El Gobierno prepara el primer paquete de medidas anticrisis frente al conflicto de Oriente Medio. Se aprobarán en el próximo Consejo de Ministros y, de momento, no ha avanzado cuáles serán las medidas concretas. La pista la dio ayer Yolanda Díaz: se actuará “de manera quirúrgica” y “probablemente de manera escalonada”. En el ámbito empresarial la posición es clara: rebajas fiscales frente a bonificaciones, en alusión al descuento sobre los carburantes que se implementó en 2022.
Por el impacto que el alza de los costes energéticos tiene en el conjunto de la economía -especialmente en la cesta de la compra (la inflación)- y a tenor de las declaraciones de Carlos Cuerpo, las medidas relativas al precio de los carburantes y la electricidad podrían incluirse en la lista. “Vamos a intentar que esa traslación del precio de la energía a la cesta de la compra sea la menor posible“, afirmó.
La preocupación por el alza de los costes energéticos -petróleo y gas natural licuado (GNL)- es global. Una prueba tangible es la decisión de los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. Es la mayor intervención sobre las reservas de su historia. Como reconoció su director ejecutivo, los desafíos a los que se enfrenta el mercado petrolero “son de una escala sin precedentes“. Sin embargo, la decisión no tuvo el efecto esperado en el mercado del crudo: tanto el petróleo Brent como el West Texas Intermediate subieron un 5% tras el anuncio, hasta los 92 dólares y 87,65 dólares por barril, respectivamente.
Garamendi: “No puede ser que el beneficiado sea Hacienda”
En este contexto, las empresas están trasladando al Gobierno la necesidad de una rebaja fiscal sobre los carburantes, especialmente el IVA. Este impuesto está directamente ligado al precio de venta. Tal y como informó Artículo14, la Agencia Tributaria (AEAT) ingresará en marzo más de 125 millones de euros adicionales por el IVA del diésel y la gasolina.
“No necesitamos bonificaciones, lo que tiene que hacer el Estado es tener la flexibilidad para ajustar los impuestos. No puede ser que el que salga beneficiado siempre de esto sea Hacienda”, afirmó esta semana el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. A su juicio, no se le puede pedir a las empresas que asuman la responsabilidad de contener los precios ante un pico del coste de la energía, cuando “lo lógico es que se reduzca el IVA directamente”. Sobre el momento en el que habría que intervenir, la posición oficial es que aún se están recabando las posiciones de los sectores.
En 2022, la gestión de la bonificación de los 20 céntimos de descuento fue complicada, especialmente para el sector de las gasolineras. Ayer, el Gobierno recibió de primera mano la posición de sector petrolero y gasista.
Comenzamos la ronda de reuniones con los sectores de la industria, gasista y petrolero para conocer cómo están viviendo este shock y cuáles son sus preocupaciones.
Hemos recogido sus sugerencias para acompañarles en la respuesta a la crisis por el conflicto de Oriente Medio. pic.twitter.com/a1HOjtOPTC
— Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) March 11, 2026
“Si tuviera que elegir entre el IVA de los alimentos o transporte elegiría este último”
El impacto que una rebaja de la fiscalidad de la energía, carburantes y electricidad, tiene sobre los costes queda bien reflejada en un sector como el del pan, que ya cuenta con un IVA superreducido. Es un sector que opera con un margen muy estrecho y cuya rentabilidad proviene del volumen. “Nuestra mayor dificultad en estos momentos es la incertidumbre que nos impide hacer previsiones. En estos momentos estamos evaluando la situación, pero los costes energéticos tendrán un impacto si el conflicto se prolonga. De momento, no ha habido un traslado al PVP, pero todo dependerá del coste de la energía: todo nuestro producto se mueve por carretera“, explican a Artículo14 fuentes próximas a la patronal de las panaderías ASEMAC.
“Si tuviera que elegir entre la suspensión del IVA de los alimentos o la rebaja en el transporte, pediríamos que fuera este último”, reconocen cuando se les pregunta al respecto. En la misma línea, desde Hostelería de España abogan por reducir los impuestos especiales de la energía “que garanticen la contención de la inflación”, entre otras medidas. Esta patronal rechaza las medidas de intervención o de carácter asistencialista.
La rebaja fiscal, con foco en el IVA de los alimentos, es también la petición de la patronal de los supermercados Asedas, con socios como Mercadona, Dia, Lidl o Ahorramas. Desde el sector eléctrico, empresas como Sidenor e Iberdrola urgieron ayer a eliminar el 7% del impuesto a la generación eléctrica.
La fiscalidad complica el consenso dentro del Gobierno
El hecho de que las rebajas fiscales -especialmente si se decide actuar sobre el precio de los carburantes- sean una de las principales demandas del sector empresarial complica el consenso dentro del Gobierno, por los recelos de Sumar y de la propia titular de Hacienda. El Ejecutivo ha convocado hoy a los agentes sociales para abordar las primeras medidas para paliar el impacto en las empresas y las familias. Será una minicumbre liderada por el equipo económico, bajo la presidencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Participarán también las otras dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, además de Carlos Cuerpo.
Tanto Aagensen como Cuerpo han trasladado posiciones más flexibles sobre la fiscalidad de los combustibles reconociendo que las rebajas fiscales están sobre la mesa. Preguntada por si el Gobierno está dispuesto a bajar el IVA de los combustibles, la ministra de Transición Ecológica indicó ayer que “todas las medidas están encima de la mesa. Absolutamente todas, incluidas las fiscales“.
Una bajada “quirúrgica”: el gasóleo profesional
A su vez, a lo largo de la semana Yolanda Díaz ha suavizado sus declaraciones en relación a la rebaja de impuestos. Ayer reconoció la necesidad de “actuar de manera quirúrgica” en “algunos impuestos” y “algunos productos”. En esta línea una solución intermedia es aplicar una rebaja fiscal sobre el gasóleo profesional. De esta forma, el objetivo de suavizar el impacto en la cesta de la compra podría cumplirse. Pimec, patronal cercana a la ministra de Trabajo, abogó ayer por reducir de forma temporal los impuestos sobre los carburantes profesionales.
Por su parte, los transportistas solicitaron ayer a Óscar Puente en el marco del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), organismo que sirve de interlocución entre las empresas de transporte y el Gobierno, bonificaciones. Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, trasladará mañana la limitación de los precios de la energía, según avanzó ayer en una rueda de prensa en Palma.
Entretanto, los carburantes siguen al alza: desde el sábado 28 de febrero, el diésel ha subido un 24,5% (1,789 euros) y la gasolina, un 12,5% (1,662 euros). De momento, se sitúan por debajo de los dos euros que alcanzó en 2022 con la Guerra de Ucrania, pero preocupa la rapidez con la que la volatilidad internacional se está trasladando a las gasolineras. Ante esta situación, el Gobierno ha pedido una mayor vigilancia a la CNMC y a partir de ahora la información sobre los carburantes será semanal.