El Consejo de Ministros mueve ficha en materia de lucha contra la corrupción más de 8 meses después del estallido del caso Santos Cerdán, que precipitó la salida del número tres socialista de la política y que estuvo a punto de tumbar al Gobierno.
El Ejecutivo ha aprobado este martes, en primera vuelta, el anteproyecto de ley anticorrupción anunciado por Pedro Sánchez el 9 de julio ante el Congreso de los Diputados. Difícilmente llegará a la Cámara Baja antes de junio, y el arranque de su tramitación no se espera hasta después del verano, ya en septiembre.
Son los plazos que ha esbozado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de la coordinación de este plan, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero es también candidata socialista por Andalucía, y ha sido la responsable de presentar el real decreto ley de medidas por valor de 7.000 millones de euros ante las borrascas sufridas en este territorio y en Extremadura, aprobado este martes.
Según la vicepresidenta segunda, el anteproyecto de ley orgánica de “integridad pública”, que hoy empieza su andadura, y que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros en segunda vuelta en escasos meses, modificará 18 textos legislativos. Está pensado para dar “respuesta a todo el ciclo de la corrupción”.
Entre otras cuestiones, endurecerá las medidas de control y las obligaciones de transparencia sobre las donaciones que reciben los partidos políticos y sus fundaciones: se reducirá el umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 a 2.500 euros. Además, impondrá a los partidos políticos la realización de auditorías externas e independientes de sus cuentas.
Y modificará el Código Penal, para ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, que pasará de 5 a 7 años. En esta línea, el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración pasará a ser “público y accesible”. Y las empresas condenadas por prácticas corruptas verán ampliado de los 15 a los 20 años el plazo de inhabilitación para contratar o recibir subvenciones.
A su vez, la norma establecerá la creación de una agencia independiente de integridad pública, que aunará los roles de la oficina de conflicto de intereses, de la autoridad de protección del informante y del servicio nacional de coordinación antifraude.
La puesta en marcha de esta oficina fue reiteradamente reclamada por Sumar tras el caso Cerdán, y el socio minoritario de la coalición la plasmó en una proposición de ley que fue tumbada por el Congreso. En opinión de Montero, sin embargo, esta vez sí cosecharán los apoyos necesarios.
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