La injerencia del marido de la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, que denuncian algunas víctimas y los imputados, ya provocó quejas en otras causas. Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, es una presencia habitual en el Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja que preside su mujer desde antes de la catástrofe, según trasladan fuentes conocedoras.
Los casos que Ruiz Tobarra llevaba hasta asumir el de la DANA no tuvieron repercusión mediática y la presencia y posible participación de su marido no había trascendido públicamente. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dicen que las dos quejas que han recibido contra la juez y su marido por la presencia irregular de éste en interrogatorios son las únicas que les constan sobre este proceder presentadas ante el órgano de gobierno de los jueces, que todavía no las ha resuelto.
Estos hechos vulnerarían el principio del juez, el de juez natural o predeterminado por la ley, que garantiza que toda persona sea juzgada por un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, y el derecho a la tutela judicial efectiva, y supone el acceso de una persona ajena a la causa a información reservada.
Diez meses de las quejas antes el CGPJ
El CGPJ abrió en mayo diligencias informativas contra la juez por presuntas irregularidades en la investigación de la DANA tras recibir dos quejas de los investigados, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso. Es el procedimiento habitual cuando se recibe una queja contra un juez. En este momento se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial.
Llama la atención el tiempo que está tardando el CGPJ en pronunciarse. Las quejas están en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces trasladan que aún no ha resuelto nada y que la ley no fija ningún plazo para las diligencias informativas, en las que se debe establecer si hay o no indicios para incoar expediente disciplinario (que sí tiene plazo establecido para su resolución: un año).
La duración de las diligencias informativas varía en función de las actuaciones que se acuerden en las mismas, de si aparecen elementos nuevos, etc., insisten.
Nuevos elementos
Ante el CGPJ hay nuevos elementos. Los propios Pradas y Argüeso han ampliado sus quejas, y la juez ha presentado dos peticiones de amparo. En diciembre, después de que Colegio de Abogados de Valencia defendiera a una de sus colegiadas, Pilas Esquinas, expulsada de la causa por Ruiz Tobarra, y al abogado José María Bueno, letrado de Argüeso, a quien la magistrada ha reprochado que ejerza la defensa de éste a la vez que la organización para la que trabaja, Manos Limpias, pretendiese personarse como acusación popular.
Y el pasado febrero, por una publicación en X del diputado del Partido Popular Rafael Hernando en la que le acusa de “prevaricación palmaria” por “desacreditar” un informe de la Guardia Civil “porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez”.
La intervención de Jorge Martínez en la toma de declaraciones era conocida en la causa, pero la publicación de audios en las últimas semanas por OkDiario la ha puesto en el foco, junto a la querella que ha presentado el abogado Rubén Gisbert, que representa a la familia de siete víctimas mortales, contra Ruiz Tobarra y su marido. La querella pide “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.
Imputación de Mazón
La instrucción de la jueza de Catarroja se ha focalizado en exclusiva en la gestión del Gobierno de Carlos Mazón y de él mismo. De hecho, ha elevado el pasado 24 de febrero una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la que pide que se le impute, para lo que se apoya en un controvertido “nexo causal” entre la actuación de Mazón el día de autos y la muerte de 230 personas.
Este movimiento por parte de la juez ha sorprendido y se ha ligado a la querella que ha presentado Gisbert contra Ruiz Tobarra y su marido, que pide “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.
La competencia para investigar a Mazón, que no formaba parte del operativo de emergencias del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de president de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.
La jueza pide al TSJ investigarle por “inactividad negligente” durante las riadas y sostiene que “desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”. Una “presunta grosera negligencia con un grave resultado mortal”, sostiene en un auto de 109 páginas, que recalca que “no tiene su fundamento en el análisis desde un punto de vista moral o político de la conducta del aforado”.
La Fiscalía no ve indicios para imputar a Mazón en el caso de la DANA, según ha planteado en un informe hecho público este lunes en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que Ruiz Tobarra elevó.
Martínez Ribera acude como público y recrimina
Artículo14 ha desvelado este jueves que Martínez Ribera acude como público a los interrogatorios que realiza su mujer y en ocasiones se acerca a ella cuando finalizan y le recrimina si cree que no ha sido dura, lo que se sumaría a su participación en algunos de ellos, según se ha denunciado. “Todo el Juzgado, toda la Ciudad de la Justicia sabe de la injerencia del marido de la juez”, destacan las fuentes consultadas.
El malestar que esta situación genera habría llevado al TSJ a acelerar la vuelta de la juez a los Juzgados de Catarroja. Ruiz Tobarra ha estado trabajando desde la DANA hasta el pasado septiembre en la Ciudad de la Justicia en Valencia, donde se encuentra el Juzgado de su marido, por decisión del CGPJ porque los Juzgados de Catarroja estaban en mal estado tras la catástrofe. Quiso quedarse en la capital pero el Tribunal Superior no lo ha permitido.
La mudanza a los Juzgados de Catarroja, que distan unos 12 kilómetros de Valencia y donde residen, no ha surtido el efecto deseado y Martínez Ribera continúa acudiendo a las sesiones que preside su esposa, algunas veces, desde primera hora, y puede permanecer allí la mañana.
El marido de la juez monitoriza en directo lo que van publicando los medios de los interrogatorios de su mujer. En la querella se les acusa de revelación de secretos. Ruiz Tobarra ha sido advertida de que abogados estarían filtrando audios, algunos manipulados, lo que no ha tomado en consideración.
La hermana de la jueza fue despedida del PP por Mazón
Este periódico ha revelado este lunes que la hermana de la juez de la DANA fue despedida por Carlos Mazón del PP. Pilar Ruiz Tobarra trabajaba en la sede del PP regional desde al menos 2011 y fue cesada por Mazón cuando llegó a la Presidencia en 2021, una circunstancia que podría haber aconsejado que Nuria Ruiz Tobarra se inhibiera.
En cambio, la jueza de la DANA maniobró para llevar la causa frente a otros magistrados de guardia y se postuló para asumir la causa desde un auto el 30 de octubre de 2024 a pesar de no destacar por sus trabajos en las primeras horas de la catástrofe.
Por su parte, Martínez Ribera archivó dos veces la causa contra el exAlto Comisionado de la DANA, José María Ángel, por falsificar su título. No sólo rechazó investigarle por falsedad documental sino que un mes más tarde tampoco ha apreciado estafa.
Sin embargo, el juez envió a juicio al hermano de Ximo Puig, Francis Puig, por presuntas irregularidades en subvenciones públicas. El caso más mediático hasta la DANA de Ruiz Tobarra, la denuncia en 2014 de dos concejales de Esquerra Unida contra el Gobierno municipal de Catarroja, del PP, por prevaricación, fue archivado por la jueza.
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