El Ejecutivo va perfilando el primer paquete de medidas anticrisis frente al conflicto de Oriente Medio mediante un Real Decreto-ley que se aprobará en el Consejo de Ministros del 17 de marzo. Según adelantó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el texto incluirá un apoyo específico para los carburantes profesionales, en particular para transportistas y agricultores. Este anuncio se produce en la antesala de las elecciones de Castilla y León del próximo domingo, una comunidad eminentemente agrícola. Tanto agricultores como transportistas cuentan con un régimen especial de gasóleo profesional.
Lo que sí dio a entender Carlos Cuerpo es que, en esta ocasión, el Gobierno apostará por medidas fiscales frente a la bonificación de 20 céntimos aplicada en 2022. “Somos sensibles a lo que nos han trasladado los sectores y la subvención es una de las que menos nos aconsejan. Hemos recibido bastantes críticas a la bonificación y es un elemento que tendremos en cuenta. Estas medidas, que fueron adecuadas en 2022, podrían no serlo en este momento”, reconoció, aunque no llegó a descartarlas totalmente. Tal y como informó hoy Artículo14, las empresas han presionado al Ejecutivo para que implemente medidas fiscales frente a las bonificaciones.
Pendientes de los precios de los carburantes
En cuanto a la aplicación de las medidas para el resto de los combustibles, más allá del gasóleo profesional, Cuerpo señaló que el Gobierno está monitorizando la situación, mientras se negocia “con la mayor celeridad” con los sectores afectados un texto que cuente con el máximo consenso. En cuanto a los precios energéticos, preocupan tanto los carburantes como el precio de la electricidad. “Analizamos medidas para minimizar el coste de la electricidad y la energía a través de medidas fiscales, como las que ya tuvimos en la guerra de Ucrania, que fueron esencialmente fiscales”, apuntó, aunque rehusó dar más detalle sobre las posibles medidas.
Con este apoyo fiscal a los agricultores y transportistas, el Ejecutivo espera en una primera ronda paliar los efectos de la subida de los precios de la energía a la cesta de la compra. “Resalta la importancia en este caso de ayudar al sector del transporte, por ejemplo, y de la logística o de la distribución, puesto que puede suponer un coste adicional para el resto de productos de nuestra cesta de la compra”, justificó Cuerpo. “Por lo tanto ayudaríamos también a minimizar el impacto en la inflación agregada”.
Resto de medidas fiscales
De esta forma, el resto del paquete podría incluir rebajas fiscales en la electricidad, en los carburantes con carácter general —más allá del gasóleo profesional—, topes al precio del gas o una rebaja del IVA de determinados alimentos, aunque su aplicación dependerá de la evolución del conflicto. A pesar de las insistentes preguntas en la rueda de prensa tras la minicumbre económica celebrada con los agentes sociales, el ministro no ofreció más detalles.
“Tenemos que tener una respuesta perimetrada y muy proporcional a los efectos que observamos, con todo el rigor, toda la responsabilidad y con flexibilidad para adaptarlo según fuera necesario”, afirmó.
El Ejecutivo ha estructurado las medidas en cuatro bloques: apoyo a los profesionales que dependen del gasóleo —la primera en aplicarse—; medidas fiscales para minimizar la factura energética (carburantes y electricidad); medidas estructurales de impulso a las energías renovables; y medidas relacionadas con la protección social, el denominado escudo social.
Impacto en la economía
Una de las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno es decidir cuándo activar el conjunto de medidas energéticas para evitar, en la medida de lo posible, que el conflicto con Irán afecte a la economía. El Ejecutivo prevé aplicarlas de forma escalonada. Carlos Cuerpo reconoció que, si el conflicto se prolonga, habrá una traslación del alza de los carburantes a la inflación y a la actividad de algunos sectores. De momento, el Gobierno mantiene su cuadro macroeconómico: “No hay ninguna estimación clara sobre un posible impacto en la actividad económica y, por lo tanto, en el PIB”. En este sentido, apuntó que por ahora no se ha detectado ningún efecto en los datos de afiliación.
Entretanto, y después de que los sindicatos CCOO y UGT acusaran en rueda de prensa a algunas grandes energéticas de comercializar el diésel por encima de los dos euros, cuando la media nacional se sitúa en torno a 1,8 euros, desde Economía y Transición Ecológica se está vigilando la competencia en el mercado. Una de las preocupaciones es que una eventual bajada de los precios mayoristas se traslade también a los surtidores de las cerca de 12.600 estaciones de servicio. Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está utilizando herramientas de inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los precios.
Presión empresarial
En este contexto, las empresas están trasladando al Gobierno la necesidad de una rebaja fiscal sobre los carburantes, especialmente el IVA. Este impuesto está directamente ligado al precio de venta. Tal y como informó Artículo14, la Agencia Tributaria (AEAT) ingresará en marzo más de 125 millones de euros adicionales por el IVA del diésel y la gasolina.
“No necesitamos bonificaciones, lo que tiene que hacer el Estado es tener la flexibilidad para ajustar los impuestos. No puede ser que el que salga beneficiado siempre de esto sea Hacienda”, afirmó esta semana el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. A su juicio, no se le puede pedir a las empresas que asuman la responsabilidad de contener los precios ante un pico del coste de la energía, cuando “lo lógico es que se reduzca el IVA directamente”. Sobre el momento en el que habría que intervenir, la posición oficial es que aún se están recabando las posiciones de los sectores. En 2022, la gestión de la bonificación de los 20 céntimos de descuento fue complicada, especialmente para el sector de las gasolineras.
Los carburantes siguen al alza: desde el sábado 28 de febrero, el diésel ha subido un 25,4% (1,802 euros) y la gasolina, un 13,4% (1,679 euros). De momento, se sitúan por debajo de los dos euros que alcanzó en 2022 con la Guerra de Ucrania, pero preocupa la rapidez con la que la volatilidad internacional se está trasladando a las gasolineras. Ante esta situación, el Gobierno ha pedido una mayor vigilancia a la CNMC y a partir de ahora la información sobre los carburantes será semanal.