Yolanda Díaz busca desmarcarse del PSOE en la recta final del año político, en plena campaña para los comicios extremeños, y cuando todos los partidos empiezan a encarar el ciclo electoral que tendrá lugar en 2026. La vicepresidenta segunda y referente de Sumar prevé forzar a sus socios a debatir, en el seno del Ejecutivo, sobre la prórroga de los 300.000 contratos de alquiler que vencen en 2025.
Teme que, de no alargarlos por defecto, en plena escalada de la vivienda, los propietarios fijen precios desorbitados que agraven aún más la situación actual, que ya es la primera preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En octubre, Díaz y los ministros de Sumar propusieron a sus socios un real decreto ley para blindar estos contratos, y se quejan de que todavía no han tenido respuesta.
La propia vicepresidenta anunció el sábado que su paciencia tiene un límite, y planea llevar este decreto próximamente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE, estadio anterior a la mesa del Consejo de Ministros). Ya no habrá margen para la indefinición, argumentó, antes de tildar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de ser “neoliberal”.
Como con Cuerpo, Díaz está dispuesta ahora a visibilizar sus fuertes discrepancias con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Le acusa de cerrarse en banda a una reforma tributaria que permita incrementar la carga fiscal a las grandes empresas y fortunas, para así financiar nuevas partidas sociales.
Sumar escenificará sus peticiones para los Presupuestos
La previsión es que esta misma semana Díaz y el resto de ministros de Sumar escenifiquen estas discrepancias con los socialistas y traten de marcar perfil propio con la presentación de sus peticiones para los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La idea es celebrar un acto público en el que recuperarán recetas como la prestación universal por crianza, que Montero enfrió hace pocas semanas, con sus reivindicaciones sobre vivienda siembre presentes.
La inacción del Ministerio de Isabel Rodríguez desespera a Sumar. Y Díaz dice estar dispuesta a elevar la presión con la vivienda. En las próximas semanas, además, la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) anunciará sus propuestas para 2026, construidas sobre dos escenarios: que quienes lo perciben tributen por IRPF, o que vuelvan a quedar exentos.
En Sumar ven margen para el entendimiento presupuestario, pero asumen que tendrán que trabajar a la interna y desde los medios para torcer el brazo de sus socios.
Díaz pasa de puntillas por el caso Salazar; los socios lo obvian
Al PSOE y al ala socialista del Gobierno les costó pronunciarse sobre el caso Salazar. Pedro Sánchez no dijo una palabra hasta el sábado, en los actos por el día de la Constitución. La vicepresidenta eludió este escándalo hasta el viernes, un día antes.
A pregunta de los periodistas, se limitó a afirmar que “el machismo es machismo, venga de donde venga”; a expresar su “solidaridad” con las víctimas, y a reclamar que se actuase “con contundencia”. Díaz no pronunció el nombre de Paco Salazar; no mencionó la palabra acoso; no aludió a las siglas del PSOE. En su lugar, prefirió hablar del “patriarcado” que está “azuzando a las mujeres diariamente”.
En esta respuesta, sí mencionó las siglas del PP, al que pidió repensar sus “posiciones de negacionismo” sobre la violencia machista. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió ser “contundentes” y escuchar a las víctimas, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reclamó “hacer todo lo que sea necesario para que se asuman todas las responsabilidades”.
La incomodidad ante este escándalo se hacía evidente en las respuestas del socio minoritario del Gobierno. En el PSOE recordaban que ellos tuvieron que morderse la lengua cuando estalló el caso Íñigo Errejón, entonces portavoz parlamentario del socio minoritario del Ejecutivo.
El hecho de que durante la semana no hubiera pleno en el Congreso de los Diputados también hizo más fácil que el silencio de los aliados parlamentarios de Sánchez se hiciera menos evidente. En la próxima semana, sin embargo, tendrán más difícil esquivarlo, si el escándalo sigue mediáticamente vivo.
Podemos acusa al PSOE de intentar dar carpetazo a las denuncias
El más crítico de los aliados parlamentarios fue Podemos, muy distanciado de Sánchez y Díaz ya desde el arranque de la legislatura. El martes, su secretaria general, Ione Belarra, afirmó que el PSOE “no se toma en serio el feminismo y la lucha contra las violencias de género”. En una entrevista en Cuatro, el viernes, la eurodiputada y futura candidata electoral, Irene Montero, consideró “evidente” que los socialistas han tratado de dar carpetazo a las denuncias, y tildó de “muy grave” el escándalo.
Podemos, y en particular la exministra de Igualdad Montero, defienden como seña de identidad la reivindicación feminista y la lucha contra la violencia machista. Es una más de las banderas que se disputan con Sumar, con quien también intercaron dardos a cuenta del escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz.
A diferencia de la formación de Díaz, que es frecuentemente criticada incluso en su espacio por esquivar los temas más polémicos, los morados llevan tiempo cargando contra el ala socialista del Gobierno, apuntando también donde más les duele. Como ocurre con los casos de supuesta corrupción que afectan a exdirigentes del PSOE, Díaz ha pasado de puntillas sobre un escándalo que generó todo un incendio en Ferraz y en los territorios.
Si Sumar y los aliados parlamentarios han trazado una línea roja al PSOE en lo que respecta a la corrupción -que no haya indicios de financiación ilegal-, en lo que toca a Salazar no se han escuchado más que unas pocas advertencias. “Esta legislatura es evidente que el feminismo ha desaparecido de la agenda del Gobierno”, acusó Belarra.
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