El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contactado con familias de víctimas de la DANA en relación con la injerencia de Jorge Martínez Ribera, marido de la jueza, Nuria Ruiz Tobarra. El órgano de gobierno de los jueces está investigando los audios que han aportado víctimas, según ha podido saber Artículo14.
Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha archivado la querella de siete familias de víctimas mortales contra la jueza y su marido por haberles tomado éste declaración, cuyo recurso de súplica no ha admitido finalmente este lunes, la pelota parece quedar definitivamente encima del tejado del CGPJ.
La pelota, en el tejado del CGPJ
Este medio informó el pasado 31 de marzo de que el auto del TSJ que desestimó la querella ya señalaba al CGPJ. No veía trascendencia penal pero sí apuntaba a una “irregularidad procesal” y una “causa de incompatibilidad” que sería una “falta disciplinaria”, precisamente lo que estudia el CGPJ. Y el último auto conocido este lunes así vuelve a hacerlo.
Además, el próximo 14 de mayo se cumple un año de que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, plantearon sendas quejas al órgano de gobierno de los jueces.
“Esa participación, en su caso, podrá llegar a constituir algún tipo de irregularidad procesal, o fundar algún tipo de responsabilidad disciplinaria, pero en ningún caso llegará a constituir el delito imputado”, sostiene el auto del TSJ que se ha conocido este lunes.
“Nos deberemos atener a la relevancia del hecho, de forma que no rebasara la esfera puramente administrativa cuando no ocasione un perjuicio significativo a la causa pública”, insiste el TSJ en respuesta al recurso de súplica.
“Grave perjuicio que desde luego tal como ya se le hizo constar no resulta en el presente caso”, remacha el Tribunal Superior, que sitúa por lo tanto los hechos en la esfera administrativa que compete al CGPJ.
Relevancia penal
El abogado Rubén Gisbert, que representa a la familia de siete víctimas mortales, sostenía en la querella: “Los querellantes no solamente eran parte activa en las diligencias grabadas (sus propias declaraciones) sino que fueron ellos mismos los que realizaron dichas grabaciones con sus propios dispositivos dando a posteriori copia a su letrado de lo que habían registrado al advertir, por manifestárselo directamente, que la instructora no iba a grabar su declaración, por lo que la grabación es plenamente válida como principio de prueba”, insistía.
El letrado ha aportado declaración jurada de que las grabaciones las realizaron sus clientes en la Sala y de que él es el custodio directo.
A Gisbert, en declaraciones a Artículo14, le parece muy relevante por insólito que el TSJ sostenga en un auto que no tiene relevancia penal que el marido de la jueza tome declaración a las víctimas, y traslada que va a recurrir en casación al Tribunal Supremo.
Cerca de un año sin pronunciarse
El órgano de gobierno de los jueces abrió el pasado mayo diligencias informativas contra la juez por presuntas irregularidades en la investigación de la DANA tras recibir dos quejas de los investigados, Pradas y Argüeso. Es el procedimiento habitual cuando se recibe una queja contra un juez. En este momento se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial.
Llama la atención el tiempo que está tardando el CGPJ en pronunciarse. Las quejas están en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces trasladan que aún no ha resuelto nada y que la ley no fija ningún plazo para las diligencias informativas, en las que se debe establecer si hay o no indicios para incoar expediente disciplinario (que sí tiene plazo establecido para su resolución: un año).
La duración de las diligencias informativas varía en función de las actuaciones que se acuerden en las mismas, de si aparecen elementos nuevos, etc., insisten.
Nuevos elementos
Ante el CGPJ hay nuevos elementos. Los propios Pradas y Argüeso han ampliado sus quejas, y la juez ha presentado dos peticiones de amparo. En diciembre, después de que Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV) defendiera a una de sus colegiadas, Pilar Esquinas, expulsada de la causa por Ruiz Tobarra, y al abogado José María Bueno, letrado de Argüeso, a quien la magistrada ha reprochado que ejerza la defensa de éste a la vez que la organización para la que trabaja, Manos Limpias, pretendiese personarse como acusación popular.
Y el pasado febrero, por una publicación en X del diputado del Partido Popular Rafael Hernando en la que le acusa de “prevaricación palmaria” por “desacreditar” un informe de la Guardia Civil “porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez”.
La intervención de Jorge Martínez en la toma de declaraciones era conocida en la causa, pero la publicación de audios el pasado febrero por OkDiario la ha puesto en el foco, junto a la querella que presentó Gisbert, que pedía “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.
El CGPJ da la razón al Colegio de Valencia
El Poder Judicial ha respaldado al Colegio de Valencia (ICAV) en su petición de que la jueza evite lanzar expresiones de descrédito o menosprecio a los abogados personados en la causa.
Los letrados consideraban ofensivas las referencias a “defensa desnortada” y “dislate procesal” y “petición de prueba denigratoria” en un auto que rechazaba sus pretensiones. La magistrada vinculó además a Pilar Esquinas con declaraciones públicas de su clienta, Yolanda Garrido, quien perdió a tres familiares en la tragedia, y citó vídeos publicados por Esquinas en Youtube llegando a calificarlos de “bulo”.
El Colegio señaló que la jueza introdujo “juicios personales” sobre la letrada y consideró especialmente grave la alusión directa en la que afirmó: “Como comprenderá la letrada de la acusación, no es éste el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinatos, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente”.
Para el ICAV, aquí “se imputa a la abogada una intención inexistente, derivada de manifestaciones extraprocesales, y se le atribuye un papel que no le corresponde”.
El Poder Judicial subraya que la instructora conoce que la utilización de este tipo de improperios puede tener consecuencias disciplinarias. El CGPJ sí deniega la petición de que la jueza archive el procedimiento abierto para sancionar al letrado de Emilio Argüeso.
Cruce de querella e imputación
La instrucción de la jueza de Catarroja se ha focalizado en la gestión del Gobierno de Carlos Mazón y de él mismo. La querella de las víctimas se presentó el 24 de febrero y justo entonces la jueza elevó una exposición razonada al TSJ en la que pedía que se imputara a Mazón, para lo que se apoyó en un controvertido “nexo causal” entre su actuación del día de autos y la muerte de 230 personas. El Tribunal Superior rechazó su petición el 16 de marzo, el día en el que también archivó la querella contra la jueza.
El pasado 22 de abril, la jueza incorporó la resolución del TSJ y admitió que Mazón no tenía la responsabilidad de coordinar la emergencia.
La hermana de la jueza fue despedida por Mazón del PP
Este periódico ha revelado que la hermana de la jueza de la DANA fue despedida por Mazón del PP. Pilar Ruiz Tobarra trabajaba en la sede del PP regional desde al menos 2011 y fue cesada por Mazón cuando llegó a la Presidencia en 2021, una circunstancia que podría haber aconsejado que Nuria Ruiz Tobarra se inhibiera.
Artículo14 también ha desvelado que Martínez Ribera acude como público a los interrogatorios que realiza su mujer y en ocasiones se acerca a ella cuando finalizan y le recrimina si cree que no ha sido dura, lo que se sumaría a su participación en algunos de ellos, según se ha denunciado.
El malestar que esta situación genera habría llevado al TSJ a acelerar la vuelta de la juez a los Juzgados de Catarroja. Ruiz Tobarra ha estado trabajando desde la DANA hasta el pasado septiembre en la Ciudad de la Justicia en Valencia, donde se encuentra el Juzgado de su marido, por decisión del CGPJ porque los Juzgados de Catarroja estaban en mal estado tras la catástrofe. Quiso quedarse en la capital pero el Tribunal Superior no lo ha permitido.
La mudanza a los Juzgados de Catarroja, que distan unos 12 kilómetros de Valencia no habría surtido el efecto deseado y Martínez Ribera ha continuado acudiendo a las sesiones que preside su esposa. El marido de la juez monitoriza en directo lo que van publicando los medios de los interrogatorios de su mujer. En la querella se les acusaba de revelación de secretos.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.