Con las cuentas del PSOE bajo la lupa ante la sospecha de presunta financiación ilegal, Pedro Sánchez anunció el pasado 9 de julio un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con 15 medidas. Seis meses después, en la presentación del informe Cumpliendo, el presidente afirmó: “Estamos cumpliendo en tiempo récord. Hemos puesto en marcha ya 13 de esas 15 medidas anunciadas”. Entre ellas, destacó el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, el impulso de la Ley de Lobbies en EL Congreso de los Diputados y la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, medidas “estrella” del Plan Anticorrupción como la creación de una Agencia Independiente de vigilancia o la reforma de la Ley de financiación de los partidos, no avanzan.
En esa alusión a “poner en marcha” -un concepto ciertamente ambiguo en términos legislativos- Pedro Sánchez también habría incluido el Anteproyecto de Ley de Orgánica de Implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Una iniciativa muy ambiciosa e imprescindible que deberá recoger las modificaciones de leyes orgánicas y ordinarias para la ejecución efectiva del citado Plan. Pero, en la práctica, la realidad es que este proyecto lleva casi seis meses en el cajón del Ministerio de Hacienda.
Cero lecciones de quienes sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro.
La corrupción sistémica acabó con la salida del PP del Gobierno de España.
Hoy, se actúa con contundencia mientras que el Partido Popular convive con esa corrupción. pic.twitter.com/1NL5wbSUyp
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 15, 2025
Y, de momento, sin fecha. Según informaron a Artículo14 fuentes gubernamentales “se sigue trabajando” sin un plazo determinado para su presentación, aunque con la voluntad de que sea “lo más pronto posible”. A tenor de la información pública, Hacienda tampoco habría convocado aún ninguna reunión de la Comisión Interministerial contra la Corrupción. Esta se creó el pasado 26 de agosto por real decreto, como un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda.
Sin avance más allá de la consulta pública previa
El 10 de septiembre, el departamento que lidera María Jesús Montero sacó a consulta pública previa el Anteproyecto de Ley Orgánica de Implementación del Plan Anticorrupción. Quince días naturales después, siguiendo una tramitación ordinaria finalizó el plazo para enviar aportaciones. Como se reconoce en su justificación, “en ejecución del citado plan [Anticorrupción] debe impulsarse un anteproyecto de ley orgánica que aborde las reformas legislativas imprescindibles y regule ex novo aquellos aspectos necesarios para dar respuesta a los mencionados ejes estratégicos que afectan a materias competenciales diversas”.
El objetivo es esta nueva ley orgánica es “definir la arquitectura legal y los medios necesarios” para combatir la corrupción pública y privada “en todas sus fases y dimensiones”. Y así, en esta iniciativa legislativa se incluirá la reforma de, al menos, cuatro leyes orgánicas: la Ley del Régimen Electoral General, la Ley sobre financiación de los partidos políticos, la Ley del Poder Judicial o el Código Penal, “entre otras -según se cita textualmente-“.
Reforma de la financiación de los partidos políticos
En realidad, la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos lleva más de un año de retraso. El cambio ya estaba previsto anteriormente para dar cumplimiento al Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2024. Y así se refleja en el Plan Anual Normativo (PAN) de 2025 como una iniciativa del Ministerio del Interior. Su enfoque inicial era reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.
Ahora, se propone además que todos los partidos o fundaciones que perciban subvenciones o fondos públicos por más de 50.000 euros contraten una auditoría externa. Una iniciativa con la que ha chocado el propio Pedro Sánchez, quien el pasado verano anunció una nueva auditoría externa del PSOE. Finalmente, el partido presentó la semana pasada un informe forense firmado por dos catedráticos, lo que muestra las dificultades de que una firma auditora asuma estos proyectos. Lo ratifican el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego -uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018- y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Trabajo avanza por su cuenta con la protección del informante
En paralelo a la modificación de leyes orgánicas, el Anteproyecto de Hacienda prevé también actualizar otras tantas leyes ordinarias, como la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley General de Subvenciones. En este marco jurídico, se incluirá además la creación de la Agencia Independiente Anticorrupción, que impulsa Sumar. Cabe recordar que el Junts tumbó junto con el PP y Vox la admisión a trámite de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción.
Frente a los tiempos de Hacienda, y al margen del anteproyecto que articula el Plan Anticorrupción, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acelera en la tramitación de la protección de los trabajadores que denuncien casos de corrupción. A mediados de octubre, publicó la consulta pública previa para modificar el Estatuto de los Trabajadores. El objetivo es reforzar la protección frente al despido de quienes denuncien irregularidades o corrupción. En la práctica, supondrá blindar a los denunciantes o whistleblowers -en inglés-, ante lo que considera un vacío legal. Un mes y medio después, el Ministerio ya ha sacado a audiencia pública el texto del Anteproyecto, cuyo plazo para aportaciones finalizó el pasado 26 de diciembre.
Siguientes pasos
Con este contexto, los avances más inmediatos del Plan Anticorrupción siguen pendientes de la voluntad política del Ejecutivo. Y, de momento, no da síntomas de que sea una prioridad que requiera acelerar su tramitación. De esta forma, el siguiente paso será la aprobación del Anteproyecto del Plan Anticorrupción en Consejo de Ministros. A partir de entonces, saldrá a audiencia pública, requisito previo antes de la segunda vuelta en el gabinete para su remisión al Congreso de los Diputados. Entonces, comenzará su tramitación como Proyecto de Ley.
Dado que tiene carácter de ley orgánica, su aprobación requerirá una mayoría absoluta en la Cámara. Y ante la complejidad de la ecuación con la capacidad legislativa del Ejecutivo bloqueada tras el portazo de Junts, mejor dilatar los tiempos. Al menos, según el calendario y los pasos pendientes. Lo que en la práctica implica que el Plan Anticorrupción corre el riesgo de quedar en papel mojado.
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