios impongan elevadas subidas de alquiler.
La vicepresidenta segunda y referente de Sumar en el Gobierno, durante los actos por el Día de la Constitución en el Congreso (6 de diciembre), afirmó en conversación informal con periodistas que impondría este debate antes de que acabara el año.
No tienen mayoría en este órgano, pero aspiraban a lograr una respuesta definitiva de los socialistas. Ya no habrá margen para la indefinición, argumentó Díaz en la Cámara Baja. Para después tildar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de ser “neoliberal”
El órgano en cuestión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), suele reunirse los lunes, antes del Consejo de Ministros del martes. No se esperan más convocatorias de ninguno de estos órganos hasta enero, después del parón navideño.
Fuentes de Sumar reconocen que Díaz no llevó esta cuestión, y por tanto no obligó a sus socios a abrir este debate en esta última cita de la CDGAE. Por lo que tampoco logró su voluntad de aprobar este decreto, que presentaron en octubre, antes de que acabe el año.
Las mismas fuentes sostienen que siguen negociando con el PSOE, y niegan haber tirado la toalla con este decreto. Su plan es retomar esta senda en enero, a la vuelta de vacaciones.
Recuerdan que la mayoría de los contratos a los que afectaría este decreto se firmaron “en la primavera de 2020”, esto es, durante la pandemia de Covid-19. Hay contratos previos, rubricados en enero, que asumen que no podrán prorrogar. Pero explican que el grueso de estos alquileres se oficializaron a posteriori, y por eso aún se ven con margen para actuar.
El pulso por la crisis de Gobierno
A la decepción porque sus socios no hayan impulsado esta materia en el último Consejo de Ministros del año se une la tensión por la petición de Díaz de una crisis de Gobierno que permita escenificar, más allá de las medidas concretas que pelean, que el Ejecutivo se rearma para afrontar lo que resta de legislatura.
Fuentes de Sumar en el Ejecutivo insisten en que esperan cambios en el ala socialista de la coalición a la vuelta de vacaciones, a partir de enero. Hasta el momento, Moncloa ha dado portazo a esta petición de Díaz, y le ha recordado que la composición del Consejo de Ministros corresponde, en exclusiva, a Pedro Sánchez.
De hecho, el presidente del Gobierno evidenció el lunes, con el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, y de Elma Saiz como portavoz, que su intención es efectuar relevos quirúrgicos, puntuales. En este caso se vio obligado a afrontar cambios con la marcha de Pilar Alegría para disputar las elecciones aragonesas del 8 de febrero.
Sumar seguirá presionando, sin haber alcanzado ningún compromiso de sus socios, como demostraron tras la reunión casi clandestina que mantuvieron los partidos de la alianza de Díaz y el PSOE, el 19 de diciembre. Hasta la fecha, en el ala socialista han obviado o ninguneado los intentos de la vicepresidenta por marcarles el paso.
Movimiento Sumar, invisible en el nuevo ciclo electoral
A los frentes abiertos en el seno del Gobierno se une la debilidad política de la formación de Díaz, Movimiento Sumar. Antes de las elecciones extremeñas del 21-D, la candidata de la izquierda a la izquierda del PSOE, Irene de Miguel, consideró en una entrevista que la vicepresidenta segunda había sido “un poco fraude para la izquierda alternativa”.
De Miguel (Unidas por Extremadura, integrada por Podemos e IU) logró mejorar sus resultados, pasando de cuatro a siete escaños en la Asamblea, mientras los socialistas se hundían en las urnas. Ninguno de los ministros de Sumar participó en la campaña, pero sí los líderes de algunos de los partidos que integran esta alianza.
El partido de Díaz apenas tiene estructura orgánica en la inmensa mayoría de territorios. Y saben que esto les debilita ante citas electorales como la de Aragón (8 de febrero), para la que corren el riesgo de verse invisibilizados, borrados de toda ecuación. Izquierda Unida y Podemos, este último enfrentado a la vicepresidenta, sí la tienen. Y maniobran para forjar alianzas que pueden orillarla todavía más.
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