Un año después del gran apagón que dejó a España a oscuras no hay ceses ni dimisiones. Nadie asume responsabilidades empresariales o políticas en la antesala de una millonaria pelea judicial por las reclamaciones de la peor crisis eléctrica de la historia de España. Duró 12 horas y afectó a más de 50 millones de personas pero nadie ha puesto su cargo a disposición. Es más esta semana también un día antes del aniversario del peor corte de suministro de la historia del país Red Eléctrica Española (REE), la principal empresa señalada ha aprovechado la fecha para lanzar un documental en el que insiste en exculparse y seguir señalando a otras empresas. Su presidenta, Beatriz Corredor, no solo no se ha planteado nunca dimitir sino que además insiste en que el cero eléctrico no fue un fallo suyo y que se debió a una situación que no era esperable. Lo que no se menciona en los 22 minutos que dura este documental es el expediente sancionador por falta muy grave que ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la compañía, ni por supuesto cuanto ha costado ni quien lo ha realizado.
Lo que ocurrió está claro. Una desconexión en cascada de la generación eléctrica provocada por un desbocado y rápido aumento de la tensión en todo el sistema eléctrico. Es la conclusión de tres informes: uno europeo, otro del comité de análisis de Moncloa y otro con recomendaciones de la CNMC. Según los expertos tecnicamente no son cuestionables a pesar de que todos son de parte. Ninguno de los informes ha señalado culpables ni tampoco ha establecido correlaciones entre hechos y causas con lo cual cada uno lo ha interpretado como quiere. Pero las conclusiones son claras: el sistema tenía herramientas para haber evitado el cero, falló el control de tensión y las maniobras que activo Red Eléctrica para aplicar las oscilaciones de frecuencia aceleraron la escalada de sobretensión. De hecho la conclusión de los expertos europeos que analizaron las causas del apagón, es que no hubo un único culpable del fallo del sistema eléctrico ni una sola causa. Lo que hubo fue una combinación de fallos técnicos que hicieron imposible controlar a tiempo una sobretensión eléctrica que se produjo en un momento dado.
Nunca en los últimos veinte años había pasado nada igual en Europa. Lo sucedido puso de manifiesto las graves vulnerabilidades del sistema. Sin embargo, lo más preocupante, hoy, doce meses después, es que no se haya presentado un balance público completo de las medidas adoptadas para evitar que se vuelva a repetir ni se conozca ningún plan de actuación coordinado para garantizar una correcta incorporación de la generación de las energías renovables al sistema. Lo único que llega a la opinión pública es el desconcierto derivado de las acusaciones cruzadas entre los diferentes actores del sector eléctrico sobre sus responsabilidades en el fallo del sistema que dejó sin luz a toda España.
En los últimos doce meses, afortunadamente, no ha vuelto a pasar nada porque se han adoptado protecciones parciales para evitar que se repita otro apagón general. Ni los ciudadanos, ni las empresas, ni el conjunto del país están tranquilos ante la incertidumbre que presenta la sospecha de vulnerabilidades del sistema de suministro eléctrico. Faltan explicaciones y un plan detallado. No hay que olvidar el daño que hizo a nuestra economía aparte de los trastornos y la inseguridad que produjo entre los ciudadanos. Según datos de CEOE el coste de lo sucedido fue estimado en unos 1600 millones de euros en tan solo un día, por las perdidas de producción y consumo en el conjunto de la economía. Y a eso hay que añadir el coste que han tenido las medidas de emergencia adoptadas desde entonces y que se han traducido en un aumento del 13% de la tarifa eléctrica. ¿Por qué tenemos que pagar los usuarios un apagón del que no tenemos culpa?
El apagón ha marcado un punto de inflexión en el sistema energético español. Después de este suceso, garantizar la seguridad del suministro, algo por cierto que se daba falsamente por descontado, se ha convertido en el primer objetivo por conseguir. Hay que establecer una mayor seguridad en el suministro que corrija las vulnerabilidades detectadas. Queda mucho por hacer y ente otras cosas es urgente un mayor diálogo, coordinación y colaboración entre el Gobierno, las agencias reguladoras y las compañias eléctricas. El espectáculo de enfrentamiento que han dado hasta ahora no es tranquilizador.