La instrucción que investiga las adjudicaciones de obras públicas presuntamente amañadas por la trama del caso Koldo avanza. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ya tiene sobre la mesa un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de Hacienda, que ha investigado 11 contratos adjudicados por el ministerio de Transportes a empresas vinculadas con la trama. Entre ellas Acciona, Levantina Ingeniería y Obras Públicas y Regadíos.
En esta causa están siendo investigados el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos; su ex asesor, Koldo García; el ex secretario de organización del PSOE,Santos Cerdán; la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y varios empresarios implicados en los supuestos amaños.
El documento remitido al juez por Hacienda ratifica las sospechas desentrañadas en los informes de la UCO. Ve irregularidades en la adjudicación de 11 contratos. El sistema está rigurosamente tasado y lo que certifica la IGAE es que estas obras fueron concedidas por “juicios de valor”.
Además, subraya Hacienda que a lo largo del proceso de adjudicación surgían modificaciones con respecto al precio inicial por dificultades añadidas que se iban encontrado al hacer la obra. La ley fija que el incremento del precio final no puede superar el 20% en ninguna obra porque si no se tiene que lanzar otro concurso. Por eso los incrementos finales de estas obras vinculadas a la trama acababan aproximándose al 20 sin alcanzar dicho porcentaje. Unos incrementos que la IGAE tilda de irregulares: “No cumplieron con la normativa”.
Por ejemplo, sobre una obra del AVE entre Murcia y Almería valorada en 170 millones de euros con un incremento de la adjudicación de algo menos del 20%, la IGAE dice: “No parece que se den las circunstancias que legitiman la posibilidad de modificar el contrato conforme a lo establecido en los pliegos. En efecto, es difícil entender”.
En otra de las obras, a la IGAE le llama la atención cómo se determinó el precio final: “Se deduce que se acordó un precio a tanto alzado y se desconoce cómo se llegó a él”. En concreto, se refiere a una obra en unos túneles entre Monforte y Lugo valorada en 9 millones de euros.
Los técnicos de Hacienda coinciden por tanto con las sospechas de la UCO de la Guardia Civil. En su dossier, apuntó que los empresarios beneficiados otorgaron mordidas millonarias a los intermediarios. Es decir, a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán: “El 2 de febrero de 2022 –una vez Ábalos ya no estaba al frente del Ministerio de Trasportes–, Koldo mantuvo una conversación con Santos Cerdán en la que debatían cuánto quedaba pendiente por abonar a Ábalos, teniendo en cuenta que ya habría percibido 550.000 euros”, reflejaba dicho informe.
La Guardia Civil se basa en conversaciones grabadas a Koldo García. En otro de los pasajes del informe, se cita una conversación entre Cerdán y Koldo: “Durante el transcurso de la conversación, Santos interrumpió en varias ocasiones con el propósito de evitar que determinados extremos fueran expresados en voz alta”. Y Cerdán le acababa regañando: “Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos”.
En suma, la UCO describía una “operativa de carácter recurrente continuada en el tiempo” con amaños de obra pública a cambio de mordidas en la que otorgaba a Cerdán un papel de liderazgo sobre Ábalos y Koldo